Tras reclamo de almaceneros, sólo podrá haber un supermercado a 500 metros de otro
El oficialismo presentó un proyecto consensuado con la Cámara de Almaceneros y el Sindicato de Comercio. Cualquier supermercado que busque habilitar no podrá estar ubicado dentro de los 500 metros a la redonda de otro local del mismo rubro. Debe haber, como máximo, uno cada dos mil habitantes. Quien no sea propietario del edificio, deberá acreditar su capacidad de inversión.
San Pedro tendrá una nueva y más restrictiva regulación para la instalación de comercios minoristas que superen el concepto de almacén o despensa. El oficialismo elevó un proyecto al Concejo Deliberante, donde cuenta con los votos para aprobarlo, luego de las propuestas elevadas por la recientemente conformada Cámara de Almaceneros y consensuado con el Sindicato de Comercio.
El reclamo de una nueva generación de almaceneros que lograron agruparse en el seno del Centro de Comercio despertó el debate acerca de la necesidad de modificar la normativa vigente desde el año 2000, a raíz del avance del supermercadismo, el cambio en las costumbres de los consumidores y la necesidad de proteger el trabajo local.
El Gobierno local decidió hacerse eco del tema. La Secretaría Legal y Técnica, el Juzgado de Faltas y la Dirección de Rentas, junto con los concejales de Cambiemos, trabajaron el tema y elevaron el proyecto el lunes, para que ingrese al cuerpo de manera formal el jueves y comience el debate.
Según adelantó el edil Gerardo Pelletier, las comisiones de Desarrollo Económico y de Peticiones serán las que tengan en estudio el expediente.
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“La distancia mínima de localización de este tipo de comercios minoristas no podrá ser inferior a 500 metros a la redonda respecto de otro local o establecimiento ya habilitado de la misma categoría”.
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Más restricciones para los supermercadistas
La proliferación de supermercados en los últimos años tiene como protagonistas a los capitales de origen asiático, sobre todo chino. En San Pedro hay –como puede observarse en el mapa que ilustra esta página– 16 comercios de esas características habilitados y otros dos en construcción.
La semana pasada los vecinos de Santa Lucía tomaron conocimiento de que en un antiguo galpón céntrico están trabajando para instalar uno, lo que valió un encendido reclamo de los comerciantes del pueblo (ver aparte), y en Gobernador Castro se vio a ciudadanos de origen chino que recorrieron la localidad en busca de un edificio para proyectar otro.
Si a la hora de tramitar el expediente de habilitación ya está en vigencia la nueva ordenanza, estos cuatro nuevos supermercados se encontrarán con algunas dificultades para la apertura de su comercio.
Los que están en San Pedro deberán acogerse a una normativa nueva que es un tanto más restrictiva que la actual y que tiene como principal novedad la imposición de una distancia obligatoria entre cada comercio del mismo rubro.
El proyecto para regular la actividad de los comercios minoristas dedicados a la venta de productos alimenticios y agregados contempla tres categorías: autoservicio, de entre 80 y 300 metros cuadrados; supermercado, de entre 300 y 900; y grandes superficies comerciales o hipermercados, de más de 900, reguladas por ley provincial.
La nueva normativa contempla lo que establece la San Pedro 2000 en relación al espacio equivalente al 10 por ciento de la superficie cubierta que debe ser destinado a carga y descarga, y lo referente al estacionamiento: 150 metros cuadrados por caja habilitada por Afip.
El punto más importante es el que señala que “la distancia mínima de localización de este tipo de comercios minoristas no podrá ser inferior a 500 metros a la redonda respecto de otro local o establecimiento ya habilitado de la misma categoría”. Es decir que, desde que se sancione la ordenanza, sólo podrá haber un supermercado a cinco cuadras de otro.
El otro ítem relevante del articulado es el que indica que “la cantidad de comercios habilitados no podrá exceder el tope de un local de esta categoría cada 2.000 habitantes”.
