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domingo, septiembre 26, 2021
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Trabajo esclavo con nombres y apellidos

La semana pasada hubo intervención del Fiscal Giagnorio, para investigar presuntos casos de explotación laboral en el campo. Los trabajadores cuentan una cosa en off pero no se animan a hablar a micrófono abierto. La Uatre reclama que el Ministerio de Trabajo haga inspecciones. La cosecha de arándanos está en la mira. Una empresa tercerizadora que prolonga la tradición de las cooperativas truchas y un funcionario del Gobierno municipal involucrado.

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El jueves de la semana pasada, un grupo de trabajadores golondrinas se encontraba en el parador La Granja, para retornar a su pago natal luego de una confusa situación que implicó la intervención del Fiscal especializado en Trata de Personas Darío Giagnorio. Con la cosecha de arándanos en marcha, comenzó la temporada de trabajo esclavo. Sin capacidad para inspeccionar, este parece que será un año complicado.
Como en cada oportunidad, los relatos difieren cuando el grabador está encendido. El temor de quien depende del jornal para sobrevivir se hace notar. El dueño del campo, dijo que se iban de regreso a Santiago del Estero y Tucumán, lugares de origen, porque “terminó la cosecha”, ya que “se acabó la fruta”. En ese caso y por lo que La Opinión pudo saber el cumplimiento de lo pactado se hizo efectivo.
“Los contratamos y vinieron por su cuenta”, señaló, sin embargo hubo un tercero que sirvió de contacto.
Cerca suyo se respiraba la tensión propia de quien está atemorizado. Antes de salir al aire de La Radio, habían hablado de unos 15 o 20 trabajadores que estuvieron en Lima, alojados en condiciones de hacinamiento y que un grupo había partido la noche anterior con mucho menos dinero del que les habían prometido.
Consultados sobre cuáles eran las condiciones, dijeron: “Cuando se viene al campo se viene trabajar y lo que hay que pasar se pasa, se come lo que hay”. Aseguraron que estaban registrados como corresponde. Muchos pasaban apenas los 20 años. “Así es la vida, los trabajos son así, no queda otra”, señalaron con resignación. “En el arándano estuvimos bien, pero se terminó ayer nuestra cosecha”, dijo uno con 19 años que lleva varias campañas en el campo y que en Termas de Río Hondo lo hace en la construcción. “Tenemos todo al día, con libreta”, dijo.
Los trabajadores se habían comunicado con representantes de Uatre el miércoles. “Les prometieron un jornal de 200 pesos y trabajo por cuatro meses”, dijo a La Opinión Cecilio Salazar y explicó: “El jornal se paga por convenio 140 pesos y el trabajo del arándano no supera los 30 días”. En ese sentido, sostuvo que “traen engañada a la gente”.

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De las cooperativas
truchas a las tercerizadoras
La problemática por estos días está centrada en el arándano, no sólo porque es el momento de la cosecha sino además porque es un sector con muchas dificultades para controlar. Con un Ministerio de Trabajo que ya anunció que no tiene recursos para hacer inspecciones preventivas, sin el Renatre que permitía hacerlo a la Uatre y con una resolución ministerial que puso a los empleados del arándano en el Sindicato de Obreros de la Fruta de Concordia, las consecuencias las pagan los trabajadores.
En ese marco, sin bolsa de trabajo, reaparecieron las empresas tercerizadoras, herederas directas de las cooperativas truchas de los años 90’, que colocan personal bajo sus propias leyes y en connivencia con las empresas para evitar lo que más se pueda cumplir a rajatablas la normativa vigente.
“Estas empresas tercerizadoras se dedican a ubicar personal, después no le hacen ningún tipo de aportes, no los dejan afiliar a los gremios”, explicó Salazar y describió: “Reclutan gente en las provincias del norte, las traen, las internan en un campo y no las dejan tener contacto con nadie”.
La presencia de las tercerizadoras se vive en la ciudad y especialmente en la zona de Lima, partido de Zárate, donde tiene asiento el empaque Berries del Plata, uno de los más importantes del país, que maneja una buena cantidad de establecimientos de los alrededores de esa localidad.

Hacer la vista gorda
Para Uatre, los empresarios “tienen que entender que no pueden hacer lo que quieran”. En ese sentido, aseguran que al saber que están en falta, intentan por todos los medios posibles ocultar la situación. Con las dificultades para las inspecciones, el camino queda allanado para la explotación. “Quieren evadir un montón de responsabilidades que tiene el sector empresario. Ahora que hay poco control, si lo pueden hacer lo van a hacer”, sostuvo Salazar.
Luego de que explotara el tema del trabajo esclavo en un campo de la multinacional Nidera en Beladrich, que La Opinión fue el primer medio en publicar tras la tarea del Fiscal Giagnorio, el año pasado fue mejor.
El Ministerio de Trabajo hizo una serie de inspecciones, en las que detectó que los empresarios hicieron caso a lo acordado y mejoraron ostensiblemente las condiciones de habitabilidad de los empleados.
Este año, y con el arándano en particular, se investigan muchas cosas. Entre ellas, la presencia de 190 personas oriundas de Bolivia que habrían llegado a un establecimiento con documentación falsa. El fraude consiste en utilizar documentos argentinos que se alquilan por monedas o han sido extraviados para darles “el alta temprana” y luego rotarlos cada dos o tres días. Se habla de casas donde están alojados más de 30 trabajadores en condiciones precarias.

