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    Un acuerdo permite que las máquinas sigan

    Una audiencia en los Tribunales de San Nicolás permitió que los asambleístas y Forestadora del Delta pactaran una tregua por seis meses. La causa judicial queda sin efecto y la empresa sólo podrá continuar sus tareas en los terraplenes históricos de la isla.

    31 de mayo de 2017 | 11:47
    Un acuerdo permite que las máquinas sigan

    Sin fecha todavía para que la asamblea en defensa de los humedales explique a los miembros que no fueron a la audiencia en San Nicolás del lunes, el acuerdo ya fue difundido tras la reunión que presidió la Jueza Regina Cucit y que contempla un impasse en las acciones judiciales interpuestas por los vecinos que se oponían a las tareas de las máquinas en los terraplenes.

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    El presidente de Forestadora del Delta S. A., Alejandro Gooding, se presentó en Tribunales acompañado por el abogado sampedrino José Benito Aldazábal como representante legal.

    De parte de los asambleístas, sólo pudieron ingresar a la audiencia quienes aparecían como firmantes de la demanda y el abogado Daniel Spirópulos. El naturalista Enrique Sierra, acaso quien más sabe del tema, tuvo que esperar afuera, por ejemplo.

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    Las partes se pusieron de acuerdo y firmaron una especie de tregua. Desde ambas puntas consideran que es un paso adelante y que les permite “ganar tiempo”, aunque hay algunas voces que tienen dudas respecto de lo que pueda suceder en los próximos 180 días en relación a la posibilidad de “daño ambiental irreversible” denunciada.

    Qué dice el acuerdo

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    La conciliación fue firmada por Juancho Correa, Fabián Bianchi, Marcos García y Eduardo Miño, los asambleístas patrocinados por el abogado Daniel Spirópulos, y el presidente del Directorio de Forestadora del Delta.

    Como se dijo, rige por seis meses y prevé la “suspensión de todos los pasos procesales que hasta la fecha se encuentren pendientes”, es decir que no habrá análisis de la cuestión de fondo planteada en el recurso de amparo presentado.

    “La empresa podrá realizar los trabajos necesarios para el mantenimiento y recomposición del terraplén histórico, en una longitud aproximada de cuarenta metros”, dice el acuerdo.

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    Esto significa que se deja sin efecto la medida cautelar que había prohibido todo accionar de máquinas en la isla de Barbé. Además de los trabajos sobre el terraplén que originariamente hizo la forestadora para Celulosa Jujuy, podrá reparar otros “cercos históricos”, aunque “sin elevar la altura”.

    La empresa se comprometió a hacer “una póliza de seguro ambiental por cualquier daño que pudiera existir por la explotación de la zona”.

    El acuerdo no prevé cuáles serán los organismos de control de cumplimiento de lo convenido ni las penalidades que pudieran surgir en caso de que la empresa desoiga lo escrito y disponga máquinas en otras zonas.

    Desensillar hasta que aclare

    Entre los asambleístas hay quienes consideran que el convenio firmado es una buena salida ante la problemática, en la medida en que hay un compromiso de no trabajar con máquinas sino apenas en esas zonas delimitadas.

    “Es tirarlo seis meses para adelante, nos da tiempo para hacer una legislación que sea más fuerte en San Pedro”, consideró Juancho Correa.

    “Va a ir reviendo qué producción va a ir haciendo, sin tocar más esa área, interactuando con la Asamblea”, señaló, por su parte, Fabián Bianchi.

    Hay quienes creen que “lo importante es que se frenó”, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de creciente, que podría arrastrar buena parte de los terraplenes que quedaron a medio hacer.

    Hay otras voces que ven en el acuerdo una especie de claudicación. La empresa elevó un estudio de impacto ambiental al Municipio el 10 de mayo pasado, que deja más dudas que certezas.

    “Sin cambio de zonificación, esto no tiene sentido, ese informe no es válido, es extemporáneo, no tiene sello”, consideró Enrique Sierra, quien detalló que “el coronamiento histórico es de ataja-repunte, 1,50 metros, más de eso es terraplén”.

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