Trabajo esclavo: Nidera deberá pagar las consecuencias

Tras una denuncia de la Patrulla Rural de la zona, delegaciones del Ministerio de Trabajo provincial y del Sindicato de Trabajadores Rurales Uatre realizaron el miércoles pasado un operativo en el establecimiento El Algarrobo, arrendado por Nidera S. A., ubicado a tres kilómetros del paraje Beladrich. Allí detectaron condiciones de trabajo esclavizantes, por lo que la Justicia inició una causa caratulada “reducción a la servidumbre”.
Se trata de 118 trabajadores golondrina oriundos de Ojo de Agua y Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y de Tucumán, muchos de ellos menores de edad, de entre 16 y 18 años.
En el lugar, el operativo halló casillas de chapa dispuestas como albergue transitorio. En cada una de ellas dormían unas 18 personas, hacinadas y en pésimas condiciones, sin luz, sin agua potable, con lonas enclavadas en la tierra como baño.
El fiscal Darío Giagnorio, del Departamento judicial de San Nicolás, llegó con el procedimiento ministerial y actuó de oficio. Instruyó una causa por reducción a la servidumbre y además por “malversación de caudales públicos”, puesto que entre los alimentos, hallaron fideos marca Doña Luisa con el sello del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, de comercialización prohibida.
En su declaración y ante La Opinión los trabajadores señalaron que fueron contratados por dos personas de apellidos Pedrazza e Iturre “para trabajar para Nidera” en la desfloración de maíz en una fracción de campo de 200 hectáreas, donde cumplían un estricto horario de más de diez horas, incluido el día de Navidad.
Las víctimas indicaron que no se les permitía la salida del establecimiento y que no sabían cuánto cobrarían al final de la tarea, salario que se vería reducido por el descuento de la comida, que Comat S. A. facturaba a Nidera S. A. pero la multinacional cobraba a los empleados.
Todos fueron inscriptos en una ficha en su lugar de origen y no sabían las condiciones infrahumanas con las que se iban a encontrar en un territorio que desconocían, aunque algunos señalaron que esta modalidad es habitual en otros establecimientos, cosa que el Fiscal ratificó al indicar que estima que hay “más de mil personas en la misma situación en la región”.
Siempre según las declaraciones de los investigadores, los alimentos eran facturados a precios tales como 80 pesos por bolsa de papas y 65 la de cebollas; además, pagaron un pollo crudo de cuatro kilos unos 108 pesos y los fideos del Ministerio, siete.
En el marco de la investigación hay siete imputados que fueron aprehendidos el miércoles del operativo y excarcelados al otro día tras prestar declaración en San Nicolás.
Se trata de Nicolás Martínez Allende (32 años), encargado de producción de Nidera, oriundo de San Antonio de Areco; Diego Fernando Carballo (35), Ingeniero Agrónomo de Nidera, de Junín; Andrés Humberto Hoyo (56) y Diego Patrocinio Acosta (49) ambos santiagueños y capataces; Gonzalo Barberis, Alfredo Laserna y Mauro De Rosa, los tres empleados de Comat S. A.
La oficina de rescate a la víctima de trata de personas del Ministerio de Justicia de la Nación tomó intervención y envió trabajadoras sociales y psicólogas que brindaron asistencia, especialmente a los menores de edad.
El viernes, los trabajadores cobraron los jornales correspondientes a las tareas realizadas desde el 17 de diciembre, cuando llegaron al campo, y fueron trasladados de regreso a sus lugares de origen con una suma de $ 5.000 cada uno.
Mientras la investigación continúa, se estima que, en términos de indemnización por las condiciones esclavizantes a las que fueron sometidos los trabajadores, Nidera deberá abonar una suma superior al millón de pesos.
Desde la multinacional no hubo declaraciones a la prensa y un abogado representante de la firma estuvo en el campo atendiendo las requisitorias del fiscal Giagnorio.

