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martes, marzo 9, 2021

Tres meses de prórroga para Ashira y un futuro complicado para la basura

El Gobierno firmó un nuevo contrato directo con Ashira, por más de 3 millones mensuales. En abril llamarán a licitación, mientras evalúan cómo pagar los 50 millones que el Municipio le debe a la empresa. Las dificultades de un mercado concentrado en pocas manos.

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El problema de la recolección de residuos no es nuevo y las dificultades para afrontarlo atraviesan todas las gestiones. Desde que venció la concesión a Ashira, esa empresa sigue al frente del servicio a través de contratos directos que la favorecen. El Gobierno firmóen la primera semana de enero un nuevo convenio, por tres meses, con la esperanza de llamar a licitación.

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Ashira cobrará durante el período que dure el contrato unos 3.000.081 pesos, de acuerdo a lo informado por el Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete.

El plan es que durante esos tres meses puedan redactar un pliego de bases y condiciones que permita que esta vez haya ofertas acordes y la licitación no quede desierta, como sucedió el año pasado.
En ese momento, el triunvirato de Gobierno de Giovanettoni, Baraybar y Macchia redactaron un pliego con el que Ashira no estaba de acuerdo. Fue la única empresa que presentó oferta, pero como superaba el monto estipulado para el servicio, hubo que desistir y firmar un contrato directo con una cláusula impuesta por la compañía que le permitía aumentar el precio del servicio ante cualquier incremento de los insumos que forman parte de su fórmula.

Vencido ese contrato leonino, el Gobierno de Salazar acordó los 3.000.081 pesos para el primer trimestre del año, pero tiene encima la premura por preparar el pliego para un llamado a licitación cuyos resultados se sospechan.

Es que el mercado de la recolección de residuos tiene en el país muy pocos actores que no compiten entre sí y que históricamente se distribuyeron los sectores, sin roces entre las empresas.

Como sucedió en otros distritos, ante la posibilidad de municipalizar el servicio, el Sindicato de Camioneros, al que pertenecen los empleados, pone el grito en el cielo y cierra filas con las empresas.

En San Pedro hubo movilizaciones al Municipio porque la empresa nopagó salarios y le endilgaba a la falta de cumplimiento del Estado local el retraso.

La pesada herencia

En el gabinete hay quienes creen que el Ejecutivo está en condiciones de manejar el tema. Otros, más cercanos a la realidad, recuerdan que además de la concentración y distribución del mercado pesa la deuda que el Municipio mantiene con Ashira.

Son 50 millones de pesos que el Gobierno no pudo pagar durante el año. El exsecretario de Economía Roberto Borgo se sorprendió cuando Mónica Otero anunció el monto en sesión, puesto que al entregar los números a Sánchez Negrete la deuda era de 32 millones.

“La deuda de Ashira es de los intereses, había un acuerdo con la empresa que no pudimos pagar. Pagamos lo de este año, nada más”, dijo el actual Secretario de Economía en ese momento.

Lo mismo repitió durante la asamblea de Mayores Contribuyentes el presidente del bloque oficialista de concejales, Iván Paz, quien informó además que la tasa de alumbrado, barrido y limpieza tiene una emisión por 55 millones pero el servicio cuesta 70 millones, por lo que es deficitaria desde el vamos.

“Hay tasas para las que no hay aumento que valga, como la de Ashira. Hay un plan de ir corrigiendo eso en un plazo de 10 años, en algún momento tenemos que lograr que las tasas sean sustentables y poder pagar los servicios”, había dicho Sánchez Negrete cuando presentó el proyecto de aumento.

Refinanciar la deuda

El plan del Gobierno es renovar el convenio de pago con Ashira y refinanciar la deuda refinanciada, teniendo en cuenta que no puede cumplir con ese compromiso, por lo que los intereses siguen sumando y el importe final crece sin cesar.

La idea es firmar un convenio con el compromiso de pagar unos 5 millones de pesos por año, para que en diez esté saldada esa deuda, lo que implicaría comprometer a al menos tres gestiones más.

Cuando pidió la prórroga del contrato a mediados de 2016, el Gobierno reconoció que era “necesario efectuar un nuevo llamado a licitación pública” para el Servicio, que además de la recolección de residuos domiciliarios incluye barrido y limpieza.

En ese momento dijeron que estaban “elaborando el pliego para efectuar la convocatoria” y que demandaría “un tiempo administrativo mayor al plazo de vencimiento del contrato”, que era en julio. Por ello pidieron prorrogar el contrato directo hasta diciembre.

Ahora firmaron una nueva prórroga por tres meses que tiene destino de réplica en abril si el llamado a licitación no se hace efectivo en los próximos días.

Mientras tanto, el tiempo corre y con él los intereses, los costos del servicio aumentan y la posibilidad de que haya otros interesados en hacerse cargo se reduce.

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