“Toma todo” para Caso, en la perinola del transporte

Finalmente, el jueves pasado hubo acuerdo y al menos desde el 28 de febrero los colectivos de la firma Jorge Caso S. A. dejarán de circular bajo la responsabilidad de esa empresa, que ganó la licitación para prestar el servicio de transporte público en la ciudad por diez años en 2008, plazo de concesión que ese año había sido definido como “un gran logro político, una victoria muy importante”, por el entonces concejal del PJ Rodolfo Trelles.
Sin embargo, la “victoria” duró poco. A poco de andar, la empresa intentó modificar las condiciones del pliego y mudar la adjudicación a la empresa La Perla Buses, del propio Jorge Caso, aduciendo que no querían exponer el capital del resto de los negocios del empresario con este, que ya comenzaba a vislumbrarse como una iniciativa deficitaria.
Ese déficit es el principal argumento que la firma esgrimió en julio pasado, cuando envió la primera carta documento donde señalaba que dejaba el servicio. En ese momento, hubo un acuerdo para extender la negociación hasta diciembre, aunque la falta de atención política que el Ejecutivo municipal tuvo durante esos cinco meses que pasaron llevaron al punto de tensión que tuvo al jueves pasado como su máxima expresión, cuando un paro de colectivos se instaló desde las 10.00 de la mañana en las puertas del Palacio Municipal con acompañamiento de dirigentes de la UTA.
A pesar de que Caso dijo públicamente que estaba dispuesto a “donar” la inversión realizada en las unidades de transporte, aproximadamente un millón de pesos, pero que se retiraba de lo que consideró “un negocio que salió mal”, la Municipalidad no puso en marcha los mecanismos necesarios para que la situación no llegara al límite que llegó.
El miércoles por la tarde, las declaraciones que el Secretario de Gobierno Juan Benseny hizo a La Radio tras viajar a La Plata junto a su par de Obras Públicas Pedro Restelli generó polémicas. Dijo que en la Secretaría de Transporte informaron que la empresa cobraba normalmente los subsidios y que el argumento de que el Gobierno local no había hecho una serie de trámites para garantizar la continuidad de esos beneficios no eran tales.

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Que venga Guacone
Con ese panorama llegaron al encuentro del jueves por la mañana, con la presencia del Secretario General de la UTA San Nicolás Tomás Lencina, quien a poco de llegar acordó con los choferes locales el inicio de un paro que ese día dejó sin servicio a todo el partido.
Los trabajadores reclamaban la presencia del Intendente Pablo Guacone, quien abandonó su idea de bajar a su despacho en el municipio cuando llegó la movilización, en una actitud política que complicó aún más la situación y cuya decisión partió del grupo de la “mesa chica” que asesora al Jefe Comunal.
La “desaparición” de Guacone enardeció a los choferes, quienes pasado el mediodía se dirigieron a su domicilio particular para reclamar ser atendidos, ya que les habían “pasado el dato” de que el Intendente se había ido a su casa.
Allí llegaron cuatro micros con los trabajadores, quienes con bombas de estruendo, aplausos y bocinazos pedían por el Jefe Comunal. Desde detrás de las rejas de la casa ubicada en Ayacucho entre Selada y Ansaloni salió la esposa del Intendente, enojada por lo que consideró una “invasión” de su domicilio y, a los gritos, exigió que los manifestantes llevaran la protesta “a donde corresponde, que es la Municipalidad”.
“No tenemos por qué discutir con la señora”, dijo uno de los delegados gremiales y el cruce verbal que habían iniciado con la esposa de Guacone cesó. En la puerta, dos policías y la todavía Jefa Distrital interina Comisaria Jorgelina Silva estaban apostados como custodia.
Un llamado telefónico de Lencina hacia su Secretario gremial hizo que la manifestación se levantará y retornara al Municipio. Allí, el Secretario de Gobierno anunció que Guacone recibiría al dirigente de la UTA.
Los trabajadores seguían gritando contra el Municipio y su titular, en busca de una palabra de compromiso que les garantice su puesto de trabajo, aunque el Estado local lo que debe garantizar es el servicio público del transporte, ya que los empleados son de Jorge Caso S. A., quien deberá responder por ellos.

