Titulares de facturas truchas no sabían que usaban su nombre

La tapa de La Opinión de la semana pasada provocó que muchos que caminan por la cornisa de la legalidad en sus actividades comerciales fueran a la página 3 a ver si su nombre y su CUIT aparecían en el informe que este semanario publicó sobre 17 empresas detectadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como usinas proveedoras de facturas truchas, que aparecen además en un listado de más de 11.200 publicado por el diario Clarín, en base a registros oficiales que este medio analizó.

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A la hora de revisar los nombres, CUIT y domicilios que AFIP registra en su apartado público del sitio web destinado a la comprobación de los señalados como generadores de facturación apócrifa, muchos de los que se preocuparon suspiraron porque no aparecían. Otros tantos se divirtieron porque conocen a la perfección los vericuetos legales que les permiten actuar con impunidad en un negocio redondo que beneficia tanto al que expide como al que recibe las boletas truchas.

A la redacción de La Opinión llegaron múltiples versiones, provenientes desde distintas fuentes, que dan cuenta de que el fenómeno es bien extendido en la ciudad y que tiene actores de una relevancia social, económica y política pasmosa.

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Pero además aparecieron al menos dos de los 17 nombrados cuyas historias merecen ser rescatadas y puestas en relieve, porque de sus casos pueden desprenderse sospechas y caminos que podrían confluir en esa verdad que todos conocen pero nadie se anima a contar en público sobre el comportamiento de “importantes señores” que llevan adelante su buena vida ni más ni menos que engañando a otros, víctimas que aparecen luego en los registros de AFIP señalados con un dedo acusador que no siempre apunta donde debe.

Nunca facturó
Los casos de José Rafael Olivieri y Osmar Domingo Brucellaria son paradigmáticos y abren muchos interrogantes respecto de cómo puede un tercero hacerse de la posibilidad de utilizar nombres y CUIT para beneficio propio, al punto de dejarlos registrados en AFIP con la mancha negra del señalado por nada menos que un ilícito que el Código Penal tipifica como “evasión fiscal agravada”, con hasta 12 años de prisión.

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Ambos son jubilados, trabajaron toda su vida y llegaron a sus años de adultos mayores para encontrarse un día con la publicación de un diario que revela que el organismo público impositivo los registra como proveedores de facturas truchas.

José Rafael Olivieri es un conocido vecino sampedrino. Con casi 70 años, trabajó toda su vida en el emprendimiento familiar que fundó su padre, la estación de servicio Esso de Sarmiento y 3 de Febrero.

A pesar de que su CUIT aparece como uno de los proveedores de facturación apócrifa, Olivieri nunca podría haber entregado boletas truchas por la sencilla razón de que nunca facturó y siempre figuró como empleado de los titulares de la estación de servicio, su padre primero y su madre después, hasta que vendieron a los actuales propietarios.

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Así lo informó su familia a La Opinión. Agregaron que se jubiló y que su contadora les confirmó que lo que aparece en los registros de AFIP tiene que ser un error. Bien podría ser otra cosa: Olivieri tuvo un problema a la hora de jubilarse porque no podían asociar su CUIT, algo que solucionaron luego para que pudiera acogerse al beneficio previsional.

Si José Rafael Olivieri nunca tuvo talonario de facturas y siempre fue empleado, ¿cómo es posible que su nombre, su CUIT y su domicilio aparezcan entre los proveedores de facturas truchas que registra la AFIP? ¿Quién se aprovechó de los datos de un hombre formado a la antigua, donde trabajar era lo prioritario, más allá del papelerío?. La respuesta está más cerca de lo que parece pero no hay documentación a menos que el organismo se proponga investigar quién las compró y para qué.

“Siempre hice todo legal”
Similar es la situación de Osmar Domingo Brucellaria, quien le contó su historia a este semanario desde su casa en Ramallo, donde vivió toda su vida y donde ahora, jubilado y con 76 años, se sorprendió por lo revelado en estas páginas la semana pasada.

Brucellaria siempre fue chofer de camiones. Empleado de una importante empresa de la zona. Todavía menor de edad, empezó a cobrar sus sueldos en una libreta de ahorro que abrió su madre en un banco, con apenas 38 pesos. A los 18 años, fue de los primeros en hacer la ruta hacia el valle de Río Negro en busca de manzanas.

Luego compró su propio camión, que manejaba el mismo. Monotributista, facturaba a las empresas que lo contrataban, hasta que en 2003 se jubiló. “Vinieron una vuelta acá a mi casa, yo hice la denuncia con la gente que me administraba el camioncito, tenía uno solo y lo manejaba yo”, dijo sobre su relación con la AFIP en los últimos años.

Relató que se había dado de baja como monotributista en San Nicolás pero que “demoraron en pasarlo a Buenos Aires” y que tuvo que hacer “un papelerío bárbaro” para cumplir con el cometido de jubilarse “con la mínima”.

“Toda la vida pagué todo lo que correspondía, no como ahora, que mucho tratan de trabajar en negro y esas cosas. No señor, pregúntele a la señora de acá que me llevaba la documentación y al contador, que está en San Pedro, y le van a decir que fui el mejor pagador, siempre estuve al día”, aseguró.

“Me duele todo esto porque acá hay gente que está trabajando hace cuanto y nadie lo molesta, yo hace 12 años que di todo de baja y me siguen llamando, siempre hice todo legal, aparte tenía un camioncito, tantas boletas no iba a hacer si manejaba yo, aparte a quién, si administrábamos mi mujer y yo, siempre cuidadosos de todo lo legal, tanto que a veces no nos alcanzaba para vivir, de tantas cosas que pagábamos”, relató.

Consultado sobre el domicilio que aparece como suyo en AFIP, Saavedra 473 de San Pedro, el hombre oriundo de Ramallo señaló: “Mi sobrino y el abogado Mozzi me tramitaron la jubilación, por eso está esa dirección”, que difiere en dos metros con el estudio jurídico del exasesor letrado de la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Claudio Mozzi.

Amigos de lo ajeno
Un reconocido hombre político de una de las líneas que busca actualizar al peronismo le preguntó a un periodista de este semanario, el miércoles pasado, si en el informe, que todavía no había podido leer, aparecía un transportista que sería “socio” de un rival interno suyo, también empresario, cuya relación “societaria” sería la de la provisión de facturas truchas por parte del primero para que el segundo pueda pagar menos tributos al fisco. Un conocido abogado le dijo a La Opinión que le parecía muy extraño que no apareciera en el listado un profesional contador al que muchos relacionan no sólo con este tipo de actividad ilegal sino que además lo vinculan con otros tipos de ilícitos no menos graves pero sí más violentos, como la piratería del asfalto.

Incluso este equipo periodístico se sorprendió porque la mayoría de los nombres que aparecieron en el listado no coincidían con su propia tarea investigativa, inconclusa todavía por falta de elementos que le permitan probar con toda la documentación posible lo que en ciertos lugares de la ciudad dan como conocido por todo el mundo: el crecimiento patrimonial de varios hombres de negocios que encontraron en la venta de IVA su condición de “nuevos ricos”. Hay mucho más por contar y documentar pero tampoco es correcto que el periodismo vaya más rápido que los organismos de contralor que suelen ser muy exigentes con los que pagan y poco atentos a los casos más paradigmáticos que incluyen a grandes personajes que para el fisco figuran como monotributistas. La Opinión seguirá reuniendo información.