Un año después, desalojaron una casilla en Las Canaletas
Se trata del lugar donde vivía la joven Gladys Revol con sus hijos, propiedad de Celia Cabrera. En febrero del año pasado los vecinos habían frenado el desalojo. Esta vez no hubo resistencia. El Servicio local del menor tomó intervención por la presencia de los niños.
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La Justicia hizo efectivo el desalojo ordenado en febrero del año pasado en Juan Ismael Giménez 885, en una casilla donde vivía la joven Gladys Revol con sus tres hijos. Con presencia policial y del Servicio local del menor, los ocupantes accedieron esta vez, sin resistencia, y fueron trasladados.
Revol habitaba una casilla de las que distribuyó el Gobierno de Pángaro tras una importante inundación en el marco del Plan de Recuperación de la Ribera y que hoy forman parte del paisaje del barrio. Vivía allí desde hace siete años, cuando Elsa Noemí Salas, la propietaria anterior de la casa de material que hay en el fondo del terreno se la prestó a cambio de tareas de cuidados, ante los problemas de salud que padecía.
Salas había vendido la casa a Celia Cabrera en 2008 y un año y medio después falleció. La nueva propietaria, tras obtener formalmente la escritura, intentó que Revol desalojara la casilla, sin éxito, por lo que decidió acudir a la Justicia.
En febrero del año pasado llegó una orden judicial cuyo cumplimiento fue impedido por el accionar de vecinos del barrio y miembros de la cooperativa Fénix, que trabaja en Las Canaletas, quienes manifestaron en el lugar para evitar el desalojo.
Ahora, a un año y tres meses de aquella ocasión, la Jueza de Paz llegó nuevamente al lugar. Con cuatro patrulleros con agentes policiales que rodearon la precaria casilla, Revol aceptó las circunstancias y cedió.
La casilla del plan de recuperación de la ribera fue desmontada para su traslado a unas veinte cuadras de allí, por el mismo camino Juan Ismael Giménez, tarea en la que colaboró personal de Desarrollo Humano.
De la misma manera, trabajadoras sociales del área y personal del Servicio de promoción y protección de los derechos del niño asistieron a la familia, relevaron sus necesidades y garantizaron el cumplimiento de algunas prerrogativas propias de una situación como esta.
La policía se retiró una vez que la familia decidió aceptar el desalojo, cuando acordaron su traslado hacia un terreno ubicado en Giménez al 3000, donde vive un familiar. Allí fueron a armar la casilla, puesto que la propietaria del predio no tenía inconvenientes en que Revol la desarmara y se la llevara.
Jóvenes que realizan tareas para el municipio colaboraron con la mudanza, mientras los tres niños miraban, casi jugando a ser desalojados.
El año pasado La Opinión accedió a la documentación correspondiente que avala la propiedad de Cabrera sobre el terreno y con la que la Justicia hizo lugar a su reclamo.
