Un exclusivo informe de la edición impresa de este miércoles de La Opinión revela la suspensión por decreto de tres empleados municipales que en los últimos dos meses fueron sumariados por hechos graves que podrían costarle el cargo y hasta denuncias penales.
Los tres fueron suspendidos por 60 días sin goce de haberes y, de acuerdo a lo que pudo reconstruir este semanario, el Gobierno sólo publicará en el Boletín Oficial la parte resolutiva de los decretos, para no ventilar las identidades y los hechos que dieron lugar a los sumarios, al menos hasta tanto haya una resolución.
Uno de los casos es el de una empleada de Rentas sospechada por el faltante de alrededor de 167 mil pesos, situación que fue detectada porque un contribuyente pagó por un trámite y en otra dependencia le dijeron que tenía el comprobante anulado, lo que provocó una pesquisa que determinó que sería una modalidad sistemática en una de las cajas.
El otro es un empleado del Juzgado de Faltas, acusado por un joven que fue a hacer un trámite por una multa y por un funcionario municipal que relató lo que le refirieron otros que pasaron por la misma situacion. Según esos relatos, el trabajador les habría "tocado las partes íntimas" e insinuado "favores sexuales" para "hacer pasar" las infracciones.
El tercero es un trabajador del Centro de Salud de Río Tala, acusado de llevar menores de edad a una de las salas de ese espacio asistencial, sin que haya autorización médica alguna, tratar animales en el mismo consultorio y hasta prescribir tratamientos médicos sin ser profesional.
Los detalles de cada caso que pudo reconstruir La Opinión están en la edición impresa de este miércoles y además serán publicadas en esta web por separado, para que los lectores tengan acceso a esa información, que produjo en exclusiva este semanario.
