Una ayudita privada para recaudar tasas

“Estamos contando monedas”, le dijo el Secretario de Hacienda Jorge Génova al Intendente Guacone. La recaudación es un eje fundamental para afrontar el ejercicio 2010 sin ajustes y cumpliendo la promesa hecha por el Jefe Comunal en su discurso de apertura de sesiones ordinarias: “Racionalizar las erogaciones, profundizar los análisis en la búsqueda de ahorro” sin descuidar “las necesidades básicas en salud, seguridad y apoyo a las personas en situación de debilidad social”.
Para ello es fundamental el trabajo de recuperación de tributos que lleva adelante la Dirección de Rentas que, según ese mismo discurso, a lo largo de 2009 realizó cinco mil intimaciones extrajudiciales y formalizó 3.215 planes de facilidades de pagos, “recuperando más de dos millones de pesos”.
En el municipio confiesan que recaudan más con los planes de pago para morosos que en las cobranzas directas de quienes están al día.
En ese marco, Guacone prometió “mayor control sobre la morosidad”. Tal vez por eso, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un controvertido proyecto que busca sumar una empresa privada para el servicio de “relevamiento, control, verificación, constatación, suministro de información para realizar las liquidaciones, seguimiento y gestión de la cobranza” para los “derechos de publicidad y propaganda, de ocupación o uso de espacios públicos, canon por estructuras de soportes de antenas y los respectivos cargos por incumplimiento a las obligaciones fiscales de dichos derechos establecidos por las ordenanzas fiscal e impositiva vigentes”.

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Las limitaciones propias
“Tercerizar”, le dicen eufemísticamente al reconocimiento de que la recaudación por esos gravámenes no ha sido exitosa. La tarea no es sencilla, claro, porque significa hacer un exhaustivo relevamiento de los contribuyentes que encuadran en esos ítems para avanzar sobre ellos y cobrarles los montos correspondientes.
Más aún, el proceso implica que una vez hecho el relevamiento y producida la liquidación, la empresa –hablamos de carteles y antenas, es decir, empresas de primer nivel, nacionales y multinacionales– puede impugnar o al menos recurrir esa liquidación e iniciar un proceso judicial que en el Municipio aseguran no podrían afrontar.
Las ordenanzas que habilitan el cobro de estos gravámenes datan de 2004 y 2006, pero su efectivo cumplimiento mantiene un compás de espera hasta nuestros días.
Como bien afirma el ex Diputado Eduardo Polimante en una nota remitida al Concejo Deliberante y al Ejecutivo, “el criterio adoptado habría imposibilitado percibir los importes correspondientes”. Esto es: las ordenanzas llevan seis y cuatro años de promulgadas, pero nunca fueron puestas en marcha para su cumplimiento.
El Secretario de Planificación y Coordinación de Gestión Facundo Vellón, quien antes de ocupar ese cargo era funcionario de la Dirección de Rentas, participó junto a Jorge Génova, entre otros, de la redacción del proyecto que analiza el Concejo Deliberante. El abogado dijo a La Opinión: “No contamos con los recursos humanos suficientes para implementarlas, no tenemos el know how (saber cómo)”.
Ese es el principal argumento para avanzar en la necesidad de privatizar la tarea, aunque desde el Ejecutivo prefieran no llamar así a la propuesta y ni siquiera admitan la palabra “tercerización”. “Colaboración de un privado” les gusta más y “mixto” es el adjetivo favorito.
La ecuación es compleja frente al argumento de falta de recursos y conocimientos, teniendo en cuenta el tiempo que pasó. La tarea estuvo a cargo durante algunos años de Inspección General, que realizaba relevamientos en las rutas. Desde la gestión Bronce lo hicieron dos veces, hasta que les avisaron que se haría cargo otra área municipal.

