Tras la jornada de desalojo, en La Tosquera esperan que no se olviden de ellos

La noche anterior al anunciado desalojo en el barrio Los Cazadores, al que por comodidad y a pesar de sus habitantes todos llaman La Tosquera, fue más tensa que la mañana. Nicolás Molina, el vecino fundador no pudo dormir. Temblaba y se quejaba ante sus hijos: “Cómo puede ser que nos vayan a sacar después de 50 años, después de todo lo que hicimos”.
“Todo” es exactamente eso para ese barrio: todo. Lo que hace cinco décadas era monte y bañado hoy es un barrio de casas que de a poco fueron dejando la precariedad, con luz eléctrica, agua corriente y calle entoscada gracias a una Comisión de Fomento que apenas sabiendo leer y escribir puso lo necesario para hacer lo que el Estado nunca intentó: mejorar las condiciones de vida de esos isleños a los que el agua arrastró al continente.
A las 7.00 de la mañana del miércoles, quien atravesara la bajada desde la escuela hacia el barrio propiamente dicho se topaba con un piquete dispuesto a todo para detener la orden judicial que señalaba el desalojo de cinco vecinos con nombre y apellido –entre ellos Nicolás Molina y Nancy, ambos ubicados a pocos metros de la bajada– más “otros” sin identificar.
La mayoría de los procesados identificados en la causa penal iniciada por Estela De Luccía, propietaria de una quinta barranca arriba, estaban asentados en precarias viviendas en el bajo, a metros de donde existía un viejo alambrado que delimitaba la propiedad de la señora, que linda con la fábrica Papel Prensa.
Sin embargo, la presencia en la causa de Nicolás y Nancy, más esos “otros” sin especificar, puso en alerta a todo el barrio, convencidos de que serían desalojados todos los habitantes desde la bajada hacia la derecha. Nadie les había dicho lo contrario. Ni el Defensor Oficial Guillermo Diez, que nunca apareció; ni el Jefe Distrital Dante Paolini, a quien le encargaron ejecutar el desalojo; ni la Fiscal Gabriela Ates, que tampoco nunca fue a la zona y se valió de las fotografías que tomó una mujer policía para establecer su pedido de alzamiento; menos aún el Juez Pratti (quien en realidad dictó el fallo y no Laura Vázquez, como se consignó la semana pasada), a quien le alcanzó con las pruebas obrantes para ordenar desalojar.
En el barrio desobedecieron todas las recomendaciones que la Policía hizo los días previos: prendieron gomas; pusieron un alambre de púas interrumpiendo el paso; cavaron un pozo de punta a punta en la calle; reunieron a todas las mujeres y niños posibles al frente del cordón humano. Lo único en que sí hicieron caso fue en guardar las armas, piedras y proyectiles caseros que habían recolectado para resistir.

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En eso llegó Fito
El Director de Viviendas Adolfo “Fito” Benincasa y la Jefa de la Oficina de Escrituraciones Valeria Leboso llegaron antes que la policía se presentara para cumplir la orden, mientras los concejales Monfasani, Atrip y Macchia, junto al articulador del Ministerio de Desarrollo Social Isaac Cordobés recorrían la zona y eran recibidos a punta de escopeta por una de las cuidadoras de la propiedad de De Luccía.
Benincasa traía en la mano el plano que se reproduce en esta página, que daba cuentas de lo que para ese día era una novedad imperdonable para el sufrimiento de los vecinos: la parcela a desalojar nada tenía que ver con las viviendas ubicadas de frente a la calle, puesto que ese predio es fiscal.
Esto es así ya que las casas históricas de La Tosquera están sobre la parcela 100, mientras que la que había que desalojar era la 91, correspondiente al bañado y al resto del terreno más allá del fin de la calle, donde estaba emplazado el grupo de viviendas precarias y recientes.
Nicolás Molina y Nancy, habitantes de la zona histórica, estaban procesados porque ambos poseían corrales de animales en el bañado que está frente a la calle y donde siempre los vecinos del barrio criaron su ganado, con el que sobreviven a la miseria a la que décadas de olvido los viene condenando.

