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jueves, abril 22, 2021

Un incendio que despertó dudas y sospechas sobre la falta de controles de residuos industriales

La semana pasada, un predio donde funcionaba un depósito de chatarra ardió durante varios días. En el lugar, Bomberos hallaron azufre desparramado por todo el terreno. La disposición final de residuos industriales, otra vez en la mira. El Organismo para el Desarrollo Sustentable recibirá nuevamente solicitudes de inspección. Las dificultades para controlar en un municipio donde todo funciona por la mitad.

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El incendio de un predio donde hasta no hace mucho funcionaba un depósito de chatarras, entre otras cosas nunca reveladas, pudo haber generado un desastre ambiental de no mediar una intervención precisa de Bomberos Voluntarios, que trabajaron dos días para sofocar llamas y quedaron alertas ante la presencia de focos ígneos menores que podrían necesitar su rápida actuación. El problema mayor del siniestro fue la presencia de azufre en todo el lugar.

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La situación obligó a preguntarse una vez más respecto de los desechos industriales que se manejan en la ciudad, sobre todo en lugares como un depósito de chatarra o aquellos que acopian diversos tipos de materiales, que en general carecen de habilitación y no cumplen con ninguna de las prerrogativas que prevén las leyes ambientales provinciales o nacionales.

El Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds) recibirá la semana que viene una nueva solicitud para inspeccionar algunos lugares detectados por el municipio, que carece de capacidad fiscalizadora, lo que deja en manos de la Provincia, más atenta a la realidad del conurbano y de los grandes centros industriales que a los pequeños enclaves como San Pedro.

Falta control municipal
Fuentes relacionadas con el sector agropecuario confirmaron a La Opinión que en el predio donde se produjo el incendio hasta no hace mucho tiempo vendían fertilizantes, lo que puede explicar la presencia de macronutrientes como el azufre.

El problema es la falta de habilitación para el uso de ese tipo de elementos químicos. Hay quienes arriesgan que esa presencia obedece a la compra de residuos industriales vinculados pero nadie ofrece certezas. Ni siquiera los que trabajaron para apagar el fuego, que tienen sus sospechas fundadas.

Lo cierto es que en el incendio había “mucho azufre desparramado, por toda la extensión, por donde buscaran”, según dijeron bomberos que acudieron a controlar el siniestro. “Eran residuos mezclados y había azufre en toda la extensión, por donde buscaras. Era generalizada la presencia de azufre”, aseguraron.

Cada empresario, emprendedor, empresa que emite desechos industriales tiene que anotarse en un registro en el OPDS y registrar su propio transporte o del tercero que los retira, que también debe estar inscripto como transportista de residuos especiales.

En Provincia no abundan los registros de quienes manipulan ese tipo de desechos, con excepción de las grandes empresas industriales y de algunos pequeños emprendedores. Los acopiadores, por su parte, no existen en ningún lado pero tienen presencia en muchos lugares, tanto en la zona urbana como en la rural, sin que haya controles sobre la tarea que desarrollan.

La ordenanza de disposición final de residuos que debate el Ejecutivo y de la que dio cuentas este semanario meses atrás tenía como objetivo poner estos temas en discusión, pero todavía duerme en el Palacio sin que la hayan enviado como proyecto al Concejo Deliberante.

Como fuera de las grandes empresas, no existe nada registrado, se nota la importante deficiencia en materia de fiscalización, como en todas las áreas del municipio.

En principio, porque no hay área municipal para ello. Hoy las únicas con poder para fiscalizar con Bromatología, Inspección de Comercio y de Tránsito, que también dejan bastantes cosas sin atender.

Quienes conocen el funcionamiento sospechan que hay “complicidades y amiguismos” que impiden tener en cuenta una realidad que pone en juego no sólo la salud de quienes puedan estar expuestos a ese tipo de fenómenos sino además el futuro ambiental de las próximas generaciones.

Cuando en 2011 el por entonces Secretario de Producción Jorge Ponzio diseñó una planificación para el área se discutió la necesidad de una dirección de industria y otra de medioambiente, con capacidad de fiscalización. El deterioro institucional del Gobierno local llevó a que esa secretaría desapareciera.

Si no vienen de Provincia…
Cuando el Opds vino a la zona durante la quema del basural a cielo abierto en Baradero que provocó una serie de accidentes fatales, recorrieron el sitio de disposición de residuos local y dialogaron con el Director de Producción Pablo Ojea sobre la necesidad de controles en materia de residuos industriales, ya que ellos mismos tomaron intervención muchas veces ante la situación de la fábrica Coplac, muy afecta a dejar los restos de su producción en cualquier lugar menos donde corresponde.

En ese momento, los funcionarios provinciales fueron claros con Ojea: la legislación está y hay que controlar; quien genera residuos industriales debe estar instalado en la zona prevista para ese tipo de actividades y aquellos que acopien chatarra deben estar habilitados y ser fiscalizados con la misma lógica.

“Los riesgos en los chatarreros son en principio la zoonosis, hantavirus, dengue, todo eso, que son motivos suficientes para eliminarlos de la zona urbana”, explicó Ojea, quien llevará una serie de inquietudes relacionadas con el tema a La Plata la semana que viene.

Si  no hay denuncias, el Opds no interviene. Como si fuera poco, acelerar las inspecciones implica ir a golpear unas cuantas puertas en la Gobernación, donde la eficiencia no es para premiar, por cierto.

El Opds no tiene una rutina en la región pero tampoco tiene personal, estuvo parado por conflicto gremial durante un tiempo y para esta zona tiene un solo operador de materiales peligrosos.

Los controles, entonces, no son moneda corriente, ni siquiera en las grandes industrias. Las empresas, por cierto, tampoco son muy afectas a colaborar. Muchas tienen protocolos para cumplir con la ley pero a veces es muy difícil establecer si, por ejemplo, las plantas de tratamiento de efluentes funcionan a diario, como deben.

Un problema de eficiencia
Las ordenanzas obligan a mantener limpios los predios como el que se incendió la semana pasada. Ante el incumplimiento, el que debe ejercer el poder de policía es la Municipalidad. Ni siquiera hay un control estricto por la presencia de roedores que pueden transmitir enfermedades.

Los controles a las industrias no son sencillos, claro. Para ello es necesario presupuesto y planificación. Pero el Estado local carece de ambos. Tan es así que no hay en el Municipio un mapeo de la cantidad y tipos de industrias existente, lo que permitiría planificar y presupuestar recorridos de fiscalización, que por cierto pagarían el gasto que necesita ser erogado para ejercer control.

El retraso es tal que ni siquiera se sabe con precisión qué tipos de comercios hay en cada zona, cuál es la densidad, qué posibilidades de desarrollo comercial tiene cada sector. Si alguien quisiera invertir en un negocio y fuera a preguntar al municipio cuál es la mejor opción para su emprendimiento nadie sabría responderle.

En realidad, hay quienes podrían: son los que manejan la información para beneficio propio y a los que nadie dentro de la estructura del Estado les dice que ese saber puede ser instrumento para brindar servicios no sólo a los inversores sino también a los propios vecinos, que podrían tener una herramienta interactiva para saber dónde están las panaderías más cercanas a su casa y comparar precios, por dar un ejemplo sencillísimo.

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