Un pinar al infierno
Los caminos de tierra de la zona de Beladrich levantan polvo al punto de que quien circula por momentos no puede ver hacia adelante. Por esos caminos pasará el Dakar 2011 y levantará más polvareda. Tal vez esa misma tierra es la que tapó desde el 17 de diciembre hasta el miércoles pasado la aberrante situación de estos 118 trabajadores norteños explotados, esclavizados, reducidos a la servidumbre en la estancia El Algarrobo, done la multinacional Nidera los devolvió a la condición que tenían los esclavos en la antigüedad helénica: la de “instrumentum vocale”, herramientas que hablan.
Al llegar a El Algarrobo, el visitante se encuentra con una tranquera de importantes dimensiones, madera buena y labrada, con un imponente cartel que anuncia dónde uno se encuentra.
Un largo pinar ofrece sombra a dos casas de material emplazadas a la derecha del camino. A la izquierda, comienza el maizal, donde los trabajadores que reclutaron esos dos hombres de apellidos Pedrazza e Iturre trabajaban durante más de diez horas al rayo del sol, sin descanso e impedidos de salir del lugar.
Hasta allí llegaron el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la delegación de Uatre Santa Lucía junto al Fiscal Darío Giagnorio, tras una denuncia de la Patrulla Rural de Pueblo Doyle, que detectó la situación tras una investigación ordenada por el propio Giagnorio.
Antes de ese operativo, el Fiscal que se especializa en este tipo de delitos habría pedido dos allanamientos a la Jueza de Garantías Laura Vázquez, quien los habría denegado. Ello obligó a solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo, a quien Giagnorio acompañó para encontrarse con el delito cometiéndose, lo que posibilitó su actuación de oficio.
En un espacio de campo libre estaba emplazado el campamento de los trabajadores. Precarias casillas de chapa, trailers acondicionados para ser el albergue transitorio para estas personas que llegaron en busca del sustento, atentos a la falta de trabajo en Ojo de Agua y Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y Tucumán, los lugares de origen.
Dentro de esas casillas, 18 camas dispuestas en dos filas de nueve, una arriba y al lado de la otra, separadas por un pasillo de menos de un metro, oficiaban como el sitio de descanso para los trabajadores.
Afuera, pozos en la tierra con leña encendida sobre los que posaban pavas y ollas tiznadas eran “la cocina” en la que preparaban la comida diaria elaborada con los productos que Comat S. A., contratada por Nidera para proveer alimentos que se facturaban a insólitos.
Como se dijo, la bolsa de papas por 80 pesos, la de cebollas por 65, un pollo crudo sin trozar de cuatro kilos por 108 pesos eran los precios, que una vez anotados pasarían a ser descontados del salario de los golondrina, salario que además no sabían a cuánto ascendería una vez finalizada la tarea pero que sospechaban un tanto mejor que la desocupación obligada por el cierre de las termas durante el verano.

Ambiente único
con luz natural, sol y aire
A metros de los “confortables monoambientes”, una lona entre palos oficiaba de ducha. A su lado, otro cubículo conformado por bolsas de semillas de Nidera abiertas era el baño.
Con las moscas como única compañía, la jornada comenzaba a las 5.00 de la mañana. Tras el mate dulce y la chacarera a todo volumen desde los celulares cargados bajo el pago de dos pesos por enchufarlos, los trabajadores enfilaban hacia el surco de un campo de más de doscientas hectáreas. Dos kilómetros cada surco, hasta el mediodía caminaban por allí desflorando maíz, bajo la atenta mirada de los capataces Hoyo y Acosta, quienes residían a varios metros del maizal, en una confortable vivienda de material con todos los servicios.
Los ingenieros agrónomos de Nidera Diego Carballo y Nicolás Martínez Allende recorrían el final del surco para verificar la tarea bien realizada. Si no los conformaba, había que recorrer una vez más lo hecho y repasar el desflore.
Antes de volver a las dos de la tarde, el fuego cocinaba el guiso que almorzaban a diario bajo el alerta rojo de calor. Como las moscas impedían la posibilidad de la siesta a la que los santiagueños culturalmente están arraigados, el trago de agua extraída con una bomba y que llegaba a un tanque con la canilla al ras del piso se transformaba en el elixir final antes de volver al surco.
El sol de la siesta de la pampa atravesaba los cuerpos norteños hasta su puesta, cuando regresaban al campamento, donde la “ducha” entre las lonas y con baldes que en otro tiempo fueron envases de agroquímicos relajaban la tensión de la labor y los exponían a futuros problemas de salud que obliga en todo el mundo a serios protocolos de tratamiento de esos residuos y que en la ciudad motivó el cierre de un galpón de reciclado ubicado en el barrio Villa Igoillo.
A un costado del campamento, dos arcos dispuestos con palos por los propios trabajadores limitaban la diversión futbolera, que otros acompañaban como tribuna jugando naipes al “caliente”, nombre que en Santiago tiene lo que por aquí llamamos el “jodete” o “mao”.
Entrada la noche, con el guiso nuevamente humeando, las conversaciones sobre el pago, las chicas, la música, películas, el futuro de la gran mayoría de estos trabajadores de entre 16 y 25 años que vinieron a buscar “una moneda” en medio de la baja temporada turística de sus lugares de origen, donde el verano transforma su tierra en un verdadero infierno que sólo pueden atravesar ellos, ya acostumbrados, copaban la reunión final, antes de entrar en la lata de sardinas que tenían por habitación.

