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domingo, abril 11, 2021

Tiro Federal: buscan desmontar los “derechos adquiridos” de Calvet

A medida que recorren el expediente, los concejales se convencen acerca de que necesitarán ayuda legal extra. El Ejecutivo ya recibió una copia para estudiarlo. La estrategia es atacar los presuntos “derechos adquiridos” de quien explota el camping.

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El análisis de los expedientes del Tiro Federal continúa en el Concejo Deliberante, que dispuso un día y horario especial para dedicarse de lleno, con la participación de los 18 ediles, a evaluar las alternativas que permitan recuperar ese predio para todos los sampedrinos.

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La semana pasada no hubo reunión porque aprovecharon ese tiempo para escanear el expediente, que tiene una gran cantidad de fojas con antecedentes que se remontan a 1911, con el objetivo de elevar una copia al Poder Ejecutivo para que pueda tomar vistas y saber con precisión de qué se trata.

La concejala de Cambiemos Mónica Otero, una de las impulsoras de la revisión de los proyectos relacionados con el Tiro Federal que obraban en la comisión de Planeamiento y ahora pasaron a la de Peticiones, señaló que en el gabinete de Cecilio Salazar hay abogados, así como en el staff de empleados, pero que parece necesario la contratación de un estudio jurídico externo para evitar que el esfuerzo de los municipales se concentre en este tema, que amerita una tarea de mucho rigor.

El plan es ver en qué condiciones está el Municipio en relación al predio, dijo Otero y explicó: “Lo que queremos es saber si estos bienes pueden ser certificados por el Estado como propietarios, si hay derechos que les corresponden a quienes están ahí”.

En relación al estado de situación, la concejala consideró que en el HCD están imposibilitados de hacer propuesta firme alguna respecto al predio, ya que “no hay certezas” sobre cuestiones legales, que son las que buscan que analicen abogados contratados ad hoc.

Rugbiers preocupados

“La gente del rugby estuvo preocupada, anduvo preguntando. No tenemos ninguna intención de sacar a Los Biguá de donde están, ellos aportan muchísimo a la comunidad”, indicó la dirigente del partido Fe.

“Lo que se intenta es la regularización, porque ellos también están irregulares, están haciendo cosas, progresando para la institución, pero por ejemplo construyeron sin habilitación, el tema es que no venga el día de mañana otra gestión y que los quieran sacar”, señaló.

Desde el equipo de rugby prefirieron no hacer declaraciones, ante la consulta de La Opinión. Agradecieron el interés y señalaron que como el tema “no es nuevo” para ellos, están “haciendo reuniones” desde hace tiempo.
“Es un tema álgido por el cual hemos transitado mucho y lo queremos tratar con mucho respeto”, indicaron y se comprometieron a exponer su postura sobre las novedades en relación al asunto cuando lo hayan debatido lo suficiente.

Contra los argumentos “legales”

La mirada profesional que busca el poder político local está relacionada con la necesidad de desmontar los argumentos que pueda plantear Roberto Calvet respecto a sus “derechos adquiridos” por estar durante 22 años usufructuando de manera irregular el predio, con las inversiones que montó allí.

El riesgo de la presentación de medidas judiciales dilatorias por parte del exfuncionariode Obras Públicas -que tuvo testaferros mientras era miembro del gabinete de Barbieri- está latente. De hecho, en todas las declaraciones públicas que hizo en los últimos años en relación al tema siempre dijo que estaba satisfecho con que la situación llegara a la Justicia.

Calvet aduce derechos adquiridos por la inversión realizada, aunque el contrato de 1994 entre MyRC SRL y el club Tiro Federal estipula que “vencido el plazo contractual y las ampliaciones correspondientes todas las obras inmuebles realizadas por el concesionario pasan a poder de la concedente, sin tener el concesionario derecho a reclamo alguno por las inversiones realizadas”.

Respecto a los testaferros utilizados, ese contrato también decía que “el concesionario sólo podrá ceder, transferir, vender o permutar los derechos que emanan del presente contrato con la autorización escrita por parte de la comisión directiva del club”, cosa que jamás sucedió.

Sin embargo, todos los que miran el expediente temen medidas judiciales que favorezcan a quien Los Biguá alguna vez llamaron “el usurpador”.

El exconcejal Abel González, impulsor de proyectos para recuperar ese y otros predios municipales, en cambio, siempre sostuvo que estaban todas las condiciones legales para que el Estado volviera a tomar posesión del terreno.

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