Tras el desalojo, denuncias a la policía y cuestionamientos a la fiscala Ramos
Los desalojados denunciaron el violento accionar de los efectivos policiales y aseguraron que les faltaron elementos personales tras el operativo. A Ramos le cuestionan haber permitido el avance sobre dos terrenos cuando sólo tenía autorización para desalojar uno.
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En Dávila y Cruz Roja todavía quedan huellas del violento desalojo de la semana pasada en el asentamiento precario instalado por vecinos de la zona que usurparon ese predio la última semana de enero.
Entre restos de los ranchitos destruidos, cartuchos de balas de goma detonados e intactos, algunas personas se mantienen en la calle, con ollas populares y un reclamo que tiene cierto asidero: el desalojo tuvo errores en su ejecución.
Tras ser desalojados, los vecinos fueron a denunciar el violento accionar de los efectivos policiales y aseguraron que les faltaron elementos personales. Eso tramita en la Fiscalía de Marcelo Manso, que aunque no estaba de turno es el responsable de instruir las causas relacionadas con violencia institucional.
Viviana Ramos fue duramente cuestionada porque el desalojo tenía orden para un terreno pero se hizo efectivo en dos, que están pegados pero son propiedades distintas.
Alejandro Rusconi, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la provincia sostuvo en medios nacionales que la fiscala “se extralimitó” al permitir el desalojo de las parcelas linderas.
La jueza de Garantías había ordenado la restitución del predio a las 11 familias que lo compraron al dueño de la empresa textil donde trabajan, pero se hizo efectiva, además, con el desalojo de quienes ocupaban precarias viviendas en un terreno lindero, que tiene otro propietario y del que no había denuncia penal alguna, por lo tanto no podría haber orden de alzamiento.
Desde Cruz Roja hacia Hermano Indio –calle sin abrir–, el terreno es propiedad de esas 11 familias. El lote que está antes, hacia Javier Rivero –calle que también está sin abrir–, sería propiedad de un hombre de apellido Jiménez que tiene contacto con la gente del barrio y hasta con personas que estaban en situación de toma.
En el asentamiento aseguraban que contaban con su permiso y que hasta les habrían dicho que permanecieran allí, porque tendría intenciones de vender el predio al Estado local.
La policía llegó y desalojó a todos. Las topadoras municipales derribaron todas las precarias construcciones. En el lugar, nadie reconoció a personal de la Fiscalía que conduce Viviana Ramos, por lo que se desconoce quién le indicó a la policía cuál era el predio sobre el que había orden de desalojo.