Causas y consecuencias
La Patrulla Rural de Pueblo Doyle detectó la maniobra y la policía de Investigaciones estuvo durante una semana recabando datos. El Fiscal Giagnorio, único en el Departamento Judicial San Nicolás con experiencia y formación en temas ligados a la reducción a la servidumbre, habría pedido dos allanamientos al Juzgado de Garantías, que nunca llegaron.
Entonces, él mismo se apersonó junto a otro de los organismos que podían intervenir: el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que llegó junto a la Delegación Uatre de Santa Lucía.
Con el delito en flagrancia, es decir en plena comisión, Giagnorio pudo actuar de oficio y comenzó el expediente de la causa que lleva como carátula “reducción a la servidumbre y malversación de fondos públicos”, esto último producto del hallazgo de comida con destino a planes sociales, de venta prohibida. Amén de ello, hay aquí la comisión de un delito de índole federal que se incluye en el tipo de “trata de personas”.
Inmediatamente comenzó un extenso relevamiento en el que los trabajadores cambiaron lo agotador del surco por la igualmente ardua tarea de responder los requerimientos del Ministerio de Trabajo primero, de la Justicia después –un monumental cuestionario de nueve páginas donde detallan todo lo que se relata en estás páginas, puesto que La Opinión fue testigo de más de cincuenta declaraciones–, y por último de las trabajadoras sociales y psicólogas enviadas por el Gobierno Nacional.

Palabra oficial de Comat S.A.
Abel González se hizo cargo de lo que le toca a Comat S. A. y puso su firma en un comunicado en el que desvincula cualquier relación con las cuestiones que ocupan el principal delito de esta historia, que es la reducción a servidumbre. Aseguró que su empresa tenía un contrato con Nidera S. A. sólo para la provisión de comida y que, a pesar de que las otras dos empresas integradas comercialmente a esta –Soluciones Agropecuarias y Compañía Argentina de Recursos Humanos– tienen como objeto de lucro la tercerización de trabajadores rurales y la colocación de ellos en establecimientos agropecuarios, la misma tarea que realizaba cuando era parte de las llamadas “cooperativas truchas” de Fenacoop, hizo caso omiso a lo que sus empleados veían.
Esto significa que Barberis, De Rosa y Laserna (empleados temporarios de la empresa) veían a diario, al llegar a El Algarrobo para proveer a los trabajadores a través de la venta indirecta que facturaban a Nidera, las condiciones en las que se encontraban.
Así como González hizo la extraña parábola de que involucrar a su empresa en este delito sería como “culpar a Coca Cola por las muertes de Cromañón, porque les proveía gaseosas”, lo cierto es que sus empleados veían como en sus propias narices se cometía un delito aberrante; y aun cuando el espíritu comercial primara sobre la humanidad de estos proveedores, lo que podrían haber visto además era cómo alguien estaba cometiendo un abusivo exceso de competencia desleal que menoscaba el propio negocio de las empresas del ex concejal: la subcontratación de empleados que en este país se logró merced a leyes de precarización laboral sancionadas a banelcazo puro.

Los que actuaron
como pudieron
Desarrollo Humano y Subsecretaría de Salud se hicieron presentes de inmediato con sus cabezas de coordinación Gustavo Díaz y Julio Caraballo al frente. El segundo, un hombre de verba incontinente, trató de “verdaderos hijos de puta” a los de Nidera, a los de Comat, y se alegró de que estuvieran presos.
Lo cierto es que, si tal como aseguró el Fiscal Giagnorio hay en la zona unos mil trabajadores en las mismas condiciones, el sayo que les cupo en este caso a Nidera y Comat tiene muchos otros subsidiarios.
El Ministerio de Trabajo, que se sumó de una tarea que inició un hombre de la Justicia al que ni siquiera reconocieron su trabajo, señalando en cable que todo esto era gracias a las órdenes de los buenos oficios del Gobernador Scioli.
La Uatre, cuya única voz activa fue la del Secretario de la Delegación Santa Lucía, Jorge Palavecino, ya que el día del operativo los principales referentes del sindicato desconocían lo que sucedía y, en consonancia con lo ocurrido el año pasado en Portela, donde el propio Cecilio Salazar estuvo en el campo, aquí también fue el único que rompió el silencio vía telefónica para fustigar los hechos sino para arrojar dudas sobre la intencionalidad de la nota de Vervitsky cuando los trabajadores ya habían regresado a Santiago– respecto de unas de las situaciones más graves de sus representados en los últimos años.
En ese marco es imposible soslayar el rol que le ocupa al Municipio de San Pedro. Si bien Uatre y el Ministerio de Trabajo son los contralores directos de que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad, higiene y empleabilidad en este tipo de tareas, nuestro distrito cuenta con una de las ordenanzas más completas en la materia en todo el territorio bonaerense y hasta del país entero.
La ordenanza 3.953 de 1985 regula cómo debe establecerse las condiciones de habitabilidad de los trabajadores golondrina, atento a que los primeros hombres políticos de la recuperación democrática post dictadura entendieron que era un problema existente del que debían ocuparse en profundidad.
Habla de condiciones higiénicas, muebles adecuados, energía eléctrica, agua potable, respeto por la privacidad e individualidad, con el fin de posibilitar condiciones dignas de trabajo y evitar los asentamientos precarios que puede generar el trabajo temporario.
Sobre las condiciones de alojamiento dice claramente que “respetarán las especificaciones establecidas por las Leyes y Reglamentaciones vigentes dentro del rubro de construcciones normalizadas y aquellas que en forma expresa exija la Dirección de Obras del Municipio; deberán contar con planos y proyectos aprobados por la Dirección de Obras de la Municipalidad; las construcciones habilitadas para tal fin deben mantener la privacidad e individualidad del trabajador o grupo familiar con los otros similares alojados temporariamente; contarán con servicios sanitarios, agua y energía eléctrica suficiente que permita un estado de habitabilidad higiénico y saludable; deberán contar con certificados de desinfección e higiene expedido mensualmente por el Departamento de Bromatología e Higiene y de Inspección Veterinaria de la Municipalidad; contarán con los muebles indispensables como camas, guardarropas, mesa, sillas, cocina, etc.; deberán ofrecer una correcta presentación interior y exterior y ser objeto de una constante higiene”. Además, el Estatuto del peón dice “quince metros cúbicos por persona” como mínimo.

