Trasnoche de sesión en el Concejo
La primera sesión ordinaria del año duró casi seis horas. Hubo fuertes debates, algunos proyectos relevantes pasaron a Comisión y otros fueron aprobados sobre tablas. Entre los más importantes, la Banca Abierta, suspensión de habilitación de comercios tipo “La Saladita” y el pedido de informes sobre faltantes en el Buque-Museo.
El jueves, pasadas las 19.00, tuvo lugar la primera sesión ordinaria del año, luego de la formalidad de la apertura. Duró hasta pasadas las 00.30 y, como se preveía, tuvo importantes debates sobre algunos temas. Daniel Monfasani, Carlos Casini, Noemí Bordoy, Martín Pando y Matías Velo fueron las principales voces de la jornada.
La Orden del Día planteaba 17 expedientes, entre proyectos de ordenanza ingresados, dictámenes de comisión y pedidos de informes. Uno de los debates tuvo lugar cuando se aprobó la ordenanza que impide la instalación de ferias al estilo “La Saladita”, cuyo texto tocaba tangencialmente algo que a esta altura es ya una deuda política en la ciudad: la necesidad de reformulación de la ordenanza de uso y ocupación del suelo, conocida como San Pedro 2000, creada en tiempos del primer gobierno electo tras la dictadura.
El otro fue importante, provocó cruces, roces, ruptura de las formalidades propias del Concejo Deliberante y hasta alusiones a la vida personal de los ediles entre sí. El polémico pedido de informes elevado por el Justicialismo sobre “faltantes de piezas” en el Buque Museo General Irigoyen.
Informes al Ejecutivo
Dos pedidos de informes se llevaron buena parte de la discusión durante la sesión. El presentado por el bloque justicialista sobre “faltante de piezas de bronce, vajillas, combustible, etc.” del Buque Museo General Irigoyen fue uno de los momentos más tensos en el Concejo.
El bloque liderado por Daniel Monfasani asegura que “vecinos presumen que (esas piezas) se encuentran en una casa de compraventa y que por las mismas se habría abonado una suma que rondaría los $ 4.500”.
El bloque oficialista hizo una férrea defensa del Director de Cultura –a quien el proyecto no cuestiona, por cierto– y que fuera el responsable de responder en los medios ante la aparición del pedido de informes.
A lo ya dicho por José Luis Aguilar –que desde que el barco entró bajo la responsabilidad del Municipio nada faltó y que antes hubo tareas a cargo de la Armada–, Noemí Bordoy agregó que “existe un listado detallado con todo lo que hay en el barco”, y que hubo cosas que “se tiraron porque eran chatarra, basura”.
El Concejal Matías Velo tuvo duras consideraciones para con Monfasani, acusándolo de hacer “circo mediático”, “afirmaciones que no le constan a nadie”, tener “intencionalidad de redactar mal los pedidos de informes” y hacer “pantomimas” como una “táctica mediática”.
Propuso una moción para “primero preguntar si hubo faltantes” y aseguró: “Como yo no quiero ser candidato, no trato de sacar cualquier cosa para difamar a cualquiera a cualquier costo”, y espetó: “Si tienen las pruebas, como dicen, que denuncien ante la Justicia también”.
Varias veces el Presidente del cuerpo Sergio Rosa tuvo que repetir: “No dialoguen por favor”, ya que Monfasani no esperaba el final de la alocución de Velo para responderle. Cuando le tocó la palabra fue más duro aún contra el joven edil, a quien acusó de “irse de tema y meterse en la vida personal de las personas, y no están habilitadas moralmente para hacerlo, cuando no respetan las leyes en cuestiones muy graves de la vida particular de cada uno”.
“A nosotros nos da vergüenza tener que presentar un pedido de informe en cada sesión, pero nunca nos contestan nada, incluso pedidos con modificaciones propuestas en este recinto”, expresó Monfasani, quien sostuvo que “el Director de Cultura contestó muy bien y estamos orgullosos de que el barco esté en San Pedro, pero estas cosas faltaron y se pagó por esas cosas, yo no tengo interés de preguntarle a él qué pasó, el modo de pedir explicaciones es el Concejo Deliberante”. Aceptó las modificaciones del proyecto, que fue aprobado por unanimidad, pero insistió: “Esas cosas son del Estado, de todos los ciudadanos, y todos acá saben que nada se puede tirar y menos vender, sabemos que los estamentos públicos están llenos de sillas rotas, chatarra, criaderos de ratones, etc.”.
Aprobado, sí señor
Entre los expedientes aprobados, uno de los más relevantes tiene que ver con la “democratización de la democracia”. Se trata de la creación de la Banca Abierta en el Concejo Deliberante, que permitirá a los ciudadanos tener voz ante el cuerpo deliberativo sobre temas que le preocupen.
La ordenanza, cuyo texto creó el Concejal electo por la lista de Acción por San Pedro Martín Pando, significa un avance respecto de la situación actual de la ciudad pero, no obstante ello, tiene algunos puntos que de haberse profundizado podrían haber dado un carácter verdaderamente democratizador a la propuesta.
La Banca Abierta dispone que cualquier ciudadano, en representación de sí mismo o de organizaciones de la sociedad civil, pueden exponer ante los Concejales opiniones, propuestas o reclamos respecto de temas que sean pertinentes al debate del cuerpo.
Para ello deberá remitir una solicitud por escrito, en el que informará sobre el tema a tratar, que será exclusiva referencia en su alocución. Serán aceptados dos ciudadanos por sesión.
La generación de participación que supone esta ordenanza tiene algunos puntos que atentan contra esa misma apertura y que deberán ser debate a futuro si realmente es intención del deliberativo local abrir sus puertas a la democracia participativa.
Quien haga uso de la Banca Abierta podrá hacerlo sólo una vez al año; tendrá apenas diez minutos para exponer su tema, aunque podrá ser ampliado previa autorización del Concejo; la Comisión de Labor Legislativa podrá decidir qué propuestas se condicen con “el espíritu” de la ordenanza y autorizar o no la petición.
La maratónica sesión del jueves también aprobó un convenio de movilidad para los trabajadores rurales incluidos en el programa Interzafra, que permite el traslado de obreros a otros distritos bajo el mismo plan.
Otra de las ordenanzas sancionadas fue la obligatoriedad para los comercios dedicados a la venta de motos para que expongan carteles donde se informe al consumidor que no se puede circular en cuatriciclos y triciclos motorizados. Este proyecto nació en el seno de las comisiones que trataron un expediente ingresado por el Ejecutivo que pretendía declarar zona de circulación para esos vehículos, desconociendo la legislación nacional que lo impide, en la medida en que no pueden ser patentados, por lo tanto no poseen la documentación obligatoria para transitar en la zona urbana.