Tiramos un millón por año sin derecho a protestar
Dos de los ítems que se cobran con las facturas de la Coopser, se llevan de San Pedro más de un millón de pesos por año. Si se multiplica por los distritos de la Provincia de Buenos Aires, la cifra sepulta cualquier cálculo posible. Eso sí, ninguno de los aportes ha llegado a concretar los fines para los que fueron creados. Tras el informe de La Opinión, el Concejo Deliberante pidió la derogación de esas obligaciones.
Durante la última sesión del HCD, se puso nuevamente sobre el tapete una cuestión que viene siendo largamente debatida durante los últimos años: La enorme cantidad de impuestos que gravan nuestro consumo eléctrico, y el destino del dinero que con impuestos tan “ocurrentes”, abulta nuestra factura de luz.
Por eso, el bloque de Concejales de Acción por San Pedro, presentó 2 proyectos de resolución que resultaron aprobados por unanimidad, en los que instan a la Legislatura Provincial a derogar por un lado el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia, y por otro el Fondo para la Central de Acumulación por Bombeo en la Laguna La Brava. Estos impuestos se llevan entre los dos, casi 1.000.000 de pesos anualmente del bolsillo de los sampedrinos, mientras que se sabe que no hay ejecución alguna de esas partidas presupuestarias, que terminan quedando para ese barril sin fondo de las cuentas públicas llamado “Rentas Generales”.
El llamado “Fondo especial de desarrollo eléctrico de la Provincia de Buenos Aires”, creado en el año 1967 a través del decreto Ley 7290, (firmado por el en ese entonces Gobernador de Facto General Francisco A. Imaz), aplica en favor del prestador un impuesto del 10% para los usuarios residenciales y un 15% para los comercios e industrias. Eran los tiempos en los que el estado provincial era propietario de la Empresa Social de Energía de Buenos Aires S.A. y se buscaba darle financiamiento a las obras eléctricas de la empresa.
Hace ya más de 10 años que toda la distribución de energía en la Provincia de Buenos Aires ha caído en manos de empresas privadas, y por lo tanto el estado ha dejado de ser hoy el responsable directo del mantenimiento, ampliación y fomento del sector. La plata del impuesto, por tanto, no se utiliza en absoluto para lo que fue creado.
Según informó la Coopser a los ediles, solamente en San Pedro entre Julio del 2007 y el mismo mes del 2008, se recaudaron 678.814 pesos, que fueron a parar a la cuenta especial del Banco Provincia, que el estado Provincial tiene destinada para ese gravamen, y de allí, directamente hacia la nebulosa.
Brava, cara y suspendida
Otro caso desconcertante, es el ya célebre impuesto para la financiación de las inversiones que demande la “Central de acumulación por bombeo en la laguna La Brava”.
Se trata de un decreto ley, también de un gobierno militar, pero esta vez en el año 1978, bajo la gobernación de facto del General Ibérico Manuel Saint Jean.
A 30 años de cobrarle a cada Bonaerense el 5.5% sobre el total facturado en la boleta de luz, la obra jamás pasó de la etapa de “proyecto”.
El presidente del bloque de senadores provinciales de la UCR, Jesús Porrúa, autor de un proyecto de ley que deroga este impuesto, comentó a un medio de la región metropolitana norte, que es “llamativa la respuesta dada por el Poder Ejecutivo Bonaerense al Proyecto de Solicitud de Informes presentado por nuestro bloque en el año 2000, donde se pregunta sobre el destino de la obra para la cual se crea el adicional. En este caso el Ejecutivo respondió que la Central de bombeo en Laguna La Brava no pasó de la etapa de proyecto, pues cuando se estudiaron las condiciones de su operación, no resultaba económica ni mejoraba las condiciones de fiabilidad del conjunto. Por ese motivo se decidió dejar en suspenso dicha obra, hasta que en el futuro, cuando se presentara la situación favorable a la inserción de una central de este tipo, se analizara la oportunidad de su construcción”.
Según las explicaciones oficiales, el destino de los fondos se modificó durante la gobernación de Alejandro Armendáriz para realizar la construcción de la central eléctrica “Comandante Luis Piedrabuena” y aún hoy se sigue pagando una deuda con el Banco Provincia que la realización de esta obra demandó.
Un diputado provincial afín al oficialismo, que prefirió no ser identificado, explicó que la negativa para derogar estas leyes se debe, simplemente, a la formidable recaudación que generan para el Estado. “Si bien se han presentado ya varios proyectos para derogar los impuestos y que varias de las que figuran en las leyes ya están agotadas, ningún gobierno nunca tuvo la voluntad de privarse de esos ingresos”
En San Pedro, son $ 373.347 los que se depositan anualmente por este impuesto, en una cuenta especial del Banco Provincia que se denomina “Fondo Especial de Grandes Obras Eléctricas Provinciales”, a la orden de la Dirección de Energía de la Provincia.
Sumados, ambos impuestos, dan un total de $1.052.161, que se esfuman de San Pedro para financiar obras que jamás se realizarán, y que podrían ser utilizados para obras locales, o simplemente para alivianar el costo de la electricidad, a los vecinos de San Pedro.
Como dijo el Senador Radical, la pregunta que queda sin responder es “cuál es el destino de los fondos recaudados, cuyo caudal se incrementa todos los meses con el dinero de todos los bonaerenses”.
COOPSER no entrega planillas
Los ediles del Bloque de Acción Por San Pedro, tuvieron la fortuna de que desde la Coopser se les facilitaran los datos de la recaudación de la Cooperativa en concepto de impuestos durante el último año.
Es que “La Opinión” está intentando infructuosamente de acceder a esta valiosa información desde hace ya más de un mes, sin resultado positivo. Después de un compromiso tomado en el aire de “La Radio” por parte del Presidente de la institución, y una nota presentada hace varios días por mesa de entrada, al cierre de esta edición no habíamos podido acceder a estos datos que deberían ser públicos para todos los socios y más aún en una época en la que el común de la ciudadanía reclama públicamente por fuertes aumentos, sobre todo en lo referido al “Cargo adicional Programa uso racional de energía”, que tanta polémica suscitó en los últimos tiempos.