Tras separar al gerente y a un cajero, el Banco Industrial recibe denuncias
La cantidad de casos de jubilados y pensionados que se quejaron por la falta de dinero y los descuentos por créditos que nunca habían tomado derivó en un gran interés por parte de las autoridades de la entidad. Esta vez tomaron conocimiento de que los reclamos están vinculados a actividades que podrían derivar en causas penales. Hay cartas documento que así lo acreditan. La gerenta de relaciones institucionales ya interviene en San Pedro.
Desde que abrió sus puertas en el local donde supo funcionar la antigua mueblería Santa Teresita, el Banco Industrial, dedicado en especial a la atención de jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de sus cajas, tuvo que enfrentar diversas etapas. Las más graves podrían tener consecuencias en la Justicia y provocaron una seria intervención en la entidad. La mejor es el recuerdo de una entidad con asientos de espera y café para los adultos mayores.
El gerente de la sucursal local Andrés Facchini y un empleado del sector de cajas dejaron su lugar –en sentido estricto: los obligaron a renunciar, uno de ellos sin goce de indemnización– luego de algunas situaciones que se repitieron y que elevaron el tenor de las sospechas que históricamente recayeron sobre quienes se desempeñan en ese banco.
En ese marco, a los múltiples reclamos que señalan a un cajero en particular y a las quejas que llegaron a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), se suman las cartas documento que damnificados por descuentos no autorizados enviaron con advertencias de iniciar acciones penales y civiles en la Justicia.
La entidad, desde que el público comenzó a saber que no está cautivo de ella y puede elegir dónde percibir sus haberes, sufrió una importante merma de clientes derivados de Anses. Aun así, los casos en los que hay faltante de sumas de dinero se reproducen sin cesar.
Tarjeta roja para dos
Desde el área de comunicación institucional de la entidad confirmaron los alejamientos e informaron que fue una decisión ligada a un proceso de “reestructuración” que obligó a desvincular empleados en diversas sucursales, a raíz del crecimiento del uso de las tarjetas de débito para que jubilados y pensionados, sus principales clientes, cobren vía cajero automático sus haberes, algo que, aseguraron, promueven el Estado nacional y el propio banco.
Sin embargo, no es la primera vez que separan a un empleado en medio de las sospechas en las que los damnificados repiten la palabra “estafa”, aunque pocos son los dispuestos a seguir el camino legal para formalizar sus denuncias o recurrir al libro de quejas que supervisan las autoridades zonales, regionales y nacionales del Banco.
La falta de montos que van de los 500 a los 2.000 o 3.000 pesos, según los casos, se remontan a mucho antes del “cambio de sistema” argumentado en la última intervención de la Omic, que de hecho le dio la razón al banco, porque se pudo comprobar que cuando migraron de sistema hubo errores y muchas operaciones carecían de constancia.
Hace algunos años el despido de una cajera se mantuvo en reserva y la entidad hizo un esfuerzo importante para que el escándalo en el que se vio envuelta la empleada no trascendiera. Esta vez, la actitud fue diferente: ya hubo cambios y habrá otros que se supervisarán de manera directa (ver recuadro).
Fueron, como siempre, los propios usuarios los que dieron cuentas de reclamos que habían presentado porque les aparecían descuentos que no correspondían o les faltaba dinero a la hora de cobrar.
Un caso testigo
A la gran cantidad de relatos que aportaron jubilados, pensionados y familiares suyos respecto de situaciones por las que tuvieron que reclamar ante el Banco Industrial se sumaron las cartas documento.
Uno de esos casos es el de una mujer discapacitada que no tiene autonomía individual para ejercer actos administrativos y que no puede disponer de sus bienes, por lo que tiene una curadora a su cargo, bajo la supervisión del Juzgado de Familia.