Cuestiones de Estado
La palabra con la que el Presidente del Concejo Deliberante Sergio Rosa definió lo sucedido fue “lobby”. En ese sentido, señaló: “Yo me reuní con la empresa, ellos te cuentan su historia y sí, están para defender los intereses de la empresa, pero el municipio debe velar por los intereses de todos, considero que la empresa debe hacerse cargo”.
La empresa y el Municipio firmaron un acta acuerdo en el que Caso se compromete a continuar el servicio hasta el 28 de febrero, pero con la condición de que a partir de esa fecha se retira sin pagar el monto correspondiente a la garantía de cumplimiento del contrato y se lleva los micros.
El acuerdo, claramente desfavorable para la Municipalidad, se hizo a puertas cerradas, cuando Guacone llegó y dejó de lado a los Concejales que estaban dispuestos a participar de la negociación, que de hecho les compete por ser miembros de la Comisión Fiscalizadora del transporte público creada por ordenanza para velar por los intereses de los usuarios del servicio, comisión que preside el Ejecutivo a través de su Secretario de Obras Públicas y cuyas reuniones fueron esporádicas antes del ultimátum de julio y nulas luego.
Así las cosas, el acuerdo tiene su manto de dudas en la medida en que el Ejecutivo eludió responsabilidades durante meses perjudicando al erario público en beneficio de la empresa y sin el consentimiento del Concejo Deliberante. El pliego es claro y la ley debía cumplirse sin llegar a la situación límite en la que el precedente más claro es ceder frente a un conflicto que tuvo un plazo más que generoso para resolverse a favor de los ciudadanos. Aunque el intendente y sus colaboradores hayan rechazado la participación de los ediles, serán ellos quienes tengan que analizar un nuevo pliego licitatorio y revisar el acuerdo firmado entre las partes.
Rosa dijo al respecto que “cuando el municipio acepta condiciones distintas a lo que dice el pliego, lo debe votar el Concejo” y consideró que la actitud de Guacone para con los ediles fue una mala “decisión política” producto de lo que calificó de “falta de liderazgo” de parte del Intendente, sobre cuya gestión señaló: “Con decir ‘soy bueno, la gente me quiere, estoy con Cristina’, no alcanza”.
Lo cierto es que Guacone perdió la oportunidad de mostrar un frente común para presentar una defensa de los intereses de todos los sampedrinos ante quienes el Estado local se comprometió a garantizar el servicio de transporte público cuando llamó a la licitación, cosa que ahora debe sostener a como dé lugar.
En ese sentido, en lugar de comprometer al Concejo Deliberante, donde sólo tiene tres ediles, los dejó afuera de la negociación y de la firma del acta que ellos mismos deberán refrendar luego “por lógica jurídica”, según dijo el Presidente del HCD, quien consideró que el Intendente “ve un concejal y se brota. Prefiere resolver las cosas solo y no tiene capacidad resolutiva, se le cae un funcionario como Génova, que es el único que tiene las cosas claras, y se le cae la gestión”.
Desde la Municipalidad señalaron que “el pliego no contempla la rescisión, no hay una cláusula de rescisión fuerte, si no Caso lo hubiera pensado, sólo habla de una garantía de cumplimiento que nunca se le exigió”.
Al respecto, el asesor letrado Daniel Porta explicó que esa garantía era de “75.000 pesos antes del contrato” y que “hay una pagaré firmado por eso”. Pero señaló que “para el que ganaba la licitación, eso era un 20 por ciento del total, que nunca se le exigió y que debía ser integrado con una fianza real. Esa garantía no está afianzada, pero existe. El tema es que al llegar a un acuerdo como este, se va a retirar sin pagar, alegando las causas de fuerza mayor”.

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Lo acordado y lo posible
“Hacen lobby dos días y nosotros tenemos que aprobar lo que ellos quieren. Caso tiene que hacerse cargo. El Estado local no está en condiciones de hacerse cargo de semejante problema”, graficó Sergio Rosa sobre cómo vislumbra el futuro.
Desde el Municipio analizan las alternativas para resolver en los próximos tres meses un futuro que en marzo será realidad. Sin Caso, sin micros, sin los 375.000 pesos del seguro de caución –que de hecho la empresa nunca abonó en su totalidad y nadie se lo reclamó– con 30 empleados que le correspondían a la empresa y que deberá absorber quien se haga cargo del servicio, los problemas son complejos.
Además, en el Municipio hay quienes analizan seriamente la posibilidad de municipalizar el servicio. El lunes viajaron a Chivilcoy para conocer la experiencia.
Estuvieron el Intendente Guacone, el Subsecretario de Control y Defensa Civil Raúl Manchone, el Secretario de Desarrollo Humano Gustavo Díaz y el Director de Asesoría Letrada Daniel Porta.
Chivilcoy, un municipio de 72.000 habitantes gobernado por el kirchnerista Anibal Pitelli, reemplazante del ahora Ministro de Asuntos Agrarios bonaerense Ariel Franetovich, con gran llegada al Gobierno nacional por el Ministro del Interior Florencio Randazzo, oriundo de la ciudad, creó una Sociedad Anónima del Estado para ofrecer el servicio de transporte público, que complementa el de una empresa privada.
En esa ciudad de la cuarta sección electoral implementaron una tasa de transporte de cinco pesos por cada medidor de luz para solventar los gastos del servicio, lo que les comporta una recaudación de 150.000 pesos, sobre un total de 240.000 que aseguró Pittelli cuesta sostenerlo.
Además, perciben los subsidios porque es una sociedad anónima, los empleados pertenecen a esa sociedad, con el convenio de la UTA, y ofrecen descuentos a escolares y jubilados.
El asesor letrado Daniel Porta informó a La Opinión que “faltan análisis finos en el gabinete, para ver si se licita o si se propone la municipalización, pero la licitación es lo más viable hoy”. De todas maneras, en el Gobierno local saben que es probable que quede desierta, porque nadie se haría cargo de un servicio deficitario, aunque el interurbano da ganancias, por lo que habrá que ver si avanza la decisión política de municipalizar replicando la experiencia de Chivilcoy.
De todas maneras, si fracasa la licitación, Caso se comprometió a ceder en comodato por seis meses los colectivos. Antes de ello, la empresa Jorge Caso S. A. debe ofrecer un recorrido de emergencia, que debe ser aprobado “por la Municipalidad”, según consta en el contrato, aunque no dice qué parte, si el Ejecutivo o el Concejo.
En el Gabinete sostienen que toda esta situación es producto de “seguir pagando las consecuencias de licitaciones hechas a medida” y señalaron que pidieron un informe sobre los micros y detectaron que la empresa “tiene siete unidades modelo 98, que a fin de año se les complica para seguir circulando”. Parece que “controlar” no es el fuerte de esta gestión y elaborar políticas de estado es un tema que siempre queda relegado al ritmo de las internas que se profundizan en un gabinete que no encuentra el rumbo adecuado culpando a la gestión de Barbieri de la que no sólo Guacone formó parte, sino varios de los funcionarios que hoy sostienen los delgados hilos que conectan la suerte de San Pedro a la generosidad de Provincia y Nación.

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