Una denuncia penal por estafa puso la lupa en los loteos irregulares
Al menos tres personas fueron a la Justicia para denunciar que fueron “estafados” por la Inmobiliaria Mariana Bennazar y por un hombre identificado como Federico Curto luego de comprarles terrenos de un loteo en Lucio Mansilla. Cuando fueron a la Muncipalidad a declarar una construcción, se encontraron con que la normativa vigente se los impedía. Aseguran que de haber sabido de la imposibilidad no hubiesen hecho la operación. La martillera dijo que otros sí pudieron subdividir porque “hicieron bien los planos”.
La compra de terrenos con dificultades para su posterior subdivisión y escrituración es un problema que aqueja a muchos sampedrinos que embarcados en el sueño de la vivienda propia decidieron comprar a partir de loteos promocionados por inmobiliarias. Al menos un caso llegó a la Justicia.
No es la primera vez que familias sampedrinas, embarcados en el sueño de la casa propia, compran lotes cuya titularidad es compartida. Por lo general se trata de cooperativas que se crean con ese objetivo y donde se sabe de antemano cómo son las cosas. Única manera para muchos de acceder al terreno donde edificar la vivienda familiar, aceptan esos términos sabiendo que la escrituración a nombre propio demorará y que habrá que hacer gestiones, trámites y peregrinaciones que incluyen hasta roscas políticas o fotos de campaña.
El caso que La Opinión reveló la semana pasada es distinto: aquí, quienes compraron terrenos lo hicieron en una inmobiliaria, a partir de una fuerte campaña publicitaria, en un sector privilegiado para el desarrollo habitacional y la inversión.
Se trata de propietarios de terrenos en el barrio El Durazno, ubicado en el camino Lucio Mansilla, quienes denunciaron penalmente por estafa a los representantes de la inmobiliaria Mariana Bennazar y a una persona identificada como Federico Curto —quien ya se vio envuelto en una polémica relacionada con inmuebles— porque no pueden subdividir para escriturar ni construir en el lote que adquirieron a raíz de la normativa vigente, que se los impide.
Desde la inmobiliaria informaron que están al tanto del reclamo y que hay “otros compradores que pudieron subdividir” pero que una de las denunciantes “confeccionó mal el plano” y que si lo hiciera “como corresponde” podría construir y obtener su escritura, aunque quienes presentaron la denuncia tiene otra versión.
Una denuncia por estafa
Los adquirientes de los lotes denunciaron penalmente la situación. En su denuncia, relatan que desde el año 2013 aparecieron folletos promocionando un loteo de 60 terrenos en esa zona. Muchos compraron en esa época y otros más adelante. Incluso hubo quienes adquirieron su parcela a través de la compra de una cesión de boleto de compraventa a compradores originales. En cada documento, el cedente es Federico Curto y el trámite se hizo a través de la inmobiliaria Mariana Bennazar por ante la escribanía Botta, que certificó las firmas aunque sólo eso y “no el contenido”, sin ningún tipo de intervención en la operación, una aclaración necesaria.
En esa inmobiliaria, una persona identificada en la denuncia como Sergio Llull —es el esposo de Mariana Bennazar— les informó a los compradores que “el terreno se podía adquirir ya que no había ningún problema y que una vez terminado de pagar se podía hacer la subdivisión y la correspondiente escrituración”. Sin embargo, aseguran, pronto empezaron los problemas.
Una de las compradoras contó que contrató a una arquitecta para que presente en la Municipalidad un plano para la construcción de un quincho y una pileta. En Obras Públicas, el plano fue rechazado porque no cumplía con la normativa vigente.
Los terrenos están en una zona que es “área complementaria”, según la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la famosa “San Pedro 2000”, a partir de una reforma que se hizo en 2004, cuando se creó para ese sector un distrito turístico y se declaró reserva natural al tramo que va por la barranca hasta Vuelta de Obligado.
En esa área complementaria, los terrenos subdivididos deben tener un mínimo de 20 metros de frente, una superficie mínima de 800 m2 y la densidad habitacional es de una vivienda por parcela.