Ello implica que en San Pedro no podrá haber más de 30 supermercados. Pero en todo el distrito, ya que no hay discriminación por localidad, algo que el oficialismo está dispuesto a debatir en las reuniones de comisión, a las que convocará a los actores vinculados al tema.
Hay que justificar la inversión
La ordenanza, cuyo trámite esperan que sea rápido, será de aplicación “a todas las habilitaciones en trámite y a las que en futuro se soliciten como así también para cambios de titularidad”.
Ello significa que una vez sancionada, todo expediente en marcha deberá ajustarse a ella. El agregado del “cambio de titularidad” tiende a evitar una lógica que se observa desde un tiempo a esta parte: las presiones sobre los supermercadistas locales que terminan cediendo y venden su comercio.
La otra novedad de relevancia es la que obliga al titular de un emprendimiento de estas características a informar el monto total de la inversión y a justificar el origen de los fondos.
Si es propietario del inmueble donde instalará el supermercado, deberá presentar escritura y declaración jurada de bienes personales y ganancias del año anterior “donde figure el inmueble afectado a la explotación”, es decir que debería haberlo adquirido al menos en el ejercicio fiscal anterior. Si así no fuera, deberá adjuntarse certificación de bienes firmada por contador público y por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Si alquila, deberá “acreditar la capacidad de inversión” a través de declaración jurada de Bienes Personales y Ganancias del año anterior.
Un proyecto consensuado
El oficialismo trabajó el tema a partir de un modelo que elevó el Sindicato de Empleados de Comercio, con el objetivo de actualizar la norma vigente y “lograr una articulación compatible con la regulación legal, con la realidad de la actividad comercial local, evitando la proliferación de establecimientos y emprendimientos sin criterio racional”.
La Cámara de Almaceneros había advertido que la cantidad de supermercados que hay en la ciudad atentaba contra la continuidad de muchos de ellos.
El proyecto, empero, tuvo que salvaguardar el derecho constitucional a comerciar. El expediente presentado el lunes asegura que buscaron privilegiar “el interés socioeconómico de la población y el crecimiento armónico del comercio minorista local” para “generar políticas de creación de empleo, siempre en un marco de equilibro, tendiente a la preservación de las fuentes de trabajo existentes y la expansión del nivel de ocupación de la mano de la obra local en condiciones formales y dignas para los trabajadores”.
Aunque algunos no estén tan de acuerdo
Iván Paz estuvo el lunes en Santa Lucía para charlar con los comerciantes preocupados por el supermercado chino que está en construcción en el pueblo. Allí les habló de este proyecto de ordenanza. En diálogo con La Opinión, el edil dijo que el expediente contiene los lineamientos del Gobierno municipal “en defesa de los comerciantes locales”.
“Ese es el espíritu del Intendente y de nuestro bloque”, sostuvo ante la consulta acerca de si había consenso en la bancada que preside.
La pregunta no fue casual: en septiembre de 2014 el Concejo había dictaminado un viejo proyecto del exconcejal Adrián Macenet para la obligatoriedad de estacionamiento dentro del predio en los supermercados de entre 300 y 900 m2. El expediente no se votó porque, en sesión, el concejal Sergio Rosa, abogado tributarista en cuyo estudio atiende a clientes supermercadistas chinos, dijo que tenía “algunas dudas”, tal como se los había planteado Mario Sánchez Negrete en las reuniones luego de que las dos comisiones dictaminaran a favor de aprobarlo.
Esta vez, “más allá de la opinión particular de algunos”, dijeron en Cambiemos, el proyecto va a avanzar. “Los supermercadistas chinos conocen todas las argucias legales y contables posibles. Se ve que están bien asesorados”, dijo en estricto off y entre risas uno de los hombres en los que más confía el intendente Salazar.
Esta vez, “más allá de la opinión particular de algunos”, dijeron en Cambiemos, el proyecto va a avanzar.