Tras los allanamientos, nada cambia en el Hermano Indio
La Justicia avanza en la investigación que procurará llevar a juicio a los imputados por venta de drogas en el barrio, aunque el Juez liberó a la mitad de los detenidos. Fiscalía analiza los teléfonos y las pruebas. En el barrio, los vecinos aseguran que todo volvió a “la normalidad” en la que reina el delito.
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Mientras la Fiscala Viviana Ramos trabaja en la profundización de la causa por venta de drogas que tiene a cuatro detenidos y a otros cuatro liberados pero todavía imputados, en el barrio Hermano Indio los vecinos asisten al regreso a la “normalidad” del territorio.
Ello significa que los tiros, la venta de drogas, los robos y la ausencia de intervención planificada del Estado son situaciones que no se modificaron.
Igual que ayer
En el barrio las cosas no cambiaron mucho desde que un allanamiento con más de 200 policías y hasta un helicóptero irrumpió hace diez días para detener a ocho personas y luego liberar a cuatro, entre ellas a una mujer a la que todos –incluida la Fiscala Ramos, que investiga el caso– señalan como líder de una banda que vende drogas al menudeo.
“Es puro humo lo que hicieron. Ese mismo día, a la noche, seguían vendiendo”, se quejó un vecino que, desde unas pocas cuadras del centro neurálgico del conflictivo pasillo, mira con atención lo que sucede.
“Los que joden son los que roban todo lo que encuentran y son todos menores. Los drogones no joden tanto; el problema son los que venden, que encima son todos drogones también”, agrega otro habitante de la zona.
Por momentos hay una tensa calma. Luego se ven, otra vez, los jóvenes armados que se disparan entre sí. Los vecinos aportan fotos pero tienen miedo de hablar y de declarar en su contra.
“No es fácil vivir acá. Tenés que dejar a alguien para que no te usurpen o te roben. Si los mirás medio raro, se enojan. Si los saludás, no contestan. Si no los saludás, te dicen cosas”, cuenta una joven madre del barrio.
La semana pasada, luego de la irrupción de la policía, el Hermano Indio vio aparecer los camiones del Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social que conduce José Luis “Renegado” Franchini.
Fueron a llevar “ayudas urgentes” que, aseguran, habían sido relevadas con anterioridad por trabajadoras sociales del CDR. Camas, colchones, heladeras, cocinas y otros elementos fueron entregados. Cuando La Opinión pasó por el barrio, las madres pidieron zapatillas para los chicos. De los que deben ir a contener la situación social más allá de “la repartija”, ni rastros.
Ramos quiere a todos presos
A la Fiscala Viviana Ramos no le cayó en gracia que el Juez de Garantías Ricardo Pratti haya decidido liberar a cuatro de los ocho aprehendidos aquella tarde del operativo.
El primero en irse fue un joven con discapacidad motriz, identificado como Alexis Nahuel Vargas, de 22 años, al otro día de los allanamientos. El lunes fue liberado Omar Roberto Blanco, de 43 años, quien no sería más que un comprador.
Ese mismo día fueron excarceladas Roxana Alejandra Morales (38) y Stella Maris Salazar (40), detenidas en Balcarce 1550, con drogas en su poder y con la sospecha de ser las líderes de al menos una de las bandas que disputan territorio para la venta de drogas.
Las dos mujeres volvieron a sus domicilios porque a la hora de analizar su situación pesó el hecho de que el sistema penitenciario está colapsado. Sin demasiado cupo, los jueces tienden a liberar hasta tanto avancen las investigaciones.
“Estamos trabajando con la prueba, pedimos prórroga para pedir la prisión preventiva de los que quedaron detenidos y avanzar en las otras puntas de los que quedaron excarcelados”, explicó Ramos a La Opinión.
“Tengo muchísima prueba para avanzar en la línea de investigación que sindica a esa mujer –por Salazar– como una de las líderes”, sostuvo la Fiscala y aseguró que analiza volver a pedir su detención, ya que “hay mucho en su contra, como para dar vuelta la resolución” que la dejó en libertad.
La causa ya tiene 500 fojas y una gran cantidad de prueba producida. Entre ella, buena parte de lo que hay en los 23 teléfonos celulares secuestrados.
La causa por corrupción de menores
El día de los allanamientos La Opinión reveló que en uno de los pasillos del barrio Hermano Indio detuvieron a personas que además de estar acusadas por tenencia de drogas para su comercialización fueron imputadas por corrupción de menores, ya que sometían sexualmente a chicas adictas a cambio de dosis que no podían pagar.
“Tenemos claro lo sucedido y vamos a sumar indagatorias al respecto, que están pendientes. Estamos sumando elementos en esa causa en particular, que va atada a la de drogas pero tiene particularidades especiales”, explicó la Fiscala Ramos.
