Un plan de seguridad del Frente Renovador, pensado como si fueran Gobierno

El programa de Fabio Giovanettoni para la Secretaría de Seguridad publicado por La Opinión precipitó la presentación de un proyecto por parte de los concejales del Frente Renovador Ariel Ramanzini y Patricia Rocca. Se trata de un “plan de seguridad pública para el partido de San Pedro” que, claro está, deberá ser implementado por el Ejecutivo.
El proyecto que Ramanzini tenía en la cabeza y presentó la semana pasada en el Concejo Deliberante tiene forma de Ordenanza, por lo que de aprobarse tal como está implicaría una obligación para el Gobierno de Guacone. Desde ya, ello le valdrá objeciones por parte del resto de los ediles. Además, tiene algunos errores de redacción que confunden atribuciones, implican intromisiones de un poder sobre otro e incluso proponen cosas expresamente prohibidas por ley, como que el Municipio reciba donaciones.
“Lo vamos a analizar como a todos los proyectos, pero seguro vamos a hablar con Ariel para que entienda que quizás corresponde tratarlo como Resolución”, dijo a La Opinión un experimentado concejal que prefirió hacerlo off the record “para no herir susceptibilidades”, sobre todo luego de que desde el bloque del Frente Renovador Oficial que integran Norberto “Cachi” Atrip y Cecilia Vázquez cuestionaran los proyectos presentados hasta ahora por sus “primos” y aseguraran en el HCD que “si no saben redactar un proyecto que aprendan” ,con no muy buen tono.
“Como Frente Renovador pensamos que es necesario aprobar una ordenanza”, dijo el abogado y concejal, consultado sobre la posibilidad de que su iniciativa sea convertida en una Resolución, tal como sucedió en su momento con el de Carlos Casini.

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El plan de seguridad
El proyecto establece que su cumplimiento esté fiscalizado por la Comisión de Seguridad del HCD, en proceso de creación, cuyo Presidente podría ser Américo Quintana, puesto que varios bloques consideran que su pertenencia al Foro de Seguridad lo hace acreedor de ello.
Ramanzini, que aspira él mismo a esa presidencia, propone que este plan de seguridad creado por ordenanza establezca “un marco de actuación para contribuir a la disminución de los índices delictivos, protección de vidas, bienes públicos y privados, así como también desarrollar acciones vinculadas a la prevención y protección ciudadana con énfasis en un abordaje multidisciplinario de todas las Áreas de.la Municipalidad y con participación de los vecinos”.
Si en el artículo 1° propone “crear” ya en el 2° le “ordena” al Ejecutivo a que lo implemente. En el 3° le fija objetivos como reducir los delitos “contra la propiedad”, mejorar las condiciones de seguridad, propiciar la participación de los vecinos “en la definición de políticas públicas”, que sin embargo dispone en detalle en el propio proyecto.
Otros de los objetivos son articular la cooperación con el Estado provincial y nacional y las instituciones locales, “gestionar o proponer líneas de financiación”, “elaborar un programa de acciones” y dar intervención en el tema a Desarrollo Humano.
Luego, señala que “el plan de seguridad precedentemente detallado” deberá ser elaborado por una comisión integrada por el Ejecutivo, el Poder Judicial, los concejales, el Foro de Seguridad, las fuerzas policiales, entidades intermedias –no dice cuáles– y comisiones de fomento.
Tras obligar a que el Gobierno establezca como prioridad “la asignación de fondos para culminar con las obras del Centro de Monitoreo Urbano, adquirir cámaras de seguridad y equipamiento tecnológico”, un extenso artículo 6 redactado tal y como debe ser un buen proyecto de Resolución, requiere al Ejecutivo que solicite de manera urgente que los ministerios de Seguridad nacional y provincial intervengan en la incrementación de móviles, la prevención, definición de zonas de patrullaje, confección de un mapa del delito, sacar policías que hacen tareas administrativas a la calle.
También implementar políticas de inclusión con los ministerios de Desarrollo Social y Educación, crear centros de prevención y tratamiento de adicciones, activar la interposición de denuncias anónimas, mapear las “zonas calientes”, nombrar más fiscales, apurar al Poder Judicial “para que se expida en forma ágil y de manera efectiva en sus decisiones” y “desarrollar cualquier otra acción que las autoridades Provinciales Federales o instituciones intermedias crean convenientes a fin de cumplir con los objetivos de este plan de seguridad”.