Un escándalo que salpica al Gobierno
La empresa que todos nombran en la tercerización de empleo para la cosecha de arándanos se llama Safyc S. A. Uno de sus accionistas y hasta no hace mucho Presidente es Roberto Borgo, administrador del Hospital y hombre proveniente de las llamadas “cooperativas truchas”, por lo que afrontó una causa federal.
Una de las empresas que nombran y mucho es Safyc S. A., cuyos integrantes están íntimamente relacionados con San Pedro y no sólo con la ciudad sino con el propio Gobierno de Pablo Guacone. Según documentación fechada en abril de 2011, el Presidente de esa tercerizadora es Roberto Carlos Borgo, administrador del Hospital y exmiembro de una de las llamadas cooperativas truchas, que afrontó una causa federal por ese tema, en la que fue sobreseído en la Provincia de Tucumán.
A Borgo hizo referencia el propio dirigente de Uatre Cecilio Salazar: “Nosotros sabemos que este tema fue puesto en su momento cuando este funcionario asumió en el Hospital, tenía una causa en Tucumán y formaba parte de una cooperativa trucha”, dijo.
En 2004, Borgo aparecía como miembro de la sociedad Unintec, que compartía con los empresarios Jorge Omar Troilo y Aníbal Orlando Righetti, dedicada a obras civiles y montajes industriales. En 2005, junto a Mauricio Javier Barros, Silvina Luján Nadal y Diego Omar Rosales, conformó la sociedad Liba, un laboratorio industrial y biotecnológico.
El año pasado, en medio de una disputa con el exconcejal Velo, Borgo publicó su recibo de sueldo en las redes sociales, por un monto superior a los 7.000 pesos. Según la información obrante en Afip, Borgo es un agente activo de ganancias que “no integra sociedades” ni es empleador, y es un trabajador autónomo registrado bajo el régimen de ingresos superior a los 30.000 pesos.
En Safyc, Borgo era Presidente al menos en 2011. En diálogo con La Opinión, el funcionario municipal dijo que ya no forma parte del Directorio: “Sólo soy accionista”, informó.
Algunos de los miembros de esa sociedad anónima son Daniel Alcides Dapotte, Sebastián Dapotte, y Marcelo Gerardo Oromés. Este último estuvo vinculado con el movimiento cooperativo de los años 90’. También aparecen en Safyc Daniel Adrián Santi (síndico titular), Juan José Roldán (secretario) y Víctor Daniel Sampieri (tesorero).
Safyc S. A. tiene domicilio en Concordia. Allí, en junio del año pasado, fue protagonista de un escándalo por trabajo esclavo en el establecimiento Mc Berry, en la localidad de Calabacilla. Allí había 200 empleados tercerizados, que dormían en un galpón con camas cuchetas y a quienes les vendían la comida a precios exorbitantes, que consumían en las propias camas como toda mesa. Safyc no aparecía en el registro de 52 empresas dedicadas a la cosecha.
En diálogo con La Opinión, Roberto Borgo señaló: “Yo no tengo ninguna responsabilidad en Safyc, pero por lo que sé, por la gente que está a cargo de la sociedad, en San Pedro no están trabajando, en Lima hay gente sí”.
Sobre la situación en Lima, explicó: “Los que se volvieron el jueves no habían llegado por Safyc, los chicos están trabajando en Lima, lo chequeé con Mauricio Preiti, de Seda, que me dijo que no había ningún inconveniente, lo mismo me dijeron de Uatre”.
Respecto a su participación en la empresa, sostuvo: “Hay un problema entre los socios y yo no me puedo desprender de las acciones, para vender tengo que tener una opción de compra de las seis personas que forman parte de la sociedad anónima, si yo vendo modifico el capital accionario, yo fui Presidente hasta hace un par de meses, estaba en el Directorio, tenía que terminar unos balances, ahora ya no estoy en la Dirección, me dedico full time a la función pública”.
Sobre la situación de la semana pasada, quiso aclarar: “Lo importante es que no hay ni hubo ninguna inspección por gente que esté trabajando en Safyc, que no es una sociedad fantasma ni nada por el estilo, desde que el sistema cooperativo se dejó de utilizar, siempre se hizo con personal en relación de dependencia y con conocimiento de Uatre, hubo fiscalizaciones, y no hubo ninguna situación. Hubo sí algunos conflictos laborales, como en todos los temas. Yo lo entiendo a Cecilio, los actores son los mismos sí, de parte de ellos también. Pero no hay inconvenientes, la gente que está trabajando en Safyc no tiene ninguna inspección en curso”. Lamentablemente. Una vez que los medios comenzaron a trabajar se puso en marcha el operativo de “ocultamiento” que hace que centenares de obreros que no son sampedrinos, acepten vivir en condiciones infrahumanas.

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