Desde 2015 a esta parte le aparecieron créditos que nunca había tomado. Los tres fueron consecutivos. Terminaba uno y comenzaba el otro. Cada mes le debitaban de los haberes de su pensión no contributiva un monto que correspondía a la cuota de cancelación del préstamo.
No lo sabía. No podía darse cuenta. Su curadora lo notó tiempo después y consultó a un estudio jurídico, que solicitó por carta documento que cesaran con los descuentos, porque no había documentación que los respaldara.
Un dato de este caso es importantísimo para lo que sobrevendría: la damnificada no puede firmar. De hecho, la leyenda “No firma” está plasmada en su documento nacional de identidad. No podría haber firmado solicitud de crédito alguna.
Con asistencia letrada, la curadora de la joven discapacitada intimó vía carta documento al banco para que den de baja esos préstamos, devuelvan las sumas debitadas durante los últimos dos años y se avengan a indemnizar a la damnificada por los perjuicios causados.
Iniciar las acciones civiles y penales que corresponden es la advertencia, en el marco de lo que, entienden, se trataría de un delito en el que, eventualmente, la denunciada sería la propia entidad, en la medida en que no podrían la víctima y sus representantes identificar al autor.
El banco dio de baja los créditos y dejó de descontar de los haberes de la joven discapacitada.
Hay versiones que indican que el exgerente Facchini se habría presentado con un abogado oriundo de San Nicolás para intentar un acuerdo extrajudicial y que habría ofrecido una suma de dinero que lejos estaba no sólo de reparar los daños sino de lo que una demanda civil podría implicar para el banco.
No sería este el único caso en el que representantes de personas declaradas incapaces para la realización genérica de actos jurídicos y administrativos habrían intimado por carta documento al Banco Industrial por hechos de las características del narrado en esta página.
Varios estarían esperando que la entidad conteste los oficios remitidos para, con la documentación en mano, hacer efectivas las demandas judiciales correspondientes que, como se dijo, podrían recaer tanto en el fuero civil, para reclamar indemnizaciones, como en el penal, puesto que podrían constituir delito.
Un remolino de cambios
El martes por la mañana y a pocas horas de conocidos los desplazamientos de los dos empleados de la sucursal, la Gerenta de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresaria, María
Laura Visuara, confirmó que estaba trabajando en San Pedro para acompañar a quien tendrá a cargo el manejo de la entidad por algunos meses.
Se trata de Mirna Rodríguez, quien llega con instrucciones precisas para devolver la eficiencia y el trato con los adultos mayores que fue en constante deterioro durante los últimos años.
Basta recorrer el archivo fotográfico y de testimonios de los jubilados para saber qué estaba sucediendo puertas adentro. Más allá del caso de los damnificados, había un creciente malestar y pocas respuestas.
“Queremos que el adulto mayor se sienta cómodo, contento y contenido”, dijo Visuara y refirió que permanecerá atenta a todas las personas que necesiten una comunicación directa, además de ofrecer su servicio para cualquier cliente que desee plantear dudas, quejas o reclamos.
“Me pongo a disposición para escucharlos”, sostuvo y brindó detalles de los planes que tiene el Banco Industrial para todas sus sucursales.
En el local de calle Pellegrini hubo presencia especial en el mes del jubilado con canastas diseñadas para la ocasión. Habrá cambio de sillas, estrictas instrucciones para satisfacer la demanda de los clientes sin esperas prolongadas, cumplimiento de los convenios con el Anses, atención personalizada para los casos más sensibles y capacitaciones para el manejo online y con tarjeta de débito, que evite la presencia física cuando es innecesaria.
En cuanto a lo que este medio pudo percibir, está clara la intención de revalorizar y hacer eficiente la tarea tanto en atención como en venta de servicios con información clara y precisa a cada persona que llegue con una inquietud.
Visuara se comprometió a recuperar la valoración que desde su inauguración tuvo el BIND en la localidad y entiende también que es una posibilidad que muchos reclamos no hayan llegado a sus manos porque se respondían localmente.