Fondos afectados
Como Ramanzini y Rocca saben “la grave crisis económica” del Municipio –que forma parte del articulado de esta “ordenanza”, que debería regir más allá de la contingencia coyuntural– establece de dónde saldrá el dinero para abordar el plan.
Eso sí, afecta recursos que son “de libre disponibilidad” y “a recibir en los próximos vencimientos del presente ejercicio, en la partida correspondiente a la Tasa por Seguridad e Higiene”.
Recuerda que existe un “Fondo Especial de Seguridad creado por Ordenanza 6026” y propone “donaciones de Instituciones, empresas, comerciantes y/o vecinos en general”, algo que el Estado municipal no puede aceptar por ley, y “cualquier otro recurso que pudiera generarse”, genéricamente.
A estos fondos, más el impreciso “cualquier otro que pueda imputarse”, siempre según la propuesta, habría que “depositarlos en una cuenta especial”, afectada a “la compra e instalación de cámaras de seguridad”, “equipamiento tecnológico”, “capacitación del personal” del centro de monitoreo y “mayor (sic) equipamiento para el personal policial que presta servicios en nuestras calles”.

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Un diagnóstico compartido
El proyecto de Ramanzini y Rocca parte de un diagnóstico que aparece en los considerandos y que es compartido por otros ediles y hasta por el Ejecutivo, al menos en varios de sus lineamientos principales. Es probable que muchos vecinos también coincidan en buena parte de ello.
Lo cierto es que la forma en la que proponen la resolución de esos problemas sólo es viable si Ramanzini fuese intendente en lugar de concejal, por lo que la propuesta parece más una plataforma política anclada en seguridad, lo que no deja de ser una buena señal. Al menos tiene un plan.
Allí señalan que los casos de inseguridad han crecido en número y en grado de violencia. Lo llaman “un flagelo social”. Sostienen que “la Municipalidad no puede permanecer insensible al clamor comunitario”, por ello presentaron esta propuesta.
“Resulta imperioso comenzar con un trabajo a largo plazo, apuntalando los valores de respeto y solidaridad; defendiendo la familia como núcleo básico de toda sociedad; mejorando la educación; recobrando la cultura del trabajo; brindando capacitación y oficios a nuestros jóvenes; combatir de manera férrea la droga; e implementar gestiones tendientes a recuperar la credibilidad de la población en las instituciones públicas”. Todo eso dicen los considerandos. Una verdadera expresión de deseos.
“Resulta insoslayable planificar una acción política sostenible, que comprenda acciones concretas y efectivas que intenten poner freno a este flagelo social que nos afecta a todos los vecinos por igual”, aseguran. Lo extraño, entonces, es que para su resolución propongan una ordenanza.
Entienden que como concejales no pueden desentenderse de estos temas y que lo que hace falta es “la toma de una decisión política inmediata” y “poner a disposición un plan estratégico en materia de Seguridad”. Por ello lo elaboraron.
No es la primera vez que Ramanzini yerra en las formas desde que asumió. En la última sesión se quedó levantando la mano solo en un proyecto en el que afirmaba sin cortapisas que había un lugar donde se cometen delitos y que es “refugio” de delincuentes. Abogado y funcionario público, debe saber que semejante afirmación lo obliga a denunciar para no incurrir él mismo en una falta. Hasta ahora, a Fiscalía no fue.

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