Tomaron un terreno y quieren “pagarlo”, pero el gobierno sostiene que “mientras estén usurpando, no hay diálogo”
Unas 30 familias usurparon el predio de la excancha de Independiente, en Bozzano y Ansaloni. El terreno tiene propietarios, que tenían un convenio con el Estado. El gobierno aseguró que no accederá a dialogar con las familias hasta que no abandonen el lugar. Los ocupantes sostienen que resistirán, incluso si hay orden de desalojo.
Pasadas las 21.00 del sábado, alrededor de 30 familias tomaron un terreno de casi una manzana, ubicado en calle Bozzano y Rinaldo Ansaloni, donde antiguamente funcionaba la cancha de fútbol infantil del club Independiente, lindero a otros dos espacios que en su momento también habían sido usurpados y luego se transformaron en barrios urbanizados.
La toma comenzó de noche, luego de que, según dijeron los propios ocupantes —la mayoría jóvenes con hijos—, decidieran organizarse para ello. Tras ingresar al predio, comenzaron a desmalezar, distribuyeron el lugar en lotes y comenzaron a montar carpas y precarias viviendas.
En la Comisaría, una mujer radicó una denuncia y, según consta en la dependencia policial, se presentó como propietaria y ahora aguarda la intervención judicial que deberá evaluar si hubo instigadores tal como lo señalan algunos vecinos.
El terreno es propiedad de las familias Begino y Schimdt, herederos de los titulares de la antigua curtiembre que funcionaba en los galpones derruidos que todavía están en pie.
La Fiscalía 11, que conduce Viviana Ramos, tiene el caso a su cargo. Efectivos policiales recorrieron la zona el sábado por la noche para recabar datos de los ocupantes, que fueron remitidos a la fiscala para que inicie las actuaciones correspondientes para este tipo de situaciones. Cuando llegaron, uno de los que estaba en la toma les disparó con un arma de fuego.
De acuerdo al relato de otras personas que participaron de la toma, no era uno de los que había organizado el ingreso al predio y hasta disparó contra la zona donde otras familias preparaban su sector a ocupar. La policía lo detuvo y en su poder secuestró un arma de fuego.
“No tenemos dónde vivir”
El domingo por la mañana, La Opinión llegó al predio. Muchos de los ocupantes habían pasado la noche en vela. Algunas carpas estaban distribuidas y ya habían tomado medidas para lotear y distribuirse los sectores, que están divididos con alambres, sogas e hilos.
Algunos se dispusieron en el sector donde los vecinos cortaban el pasto para que los chicos del barrio jueguen a la pelota, en la zona donde antiguamente estaba la cancha de Independiente. A otros les tocó desmalezar.
Los ocupantes relataron que decidieron tomar el predio “por necesidad” y que no tienen “dónde vivir”. Algunos alquilaban, otros pagaban por noche en diversos lugares para dormir y otros vivían en situación de hacinamiento con familiares.
“Queremos que nos hagan un convenio para pagar el terreno por mes, no queremos que nos regalen nada”, dijo uno de los ocupantes. Señalan como ejemplo a lotes vecinos, que también fueron objeto de toma y que luego, a través de acuerdos del Estado con sus propietarios, terminaron convirtiéndose en barrios urbanizados.
“Queremos que vengan asistentes sociales y que venga el intendente Salazar”, pidieron. “Cuando hay elecciones, todos vienen; ahora ninguno aparece”, se quejaron.
Aseguran que el sector del predio que estaba con pastizales era escenario de “descarte” de elementos robados y que el abandonado espacio donde funcionaban los vestuarios y la cantina del club oficiaban como “juntadero” de delincuentes, que “venían a drogarse”.
El lunes, la mayoría de las precarias viviendas estaban montadas. Nylon, chapas, palos, todo servía para apuntalar el rancho. La noche anterior había estado fresca y en cada parcela se veían restos de fogatas. Al lado de un rescoldo del mediodía, un perro metía el hocico en una olla con guiso y era corrido a los gritos: ese resto iba a ser la cena de varias familias.
La mayoría de los ocupantes son jóvenes con hijos. También hay algunos que superan los 40 y hasta los 50, pero son los menos. Todos coinciden: “No tenemos dónde vivir”.
Afirman que no se irán y que resistirán si hay orden de desalojo. Quieren que, al igual que los asentamientos precarios vecinos que se fueron convirtiendo en barrios, la Municipalidad intervenga.
Están, claro, sin agua, sin luz y sin baños.
Consultados por La Opinión, aseguraron que “nadie” los incitó, ni les señaló el terreno ni los ayudó a organizarse. En el propio barrio hay quienes señalan a algunas personas. El Municipio, por su parte prefiere no hacerse eco de esas versiones y esperar el accionar de la Justicia.
“Mientras estén usurpando, no hay diálogo”
Desde el gabinete de Cecilio Salazar, la situación está en manos del secretario de Gobierno, Silvio Corti. Sin Roleri, Juan Carlos Agüero maneja el tema desde el punto de vista de la seguridad y es quien tiene contacto permanente con la policía.
Aunque los ocupantes del predio reclaman presencia municipal desde el primer minuto, nadie fue. Ni siquiera Desarrollo Humano, a pesar de que en lugar hay niños de todas las edades, hasta recién nacidos que pasaron la noche en una carpa.
“Nadie duda que tienen necesidades y que atraviesan una situación complicada, pero nada justifica que estén cometiendo un delito, usurpando una propiedad privada”, dijo Corti a La Opinión.
El funcionario tenía en agenda reuniones con los propietarios del terreno y esperaba la confirmación de un encuentro con Fiscalía para el abordaje conjunto de la problemática.
El secretario de Gobierno ratificó que el terreno no es fiscal, que tiene propietarios particulares y que “está todo en orden, los dueños tienen toda la documentación en regla”.
Además, confirmó que había un convenio entre los dueños y la Municipalidad, aunque estaba vencido. “Venció hace bastante y estábamos charlando para renovarlo, la idea era darle uso porque el espacio estaba feo”, señaló.
El gobierno no quiere dialogar con los ocupantes hasta que cesen en la situación de toma. Esa es la posición, por lo pronto, y esperan mantenerla, al menos mientras se dan los primeros pasos procesales en la causa penal.
“Si hubiese orden de desalojo, nos obligan a contener, sobre todo por la presencia de menores de edad, como ha sucedido en otros casos”, señalaron.
Para Corti, la decisión es férrea: “No se dialoga mientras estén cometiendo un delito. Mientras estén usurpando, no hay diálogo. Eso es una extorsión”, aseguró y graficó: “Voy, te robo el auto y te digo que lo voy a empezar a pagar en cuotas, eso es delito”.