Un año para pensar en el puerto

La legislatura bonaerense aprobó un proyecto mediante el que suspende hasta diciembre del año que viene el polémico artículo 26 de la reforma tributaria votada en septiembre pasado que gravaba la carga y descarga en los puertos de la provincia y que puso en jaque la competitividad de las terminales portuarias.
Luego de paros, movilizaciones y reclamos, operadores y trabajadores porturarios lograron el compromiso de las autoridades gubernamentales, a través del Ministro de Producción Martín Ferré, de rever el articulado que imponía a los puertos unos dieciocho pesos por tonelada para carga y seis para descarga de mercaderías. El Senado provincial convirtió en ley ese compromiso la semana pasada.
La iniciativa comprende además una generalización para el pago de Ingresos Brutos en todas las terminales. La alícuota será de 3.5 por ciento para los que no excedan los 30 millones de pesos en facturación y 4.5 para los que superen esa cifra.
En San Pedro se mostraron dudosos sobre la medida. “Podemos seguir un año, pero la espada de Damocles está sobre nuestras cabeza si no prorrogan o cambian la ley”, opinó Martín Lara, representante de Agencia Marítima Saliva.
En la legislatura aseguraron que a cambio está el compromiso de los puertos de trabajar en conjunto con el gobierno de Scioli para alcanzar una normativa que grave el sector sin generar rupturas en la competitividad.
Los operadores locales adelantaron que “va a haber una comisión integrada por la provincia, los privados y los gremios para debatir cuál sería el impuesto apropiado”, aunque consideran que desde La Plata “Tienen que tomar conciencia de que no se puede gravar a los puertos de esa manera”.
Sobre el proyecto que posibilitará exportar normalmente durante 2010, en el puerto local dicen que esas reuniones pueden dar lugar a “encontrar un marco”, como para dar tiempo, y que la suspensión “es buena, porque no nos mata hoy; al menos nos da un poco de aire”.
La medida votada en el marco de la reforma tributaria provincial daba lugar a que los operadores portuarios desistieran de exportar a través de los puertos bonaerenses, especialmente en lugares como San Pedro, donde la cercanía con el puerto santafesino de Rosario implicaba una pérdida automática de los niveles de exportación a manos de esa terminal.
Los portuarios coincidieron en que la suspensión es un paso adelante en la generación de políticas consensuadas, pero afirman que no avalarán gravámenes que consideren tan elevados como para hacerles perder productividad a los puertos de la provincia, con la pérdida de puestos de trabajo que ello significa y las consecuencias que tiene en las familias que viven de esa actividad.