Sin superávit
Pasaron seis y cuatro años en los que la gestión municipal tuvo las cuentas holgadas y un superávit que permitió descuidar la posibilidad de abordar la complejidad propia de esos gravámenes, que implica, como ya se ha dicho, entrar en negociaciones con empresas que tienen un plafond experiencial en litigios que trasciende con creces las posibilidades de un Estado local que sólo acumula juicios perdidos.
Mientras no se necesitó el dinero, nadie pataleó por él. Al punto de que en las Ordenanzas Impositivas no está incluido el canon por estructuras de soportes de antenas, cuyo derecho de cobro rige desde 2004.
Los montos aparecen recién en la Impositiva para el Ejercicio 2010 votada en el Concejo Deliberante el 7 de diciembre del año pasado, con los siguientes importes para antenas de hasta 30 metros de altura: $ 2.400; más de 30 y hasta 50 metros de altura: $ 4.500; más de 50 metros $ 7.000.
En la Municipalidad admiten no saber cuántas antenas hay en la ciudad que son pasibles de ser alcanzadas por el gravamen. Algunos calculan que serían entre 30 y 40. Si ponemos por ejemplo 35 antenas a 4.000 pesos promedio cada una, estamos hablando de 140.000 pesos anuales que no ingresaron al erario. En cinco años suman 700.000 pesos, un monto cercano, por ejemplo, al costo de las motoniveladoras adquiridas el mes pasado. Claro que no han tenido en cuenta cuántas de esas antenas son legales o cuentan con seguros que las eximen de responsabilidades civiles. El cálculo de lo que puede recaudarse por Publicidad y Propaganda es impensable. Polimante estima entre 20 y 30 millones de pesos y en uno de los tantos textos presentados al Concejo y al Ejecutivo disparó: “La Municipalidad de San Pedro no habría percibido tales sumas, de ser así se contemple Constituir una Comisión Investigadora y analizar si lo antes expresado no estaría contemplado en la ‘Falta de Cumplimiento de Funcionario Público’ por parte de la Gestión anterior”.

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Privatización, colaboración
La privatización del servicio de cobro se realizaría mediante licitación pública, de la que podrían participar empresas que pretendan tomar la tarea y sobre cuya selección pesará como requisito imprescindible tener “experiencia” en otros municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Varias son las comunas en territorio bonaerense y el resto del país que han implementado con suerte dispar la contratación de empresas que se dedican a ello mediante el cobro de un porcentaje de los tributos obtenidos, que en el caso local no podrá superar el 30 por ciento, un promedio de lo que cobran en otros municipios, donde ese porcentual oscila entre el 48 por ciento en Chacabuco y en distritos grandes del conurbano como Avellaneda, Quilmes y San Fernando se establecen entre el 17 y el 22 por ciento.
La Dirección de Rentas se ocupará de quienes tengan domicilio en San Pedro y la tercerización, privatización o “colaboración privada” estará supeditada a los que tengan domicilio fuera de la ciudad.
La contratación de un tercero revela, en principio, las propias falencias. El “trajín cotidiano” aparece como argumento y la gestión Guacone, aun con funcionarios heredados, parece que decide saldar cuentas pendientes que Barbieri legó.
La fundamentación del proyecto no esconde lo que en los escritorios donde se toman las decisiones es variable fundamental: “Por esto no estamos cobrando nada, así que vamos a pagar un porcentaje por una recaudación que no estamos haciendo”.
El pliego prevé que quien acceda a prestar el servicio debe tener experiencia en la Provincia de Buenos Aires, donde varios municipios aprobaron una contratación similar frente al mismo problema: la imposibilidad de los Estados locales de afrontar procesos judiciales con empresas cuyos equipos legales tienen sobrada experiencia en la defensa de sus intereses.
Las opiniones en las ciudades donde se implementó la medida son diversas. Por lo general fueron aprobadas sin el acompañamiento de las oposiciones, que tal como en San Pedro, se muestran escépticas respecto de una situación que recuerda las privatizaciones de los 90 y el discurso pre crisis de 2001, cuando desde el establishment bregaban por la privatización del sistema impositivo.
Lo cierto es que la mayoría de los gobiernos que tercerizaron el cobro pueden mostrar resultados positivos. En algunos casos quintuplicaron la recaudación. También es cierto que la mayoría prefirió tercerizar a probar por sí mismos si podían hacerlo, por lo que el aumento es obvio: de cero a algo ya hay una distancia.

