Trabajo esclavo: Siguen los operativos y las internas
El Ministerio de Trabajo dispuso operativos en la zona de Miramar y Olavarría, donde está involucrada la firma Nidera. En San Pedro, la Uatre detectó a un grupo de trabajadores que fueron expulsados de un establecimiento donde llegaron para trabajar en la guinea, quienes dijeron que estaban alojados “en un colectivo”. Además, el gremio brindó una conferencia de prensa y presentó documentación sobre los procedimientos realizados, ya que consideran que “los medio oficialistas quieren ocultar” su tarea. El Fiscal Giagnorio elevó las causas al Juzgado de Garantías para que tome intervención la Justicia Federal.
A casi un mes del operativo que descubrió trabajadores hacinados en un campo de Nidera S. A. en la zona de Beladrich, los procedimientos para detectar malas condiciones de trabajo, salud e higiene en los establecimientos que están en plena etapa de desflore de maíz y corte de guinea –dos tareas que insumen mucha mano de obra temporaria– continúan con resultados dispares en la región y el resto de la provincia.
A ello se suma la disputa política que se coló en la problemática, habida cuenta de que Gerónimo Venegas, el titular del gremio que representa a los trabajadores rurales, es una de las columnas vertebrales de la campaña Duhalde Presidente, y que el oficialismo cuestionó su tarea tras los casos conocidos.
De la misma manera, desde la Uatre apuntaron a “los medios oficialistas” que iniciaron su embestida con una nota de Página 12 y cargaron contra el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de San Pedro, a quienes señalaron como los responsables del contralor de este tipo de situaciones.
Por su parte, el expediente de la causa fue elevado por el Fiscal Darío Giagnorio al Juzgado de Garantías con solicitud de declinación de competencia, para que tome intervención directa la Justicia Federal, con Villafuerte Ruzo de vacaciones y Martín Martínez en su reemplazo.
Trata de personas
y lesa humanidad
El expediente elevado por Giagnorio es por “Trata de personas, Asociación Ilícita y posible violación al artículo 7 del Estatuto de Roma, por tratarse de un delito de lesa humanidad”.
El Fiscal, especializado en el tema en la Organización de Estados Americanos, continúa investigando las perforaciones ilegales para la extracción de agua y malversación de caudales públicos, por la aparición de paquetes de fideos del Ministerio de Desarrollo social cuya venta está prohibida.
No hay detenidos en ninguno de los casos, aunque hay varios imputados. Uatre abogó porque se produzcan detenciones y consideró que los aprehendidos en el primer operativo, capataces, ingenieros y personal de la empresa de Comat S. A., que proveía alimentos, son “el último eslabón”.
“Estas multinacionales se creen que pueden hacer lo que quieren. Esperemos que las autoridades que corresponden sancionen, porque se ha comprobado que el agua que tomaban no es apta para el consumo humano”, dijo Cecilio Salazar.
Además, señaló que “con el tema de la alimentación, quien provee los alimentos es una empresa que contrataba Nidera. Todos esos precios abusivos son responsabilidad de las dos empresas. Esperamos que esta vez la justicia tome las cosas como corresponde y sancione a los responsables” y apuntó contra el ex Concejal Abel González: “Tuvo participación en el tema de las cooperativas truchas, que tanto hemos coombatido”.
Nuevos procedimientos
Ante el destape de una situación que se reproduce a lo largo y ancho del país desde hace décadas, los organismos responsables de controlar las buenas condiciones laborales de los peones rurales profundizaron la tarea.
La semana pasada, ante una denuncia de un testigo de identidad reservada –trabajador rural él mismo– que aseguró que en establecimientos ubicados en la Ruta 9 cerca del Paraje Tablas había “bolivianos escondidos, que trajeron de Baradero”.
Uatre y el Ministerio de Trabajo se presentaron en los lugares precisados por el denunciante bajo una intensa lluvia. En ninguno de los tres campos inspeccionados se halló trabajadores.
Sin embargo, en uno de ellos, uno de los encargados ratificó lo que dijo el testigo: “Hubo bolivianos en el campo de al lado, sí. Eran unos 40, más o menos. No sé para qué los trajeron, pero estaban durmiendo ahí, en un galpón. Hasta le quedaron debiendo al almacenero, tiene un cuaderno lleno de deudas y está enojadísimo”, relató.
