Un año y medio después, la dificultades de las víctimas de los docentes abusadores
Las hijas del matrimonio detenido desde octubre de 2015, acusados de abusar de sexualmente de dos de ellas, volvieron a un hogar de tránsito. Los familiares que se animaron a contar lo que les sucedía a las chicas carecen de medios para ayudarlas. El caso todavía espera por la fecha para el juicio oral y público. Pasaron 18 meses después de la denuncia y no hay quien se ocupe de la reconstrucción de esas vidas.
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Desde que una adolescente le contó a su tía que su padre abusaba sexualmente de ella y que su madre miraba impasible, cómplice, las cosas no parecen haber resultado como deberían. Desde el punto de vista penal, la causa avanza. La Justicia definirá fecha para el juicio oral y lo más probable es que haya condenas. Desde el punto de vista social, el camino a seguir por las hijas del matrimonio acusado sigue siendo sinuoso.
La historia es conocida. Una chica de 14 años una mañana habló con su tía y, cansada del padecimiento durante años, le contó que esa misma madrugada, antes de ir al colegio, y como tantas otras veces, su padre la había sometido a prácticas sexuales.
La tía decidió denunciar al reconocido profesor de matemáticas que se desempeñaba como Inspector de Educación en Ramallo y sobre quien pesaban otras sospechas de otras épocas.
La Justicia ordenó detenerlo y, junto a él, a su esposa. Los relatos en cámara Gesell de las adolescentes confirmaron que ella también participaba de los vejámenes y que las víctimas eran dos de las cuatro nenas, las más grandes.
La Fiscala Viviana Ramos reunió una gran cantidad de elementos para acusar a ambos por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Tras una instrucción de más de un año, la representante del Ministerio Público Fiscal elevó la causa a juicio.
Mientras tanto las cuatro hijas del matrimonio, dos de ellas abusadas, intentaban reconstruir sus vidas junto a familiares y amigos que desde aquel momento se hicieron cargo de estar a su lado, con todas las dificultades que ello implica.
Sin embargo, para todos es una tarea cuesta arriba. El universo parece conspirar contra el deseo de dejar atrás los padecimientos para avanzar, no olvidar pero sí superar.
El juicio se demora. La familia no acompaña. La única tía, la que se animó a denunciar, carece de recursos materiales y simbólicos para hacer frente a tamaña responsabilidad. Son días aciagos, en los que con la voluntad no alcanza.
Alguien tiene que escuchar
Las chicas están en un hogar de tránsito. En el seno familiar, además de la tía que denunció, no hay espacio para ellas. De la violencia sexual pasaron a la psicológica que no deja huellas pero sí rastros, sin una asistencia digna del caso. Incluso hay versiones de maltrato en una de las viviendas donde estuvieron.
Sus tíos las reciben los fines de semana. Aunque en condiciones que no son las mejores para albergar a cuatro niñas que ya no tienen a sus padres cerca porque están presos nada menos que porque dos de ellas denunciaron que las abusaban sexualmente.
El Gobierno local brinda un exiguo subsidio que apenas alcanza para comprar algo de ropa y que en este marzo no volvió a alcanzar para las cosas del colegio. El Estado provincial habría dejado de abonar el salario del docente, por lo que tampoco hay ingresos familiares genuinos.
La situación es impensada: los padres abusan de los chicos y ellos quedan librados a su suerte, confinados a un hogar religioso y bajo la tutela de un cuerpo de profesionales que además debe lidiar con cientos de casos a diario.
En la casa familiar donde las nenas se sienten a gusto se preguntan si acaso hicieron mal en denunciar. Sin dudar, se responden que no. Que hicieron lo que había que hacer para terminar con el calvario que vivían las chicas. Sin embargo, no dejan de compungirse porque, después de todo, aunque seguramente menos grave, hay un padecimiento, sobre el que no pueden actuar y por el que no reciben la ayuda necesaria. Después de todo, ellos también son víctimas de la situación.