Lo que queda y lo que sigue
La causa penal terminó, ya que para la Justicia el predio fue restituido (ver aparte). Sin embargo, en el barrio quedó una preocupación que los acompaña desde siempre pero que a veces cesa para diluirse en la cotidianeidad, donde los problemas acuciantes pueden ser parar la olla, tener un calzado para que los chicos vayan a la escuela, o preguntar cómo tramitar la asignación universal por hijo.
Hasta al momento, la tranquilidad de los vecinos es la de saber que no van a sacar a los habitantes históricos y que, en todo caso, los que estaban en riesgo son los cinco o seis “ranchitos del fondo”, que si acaso se ven nuevamente ocupados, la dueña del predio podría denunciar e iniciar una nueva causa.
El problema en La Tosquera, ahora, es otro. Los fundadores del barrio Los Cazadores y su descendencia viven allí sin título de propiedad. Desde la semana pasada saben que el terreno es fiscal. El Director de Viviendas dijo a La Opinión que comenzará el proceso de regularización dominial, aunque en los últimos días no hubo movimiento al respecto.
Nicolás Molina y Nancy tuvieron que sacar sus animales del bañado antes del día del desalojo, por lo que ahora se preguntan cómo seguir. Es que ese predio, que fue usucapido en 1975, según informó Benincasa, tiene un dueño que si bien nunca hizo nada en él, puede acreditar su propiedad.
Una de las opciones que se barajan aquí es la de declarar la utilidad social de la tierra y dejarla sujeta a expropiación, con el argumento del uso productivo familiar y a pequeña escala de unas 40 familias. Son procesos largos, que nadie garantiza.
El Presidente del Concejo Daniel Monfasani habló de expropiación ese día, en procura de la necesidad de salvaguardar las viviendas. Tal vez proponga que sea expropiado el tramo de tierra que llegaría hasta la calle –en la parte donde ésta no está–, que es donde estaban emplazadas las cinco o seis viviendas precarias, que si bien el día del desalojo estaban “deshabitadas e inhabitables”, como dijo Paolini, bien podrían ser reacondicionadas y rehabitadas, más temprano que tarde y cuando la atención ya no esté puesta allí.
El camino que choca contra un grupo de viviendas sería extendido, de acuerdo a lo que reconoció Benincasa, para quien hay un límite físico claro a la hora de reclamar propiedad y es la calle.
En La Tosquera ya piensan en reflotar la comisión de fomento del barrio Los Cazadores. Nicolás Molina se siente viejo pero no vencido. Sus hijos lo acompañan y los vecinos lo respetan. Su único temor es que suceda algo similar a cuando decidieron llevar la luz y el agua.
“Había quienes me decían que se querían seguir alumbrando con candil y tomando agua del río, nunca los entendí”, le contó a La Opinión mientras cebaba mates y se secaba el rostro de sudor y lágrimas tras una jornada que había sido agotadora. “Mi mayor dolor es que me trataron como un delincuente”, dijo apoyando firme su brazo en el hombro del cronista, con la mirada fija en el horizonte, con la bronca masticada y el orgullo intacto de hombre de bien.

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Fin de la causa
El expediente IPP 16-01-003576-12 por “usurpación de inmueble” quedó resuelto tras el operativo policial de la semana pasada –para el que había 40 efectivos esperando órdenes para intervenir, en inmediaciones de la Comisaría–, ya que para la Justicia luego de ello no hay objeto del delito investigado.
La Fiscal del caso, Gabriela Ates, señaló que el desalojo fue ordenado “respecto de la parcela N° 91” y sólo ella, por lo que nada tenía que ver la de frente a la calle, es decir la 100, donde viven los habitantes históricos del barrio.
Ates explicó que “efectivamente se constató en el momento de la denuncia, en septiembre del año 2012, la existencia de algunas viviendas precarias, un total de cinco”.
“Dichas viviendas, fueron certificadas y fotografiadas por personal policial, y a sus ocupantes se les recepcionó declaración como imputados del delito de usurpación”, detalló la Fiscal.
“Con el transcurrir de la causa, en sus diferentes etapas procesales, dicho predio, en momentos anteriores a la fecha pautada con varias áreas que deben convocarse a fin de realizar el desalojo, se desocupó”, sostuvo. Por lo tanto, explicó, el desalojo “no se suspendió”, así como tampoco hubo “ningún tipo de confusión respecto de la parcela”.
“Que los habitantes en ‘infracción’ hayan optado por retirarse, y con esto evitado ser desalojados por la fuerza, fue lo mejor que pudo suceder, para evitar esa medida gravosa” agregó.
Ates indicó que “la parcela de propiedad de la denunciante se entregó libre de ocupantes, los que no obstante haber sido indagados hace unos meses, se retiraron del lugar y se desconocen sus domicilios actuales”.
Respecto a lo que sucedió el día del desalojo, apuntó contra el Director de Viviendas municipal: “Lamento que personas que desconocen la causa, como así también las instancias procesales por las que pasó, se expidan al respecto. Refiero en concreto al arquitecto Benincasa, el que nunca me ha consultado ni me consta haya poseído o al menos dado lectura de los escritos judiciales que obran en la misma”.

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