Es decir que los lotes, como fueron vendidos, no se pueden subdividir: “No se puede ceder la mitad de un lote, no se permite sobre un lote más de una vivienda por parcela”, dice el documento firmado por el director de Planeamiento Agustín Vaca en el rechazo del expediente de obra presentado por una de las denunciantes. Es decir que no pueden construir. Si quieren cumplir con las normas vigentes, claro.
Cuando lo consultaron a Llull por el inconveniente, la respuesta que dicen que les dio fue sorprendente. Según consta en la denuncia, el representante de la inmobiliaria Mariana Bennazar les dijo que debían presentar otro plano “omitiendo la verdad” y que tenían que “dibujar una casa y otra pequeña para un supuesto casero”. La titular del lote y la arquitecta no accedieron y todo empezó a complicarse.
Aunque según denunciaron Llull les dijo que los terrenos se podían subdividir y que incluso algunos lo habían hecho a pesar de tener el mismo inconveniente, una de las denunciantes dejó expresado que al no poder tener la aprobación municipal de los planos no pudo edificar su casa, ya que en Municipio le explicaron que lo autorizado “es una vivienda por parcela”.
La historia de un loteo
Los denunciantes obtuvieron información que indica que hubo autorización del Municipio para la venta de 60 lotes para la construcción de una vivienda por cada uno, aunque “los subdividieron por croquis en más de setenta, vendiendo algunos a dos o más titulares, llegando algunos a estar subdivididos en cuatro”.
Averiguaron que “el señor Necol, Carlos Adolfo le vende un lote de terreno a LLull, Sergio, quien posteriormente firma una sociedad con Allegrone y Curto y lo lotean en parcelas, denominado barrio El Durazno”.
La cláusula quinta de los contratos dicen que “la subdivisión se encuentra en trámite por el ingeniero Héctor Allegrone y estará finalizada en un plazo de 12 meses, aproximadamente” y que “los gastos correrán a cuenta de la parte cedente”, es decir de Federico Curto.
“Si cada uno de los adquirientes hubiese sabido de esta normativa, en la cual se había encuadrado esta subdivisión de terrenos, nunca hubiesen comprado, ya que si no podríamos construir nuestra vivienda ¿para qué queríamos un terreno?”, señalaron en la denuncia, que fue ratificada el viernes pasado en Fiscalía, donde fueron citados a declarar.
El expediente está en el Concejo Deliberante, porque ante las dificultades para subdividir y escriturar los denunciantes hicieron un planteo en busca de una excepción a la San Pedro 2000 que les permita acceder.
La inmobiliaria asegura que responderá
“Hay compradores que subdividieron”, aseguraron desde la inmobiliaria. Explicaron que hay quienes no subdividieron porque o bien no terminaron de pagar o no tienen el dinero para el trámite, pero que podrían hacerlo “sin problemas” porque hicieron los planos “como corresponde”. Aseguran que la Justicia les “dará la razón”.
Como se puede ver en la página de Facebook de la inmobiliaria Mariana Bennazar, el loteo El Durazno, vida campestre sigue como oferta y hay terrenos disponibles para la compra. “Posesión inmediata ante escribano público. Títulos perfectos”, dice la promoción, que habla de “lotes de 800 m2”.
Bennazar y Llull prefirieron no responder preguntas el sábado en Sin Galera, cuando la abogada de los denunciantes expuso el tema al aire. Sí dijeron que enviarán su versión de los hechos por escrito, la que será publicada oportunamente.
En el entorno de la inmobiliaria consideran que la Justicia les va a dar la razón porque hay parcelas que “se están dividiendo” tal como se vendieron. Quienes conocen este entuerto desde que comenzó, hace alrededor de un año, aseguran que quisieron comprar el terreno pero la principal impulsora de la denuncia no quiso vender.
Los contratos de compraventa dicen que “será condición resolutoria la obligación de construir una vivienda familiar compatible con el barrio residencial dirigida por profesional competente”. Sin embargo, no pudieron, por lo que consideran que hubo un “accionar malintencionado y mendaz” por parte de los denunciados que afectó “el derecho de construir y escriturar” de cada uno de ellos.
Ante la Justicia, los denunciantes esperan una condena penal y un resarcimiento económico por el caso. Además, elevaron pedidos al gobierno y al Concejo Deliberante para que se tenga en cuenta su situación, puesto que lo que les impide la subdivisión y escrituración de sus lotes es una ordenanza vigente.