El Fiscal Giagnorio dio instrucciones a la DDI para continuar la investigación sobre el caso, ya que según confió a La Opinión tiene información de que los trabajadores “habrían estado ahí hasta el sábado” 15 de enero. En Baradero hay quien mueve la cabeza y asegura: “Los lleva y los trae de San Pedro para acá y a otros lugares donde también tiene campos, siempre anda esquivando”.
En el resto de la provincia el desflore del maíz comenzó la semana pasada. Mientras Gerónimo Venegas realizaba una conferencia de prensa para los medios nacionales en la sede de Uatre para defender las acciones de su gremio, los operativos comenzaban en la zona de mayor influencia política de la mano derecha de Duhalde. Lobería, Miramar, Mar del Plata y Necochea, el pago chico del líder de las 62 Organizaciones Peronistas. “Una casualidad” que abona a la procacidad con la que la política partidaria satisface la teoría del “sólo lo descubrimos cuando tenemos que terminar con alguien”.
Allí, varios procedimientos detectaron 183 trabajadores hacinados y en malas condiciones de seguridad, higiene y salud.
De los cinco operativos, tres tuvieron lugar en tres establecimientos de Nidera S. A.: En La Ballenera, ubicado en el KM 37,5 de la ruta 88, en Miramar, hallaron 75 personas; otro número igual fue detectado en el campo San José del Retiro, ubicado en el Pasaje La Escuelita, también en el partido de General Alvarado; en el establecimiento La Quimera, KM 3 de la ruta 227, partido de Lobería, había unos 35 trabajadores. Todos oriundos del norte del país.
Además hubo procedimientos en la empresa El Deseo, ubicado también en el Pasaje La Escuelita, donde había 35 personas; y el campo La Baguala, ubicado en el KM 30 de la ruta 226, propiedad de la empresa Santa Sabina S. A. arrendado por Marcelino Coraza, donde había 30 trabajadores.
En nuestra zona comenzó el período de corte de guinea, que también se realiza con la modalidad de trabajadores golondrinas, por lo que la alerta está encendida y ya hubo un caso para analizar, sobre el que trabajaban al cierre de esta edición Uatre, el Ministerio de Trabajo y el Fiscal (ver aparte).
Uatre contra todos
El sábado por la mañana Cecilio Salazar encabezó una conferencia de prensa en la sede de Uatre local para reproducir lo que había hecho Venegas a nivel nacional y profundizar algunas cuestiones propias de la situación en el distrito.
Señaló que su gremio “viene realizando operativos a lo largo y a lo ancho del país desde hace un montón de años” y que la difusión pública que han tenido los últimos casos obedece a “una campaña de los medios oficialistas para hacer aparecer como cómplice de estas situaciones” al gremio, por sus vinculaciones con la candidatura de Duhalde.
En ese sentido, Salazar cargó contra “C5N; Página 12; 6,7,8; (Horacio) Verbitsky”, a quienes sindicó como artífices de una campaña del Gobierno para desprestigiar la tarea de su gremio.
“Nosotros no tenemos nada que aclarar”, dijo, aunque entregó una voluminosa carpeta que da cuenta de las actuaciones del gremio en el último mes, donde señala que el Delegado de Uatre Santa Lucía denunció varios días antes del operativo en Nidera la situación que tenía lugar en El Algarrobo y que “no lo dejaron entrar” al campo.
“Ahora resulta que porque hay elecciones Uatre tiene la culpa de todo. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo”, sostuvo, y aseguró que “falta una clara decisión política del gobernador y del Ministro de trabajo para que estas cosas no ocurran” y que “Cuartango se comprometió en San Pedro con todos los sindicatos a mandar inspectores de forma permanente, a pesar de que acá hay uno que no sé lo que pasa que no le dan trabajo o no trabaja, porque no hace nada”. En ese sentido, destacó la tarea de la Delegada local de la cartera provincial, pero indicó que “no tienen recursos para trabajar como corresponde”.
El viernes, el gremio presentó por mesa de entrada en la Municipalidad una carta dirigida al Intendente Pablo Guacone en la que solicita al Ejecutivo que “ejerza las atribuciones y deberes” que le ocupan de acuerdo a la ordenanza 3.953, que establece las condiciones de transporte y habitabilidad para los trabajadores rurales. La misma carta fue elevada al Presidente del Concejo Deliberante Sergio Rosa y al Fiscal Giagnorio.

:format(webp):quality(40)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/laopinion-static/images/logo.png)