Dávila y Cruz Roja: tras el desalojo, en el barrio aseguran que “la gente va a dormir en la calle”
Este martes por la tarde, luego de que se produjera el violento desalojo en el terreno usurpado de Dávila Cruz y Cruz Roja, La Opinión recorrió el predio, que permanece custodiado por efectivos policiales. En el barrio, los vecinos contaron cómo vivieron el operativo, se quejaron por la actuación policial y aseguraron que los desalojados pasarán la noche en la calle. Ausencia total de Desarrollo Humano, a pesar de que hay niños que fueron heridos durante el procedimiento.
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Tras el violento desalojo en el terreno de Dávila y Cruz Roja, las autoridades dispusieron una custodia policial para evitar que los desalojados vuelvan a los predios que ocupaban y de los que tuvieron que retirarse este martes por la mañana, tras la intervención policial.
La Opinión volvió al lugar por la tarde para reportar la situación luego de pasadas varias horas desde que se produjera el procedimiento. Efectivos policiales mantienen custodiado los terrenos. Desarrollo Humano, el Servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y el Estado en general —con excepción de las fuerzas de seguridad— nunca se presentaron.
"La gente hoy a la noche va a dormir en la calle, van a dormir todos acá los compañeros", aseguraron en el barrio los vecinos que salieron por la fuerza del predio y que, aseguran, no tienen dónde pasar la noche tras ser desalojados
"Eran las siete de la mañana, ingresaron por un sector del predio y se vinieron hasta donde estamos nosotros, y empezaron a reprimir, no nos dieron tiempo de nada, ni siquiera de sacar a los chicos que había", contó uno de los jóvenes ocupantes del terreno.
"Pegaban tiros para todos lados, acá en estas casas estabamos corriendo nosotros con los chicos, yo tengo una nena de 1 año y medio, la agarré y salí corriendo", relató otra chica. A su lado, un niño de 8 años mostraba heridas en su espalda: marcas de perdigones de cartuchos de goma disparados por la policía.
En la zona volvieron a quejarse por la decisión de desalojar todo el asentamiento, a pesar de que la mitad estaba instalado en el terreno propiedad de las 11 familías que hicieron la denuncia y el resto en un lote cuyo propietario sería una persona de apellido Jiménez.