Otros vericuetos
La situación planteada por la aparición de comida destinada a planes sociales abre otras sospechas e investigaciones que deberán motorizarse a los fines de llegar a la raíz de una problemática extendida en las zonas rurales del país.
Abel González dijo que su empresa compra los alimentos con los que provee a quienes contratan sus servicios “en reconocidos comercios de San Pedro”. Entre ellos, Admargus S. H., de la familia Ramis, que el mismo día del operativo en el campo fue blanco de un operativo de Bromatología ya que entre la mercadería secuestrada en El Algarrobo había alimentos con la fecha de vencimiento borrada.
El Subsecretario de Salud Julio Caraballo indicó que en Admargus hallaron un sector con mercaderías vencidas y sospecha que ese “descarte” era vendido para estos fines. Apuntando a Caraballo se expidió la madre de uno de los trabajadores de Comat detenidos tras el operativo: “Me gustaría saber por qué Caraballo compra los DIU a 100 pesos y los coloca a 3.000”, sostuvo y lamentó la caída de una pequeña empresa de la ciudad que ha dejado a gente sin trabajo. “Hay que construir sobre la irregularidad encontrada”, dijo Sonia Torre al referirse a la falta de diálogo entre las autoridades para subsanar la comisión del aberrante delito.
Además, no debe perderse de vista que la firma de Ramis es una histórica proveedora del Municipio y de Desarrollo Humano en especial. Al respecto, Gustavo Díaz dijo que “lo que manda el Ministerio llega directamente al municipio, y nosotros hacemos compras a los proveedores”, aunque también muchas veces en todo el territorio bonaerense, esos proveedores que trabajan con los municipios ofician de depósito de lo que envía el gobierno provincial, algo que suscitó en todo el territorio bonaerense diversos casos de ventas de alimentos cuyos beneficiarios son personas con altos índices de vulnerabilidad social.

“La mejor empresa”
Así calificaron a Nidera los trabajadores hacinados que conversaron alrededor de lo que quedaba de la carne asada para un guiso que no alcanzaron a comer, mientras cebaban mates muy dulces, fumaban los pocos cigarrillos que les quedaban y aguardaban el momento en que les anunciaran el regreso a sus hogares, donde familias, amigos, novias y parientes nada sabían de su precaria situación en la llanura pampeana, a escasos 160 kilómetros de la rica Buenos Aires que ellos mismos imaginan como un vasto territorio encantado en el que muchos de sus coterráneos encontraron en una villa mejores condiciones de vida que las que ofrece su propia provincia.
Los trabajadores contaron a La Opinión cómo Iturre y Pedrazza los convencieron fácil de venir aquí: entre la promesa de un trabajo, al menos, y una paga importante para sus flacos bolsillos, estaba el mito de la multinacional, “la mejor empresa”, la famosa Nidera cuyas publicidades pueden verse en las rutas, en los diarios, en las grandes exposiciones rurales, en los spots televisivos.
Nidera es una de las 50 empresas con mayor facturación en la Argentina. 3.500 millones de pesos es el dato correspondiente a 2009. Además, en el mercado de granos, es la sexta empresa más importante, detrás de otras reconocidas como Cargill, Dreyfus y Bunge.