De la casa donde habían estado, de acuerdo al relato familiar, habrían sido expulsadas. Quién sabe qué pasa por sus cabecitas cuando se miran en esta situación.
Desde el primer momento, los profesionales del Servicio local estuvieron en el tema. Algunas veces, con dificultades para congeniar con quienes regentean el hogar. Otras, con las complicaciones propias de un organismo que no da abasto. Algunas más, con las propias deficiencias.
“Es todo tan injusto para las víctimas”, repiten quienes escuchan versiones acerca de lo que viven a diario.
Los familiares que podrían hacerse cargo de ellas ya no están y los que quedan, lo repiten con tristeza, no podrían afrontar la manutención de cuatro chicas.
El Ministerio de Educación provincial puso excusas para que el salario del docente imputado y por ende sumariado pasara a sus hijas, tema que quedó en manos de abogados y una burocracia que demora.
Todo demora. El tiempo pasa. Ellas crecen. El futuro llega y no hay mucho por hacer si no hay una intervención urgente que ponga como prioridad las necesidades de estas víctimas.
“Arrepentida de callar”
Así aseguran en la familia que está la madre de las nenas, presa en el Melchor Romero. Algunas veces defendió a su marido, otras reconoció que era víctima de violencia. Su defensa oficial sostuvo que era manipulada por él, que ejercía dominación sobre ella. Su defensor particular se llevó el auto familiar y no responde el teléfono de una de sus hermanas, con quien tenía contacto.
En la cárcel, pide por sus hijas. Quiere verlas. Él, sí, también. Hasta hay versiones que dicen que el acusado podría haber sorteado las prohibiciones para comunicarse con una de las víctimas y pedirle “que lo salve”.
Incluso se habría comunicado con su esposa, de cárcel a cárcel, para amenazarla. Quizás ella se anime a contarlo. Quizás hasta confiese lo que vio. Quizás sea cierto que está “arrepentida de callar” y de mantener ese silencio que, durante años, destrozó la inocencia de sus hijas. Quizás esté a tiempo de ayudarlas.
Intervenir, más allá de la letra fría de la ley
Cuando chicas como las cuatro hijas del matrimonio de abusadores quedan en una situación similar, lo que sucede es terrible. Por un lado, dejan de sufrir el calvario al que eran sometidas. Por el otro, ingresan en un sistema que no siempre tiene el mejor rostro humano.
La ley dice que quedan bajo custodia del Estado, cuyo organismo de aplicación es el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y el Adolescente, que debe propiciar acercamientos con familiares. En este caso, esas posibilidades se fueron cerrando.
Como quedó expresado en la nota principal de esta página, no siempre los esfuerzos son suficientes. No se trata, el que nos ocupa, de un caso más. Quizás, las autoridades podrían tener una atención mayor sobre este y propiciar mejores condiciones para que estas víctimas puedan encauzar sus destinos.
Muchas veces se considera que las publicaciones sobre estos temas tienden a socavar o cuestionar la tarea de los profesionales del área, como si hubiese alguna especie de animadversión contra el equipo del Estado local. Por el contrario, en este y otros casos se ha destacado su buena predisposición y correcta intervención.
Pero lo cierto, a la luz de las dificultades de la familia protagonista de esta historia, es que no está alcanzando.
Alguna vez a un miembro del grupo familiar, responsables de funciones públicas le dijeron que no hablaran con La Opinión si no querían perder la mísera ayuda que leofrecían. No todo siempre es “buena predisposición”.
No hay aquí un problema de cartel. Quien esté dispuesto a hacerse cargo por encima de las responsabilidades que fija la ley no sólo será felicitado. También podrá sentirse satisfecho como ser humano, porque habrá contribuido, más allá de las obligaciones legales, a que cuatro chicas puedan mirar el futuro con ganas de transitarlo.
