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    Ultiman detalles para que los conductores imprudentes paguen su atención en el Hospital

    El Gobierno espera terminar la reglamentación en los próximos días y desde ese momento quien sufra un accidente por conducir de manera temeraria o sin casco deberán pagar todos los gastos que ocasionen al hospital y al sistema público de salud. Ese monto será fijado por el Juzgado de Faltas.

    15 de noviembre de 2026 | 18:15
    Foto ilustrativa archivo La Opinión
    Foto ilustrativa archivo La Opinión

    La secretaria de Gobierno y el Asesor letrado del municipio preparan los últimos detalles administrativos para reglamentar la Ordenanza N.º 6737, sancionada por elConcejo Deliberante el pasado 24 de septiembre. 

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    Según confirmó el jefe comunal, una vez firmado el decreto la norma quedará en condiciones de aplicarse de manera inmediata ya que habían surgido algunas dudas sobre la documentación respaldatoria que debe reunir la Secretaría de Salud para determinar la valuación de los gastos que haya afrontado el Hospital.

    La norma que crea el Régimen de Recupero de Gastos Hospitalarios por Accidentes de Tránsito fue discutida en comisión y en consulta con el Jefe de la Guardia del Hospital y la Juez de Faltas. 

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    El objetivo es que el sistema público de salud municipal recupere los costos de las prestaciones brindadas a personas lesionadas en siniestros viales provocados por conductores que incurran en infracciones graves como la falta de casco o aquellos que conduzcan de manera temeraria.

    Los cinco requisitos que evaluará la jueza de faltas Jimena Gómez

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    Para que la Secretaría de Salud —designada como autoridad de aplicación— pueda notificar y cobrar la liquidación de gastos, la normativa exige que exista previamente una sentencia firme dictada por la jueza de faltas municipal, Jimena Gómez.

    En cada expediente, la magistrada deberá evaluar si el conductor responsable encuadra en alguno de los cinco supuestos previstos en el artículo 1° de la ordenanza:

    • Alcoholemia positiva: Con orden de dosaje prescripta por el médico de guardia que reciba al paciente.

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    • Sustancias prohibidas: Conducir bajo los efectos de estupefacientes o sustancias no permitidas.

    • Falta de licencia: Circular sin contar con licencia de conducir habilitante.

    • Falta de documentación: No poseer la documentación exigible por la normativa respecto del vehículo involucrado, cualquiera sea este.

    • Conducción temeraria o maniobras peligrosas: Conductas que impliquen un apartamiento grave de las normas de tránsito y del deber objetivo de cuidado generando un riesgo concreto, tales como exceso manifiesto de velocidad, circulación en contramano, sobrepasos indebidos o participación en competencias de velocidad no autorizadas, más conocidad como “picadas”.

    Alcance del cobro, registro en la Guardia y destino de los fondos

    Tal como informó La Opinión en octubre sobre el funcionamiento de la Guardia del Hospital, cada ingreso por siniestro vial queda asentado mediante un circuito de control cruzado y será el personal de seguridad y tránsito el encargado de aportar la situación y circunstancia en la que se produjo el siniestro.

    Con esa base documental, la ordenanza establece que el cobro alcanzará exclusivamente a las prestaciones médicas, hospitalarias, farmacológicas, de diagnóstico, quirúrgicas, de internación y rehabilitación necesarias para atender lesiones derivadas directamente del siniestro. Quedan exceptuados los controles de rutina, evaluaciones preventivas o constataciones médicas sin diagnóstico de lesiones.

    Serán sujetos obligados al pago —en forma directa y solidaria— los conductores, propietarios, poseedores o guardadores de los vehículos involucrados, así como las compañías aseguradoras con cobertura vigente hasta el límite de la póliza.

    Vencido el plazo de pago voluntario que fije la reglamentación, el Municipio podrá iniciar el cobro por vía de apremio, aunque antes deberá ofrecer al deudor la posibilidad de cancelar total o parcialmente la deuda mediante trabajos comunitarios.

    La norma aclara que el cobro no afectará el derecho de ninguna persona lesionada a recibir atención sanitaria oportuna y establece que la totalidad de los fondos recuperados tendrá afectación exclusiva al fortalecimiento, equipamiento y sostenimiento del sistema público de salud municipal.

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