Contar porotos
La Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante local, que preside el miembro del bloque Peronismo Independiente Facundo Maseda, emitió un dictamen de minoría en el que expresan desacuerdo con la propuesta. Misma suerte podría correr en Peticiones, donde se analiza el proyecto.
Los porotos en el cuerpo deliberativo local, con el reacomodamiento pos elecciones en el que el oficialismo ingresó cinco ediles pero perdió dos que accedieron a la banca en su lista en 2007, transversalidad kirchnerista mediante, y se pasaron a la oposición, deja a Sergio Rosa y su voto doble de Presidente del HCD como carta de desempate en caso de ser necesario.
El problema para el tratamiento en el recinto de este proyecto aparece en la figura del oficialista Víctor Secchi, empleado municipal él mismo que votaría contra la propuesta en la medida en que desde la planta de trabajadores del estado local la consideran lesiva de sus propios intereses, ya que bien podrían hacer ellos mismos, capacitación mediante, la tarea que se le encomendaría a los privados.
Carlos Casini, Presidente del Bloque Unión Peronista, que se opone a la medida, consideró: “Hay una falta gravísima de parte de ellos (el Ejecutivo); están diciendo que no pueden hacerlo. Esto es un negocio fabuloso que no estamos dispuestos a dárselos. Nos oponemos a ese procedimiento; y acá hay una negligencia”.
Por su parte, el Secretario General de ATE San Pedro, Marcelo Marelli, dijo a La Opinión: “Algo nos comentó en su momento Génova, pero están tercerizando algo que se podría hacer tranquilamente desde la Municipalidad”.
La planta municipal, según el presupuesto 2010, asciende a 870 empleados: 721 permanentes y 149 temporarios. Es, por lo menos, llamativo que en tal cantidad de trabajadores disponibles no haya quienes estén en condiciones de, sino realizar la tarea de forma inmediata, capacitarse para ello.
Por otro lado, el argumento de no contar con el “know how” ubica a la Dirección de Asesoría Letrada en un lugar complicado, ya que se la considera con pocas herramientas para afrontar las eventualidades judiciales que de la situación pudieran surgir.

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Tiempo de debates
La trama es compleja y las opiniones diversificadas. La oposición aparece como reacia a la idea de “privatización” y el oficialismo reconoce limitaciones y asegura que es absolutamente necesario para la “recomposición de los recursos municipales”. Los considerandos plantean que “la implementación efectiva de estos tributos en la dimensión deseada hace preciso contar con profesionales y organizaciones de medios y servicios especializados que posibiliten alcanzar un incremento de la recaudación de recursos propios”. Que esos recursos técnicos a contratar “se harían cargo de las etapas más complejas y dedicadas del proceso (referidas al relevamiento, la obtención de la información y la gestión de cobranza)” y que de la interacción entre los empleados municipales y los contratados resultará “en el largo plazo una capacitación para los recursos humanos existentes”. El debate instala una problemática nueva para San Pedro: el Presupuesto está en problemas. Cierto es que esta medida podría haber sido una herramienta paliativa para el Ejercicio 2010, aunque las demoras en su tratamiento hacen que, en caso de aprobarse, lo recaudado por estos conceptos no revista relevancia para este año, aunque se transformará en esencial para 2011, que además es, como 2009, un año electoral, un período en el que las obras deben ejecutarse, las ayudas sociales multiplicarse y la maquinaria del Estado al servicio de los partidos gobernantes es una marca de las gestiones gubernamentales en todo el mundo.

Algunos pueden por sí mismos
La Municipalidad de la localidad atlántica de Mar Chiquita sentó un precedente jurídico de importante relevancia en la provincia respecto de las antenas. La firma Nextel deberá pagar 33 millones de pesos al Municipio tras un fallo judicial que la condena por no haber abonado durante dos años por “utilización del espacio público” y “mantenimiento”. En Mar Chiquita hay cerca de 40 antenas de ese tipo. El Intendente Jorge Paredi llevó a la Justicia a todas las empresas propietarias de esas torres, que tienen una medida cautelar a favor, aunque el fallo sienta un precedente importante. Lo hicieron con los abogados propios de la Municipalidad.

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