Tras el allanamiento en Prefectura, el Puerto responde la demanda de Indalar

La empresa Indalar y el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro mantienen desde el 24 de diciembre pasado un litigio por una porción de terreno lindero a la dársena que ambos reclaman como propio.
El alambrado que dispuso el Puerto provocó una denuncia por usurpación por parte de la empresa, que además denunció a Prefectura Naval local por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” ya que considera que los efectivos que se hicieron presentes en el lugar por orden del Fiscal Manso deberían haber detenido lo que entienden era la comisión de un delito.
Tras el allanamiento en la sede del Consorcio en busca de libros que estaban en el escribanía Sánchez Negrete –donde no hubo “allanamiento”, como se dijo en un principio, sino la simple constatación de que estaba cerrado por vacaciones–, llegó el turno de la Prefectura.
El viernes llegaron dos agentes de Prefectura Rosario, de civil y en un auto particular, para secuestrar los libros de guardia del año 2010 y lo que va de 2011, en el marco de la denuncia contra quienes estuvieron a cargo de esa fuerza durante el operativo en la zona del conflicto.
La audiencia entre las partes había sido fijada por el Juzgado para el 5 de febrero, el sábado, por lo que tuvo que posponerse. “Miraron el calendario del año pasado cuando fijaron la audiencia, se equivocó el Juzgado”, dijo el Dr. Benito Aldazabal, abogado de Indalar.
La audiencia tuvo lugar finalmente el lunes, pero no pasó nada. Desde el Puerto dijeron que iban a expedirse al momento de responder el interdicto, esto es hoy, ya que el plazo vencía ayer, aunque tienen algunas horas más para hacer efectiva la presentación.
La Opinión accedió a parte de lo que será la documentación que el Puerto público presentará para defender su postura respecto de la posesión de la porción de terreno que alambraron.
El Presidente del Consorcio Mariano Veiga indico que en la presentación dan cuenta de los antecedentes en torno a la cesión de esos terrenos. “Un Decreto nacional del año 1926 designa los terrenos destinados al Puerto, con planos; otra ordenanza pone como límite los terrenos cedidos al Gobierno nacional para el puerto público, desde Playa Mansa hacia el sur, 30 hectáreas, y las tierras consiguientes son cedidas a Dipietri, para el ferrocarril”.
Veiga señaló que en 1948 un Decreto del entonces Presidente Juan Domingo Perón “fijó el límite en la calle 62, es decir 300 metros delante de donde está hoy el alambrado” y que “en 1965 hay expropiación, se hacen los estudios que dicen que no se puede expropiar porque es Puerto público”, explicó el funcionario y agregó: “Después la (ordenanza de uso y ocupación del suelo) San Pedro 2.000, en el apartado sobre área portuaria, habla de la calle 62 como límite”. En los 90’, la Nación traspasa a la Provincia esos terrenos, “según lo que dice el decreto del 48”.
Indalar ingresa en la historia de ese predio en 1983, cuando el Gobierno municipal de Guillermo Farabollini emite una cédula catastral y cede la porción de tierra correspondiente a Dipietri a la empresa.
Según el cotejo de la documentación obrante en la presentación, habría algunos problemas respecto de cómo se midieron esos terrenos a la hora de realizar las tareas de agrimensura en los 80’, que habrían dado lugar a un plano viciado, contrapuesto a lo que señala el resto del expediente “confundiendo” la denominaión de dos estratégicas parcelas para el desarrollo portuario.
Para el Consorcio, “Indalar exhibe una escritura que es correcta, que nace de la ordenanza de cuando le ceden los predios, pero dice claramente hasta dónde llega el puerto y qué le pertenece a Indalar”.
En ese sentido, Veiga sostuvo: “Ahí el límite es la continuación de la calle 62 y a su vez se fija el viejo camino a la balsa, que lo borra Arcor, una calle de uso público que después desapareció”.

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