Suspendieron a tres empleados por falta de 167 mil pesos, propuestas indecorosas y comportamientos abusivos, respectivamente
Tres sumarios se sustancian en la Municipalidad. Una empleada del área de Rentas está sospechada por el faltante de 167 mil pesos, que habrían desaparecido mediante una maniobra irregular con comprobantes que se entregaban al público y luego se daban de baja. En el Juzgado de Faltas, un trabajador quedó suspendido por denuncias de acoso sexual a los contribuyentes. En Río Tala, un miembro del Centro de Salud fue separado de sus funciones por múltiples irregularidades que podrían derivar en una denuncia penal.
A menos de seis meses de mandato, el Gobierno de Salazar tuvo que tomar medidas preventivas drásticas para con tres empleados que, cada uno en su dependencia, están sospechados de conductas calificadas como muy graves y que podrían derivar en su despido, de probarse lo que se les imputa.
En cada caso hay un sumario administrativo en marcha y un hermetismo sorprendente en un gobierno que hasta estuvo a punto de publicar los sueldos de todo el personal de planta.
Los tres fueron suspendidos por 60 días sin goce de haberes y, de acuerdo a lo que pudo saber La Opinión cuando consultó sobre cada tema a los funcionarios del gabinete, sólo será publicada en el Boletín Oficial la parte resolutiva de cada decreto, es decir la que indica la medida tomada para cada agente, aunque sin los considerandos, que es donde aparecen los resúmenes de los hechos que derivaron en los sumarios.
Como se dijo, los tres son muy graves. Uno es por la sospecha del robo sistemático de dinero de una caja del Palacio municipal a través de la anulación de comprobantes de pago. Otro, por acoso sexual a contribuyentes a quienes se les insinuaba “favores” a cambio de cancelarles un pago. El tercero tiene diversos hechos, algunos vinculados con conductas que el Código Penal podría calificar de manera grave, entre otras que hasta resultan “graciosas” como la atención de animales en un Centro de Salud.
A continuación, sin distinguir entre menor y mayor, La Opinión expone lo que pudo reconstruir de cada caso, a pesar del retaceo oficial y de cierto silencio en ámbitos donde, por lo que puede inferirse, son muchos los que sabían, según el tema, que algo pasaba.
Un vueltito de 167 mil pesos
Una cajera de Rentas fue suspendida por 60 días sin goce de haberes de su cargo mientras se investiga su presunta participación en un faltante de alrededor de 167 mil pesos de las arcas municipales.
Según pudo reconstruir este semanario, se dieron cuenta que algo pasaba cuando un vecino no pudo hacer un trámite porque no aparecía acreditado su pago. Al ira la Municipalidad, se dieron cuenta que el comprobante había sido anulado y sospecharon.
Cuando empezaron a ahondar en el asunto, llegaron a la conclusión que la anulación de comprobantes de pago por parte de los contribuyentes era una práctica regular. Hasta habrían comprobado que las anulaciones se hacían una tras otra, con diferencia de segundos.
Cerca de la empleada, que durante el presumario negó en todos sus términos las acusaciones, aseguran que hubo “una camita” y que ella sería incapaz de cometer semejante acto. Tienen abogados, no contaría con respaldo sindical y su nivel de vida no condeciría con la de alguien que se llevó 33.400 pesos por mes extra desde enero a mayo.
De todas maneras, la sospecha y la investigación existe. Como en cada caso, el Gobierno aclarará que la medida preventiva “no implica pronunciarse en torno a la responsabilidad” del empleado, lo que se dilucidará cuando el proceso en marcha termine, en el que la acusada podrá ejercer el derecho a la defensa, con el debido mantenimiento del principio de inocencia.
Eso sí: si la encuentran responsable, habrá despido y denuncia penal.
Un empleado “mano larga”
Al menos un contribuyente y un funcionario del Gobierno denunciaron, el primero porque le pasó y el segundo porque recibió testimonios, a un empleado del Juzgado de Faltas por extender su mano hacia donde no corresponde a los fines de hacer insinuaciones que bien pueden encajar en la figura de acoso sexual.
Los dos relatos, el de primera persona y el del funcionario al que le contaron, coincide con lo que muchos relataron alguna vez, pero nunca se animaron a denunciar o lo dejaron pasar porque no consideraron “tan grave” el tema.
Palabras más o menos, los relatos señalan que cuando un hombre joven y apuesto iba al Juzgado de Faltas y era atendido por el empleado en cuestión, éste procuraba rozar o directamente “manotear” sus partes íntimas e incluso hasta habría hecho propuestas indecorosas, todo bajo la idea de que si el contribuyente accedía podría “zafar” de una infracción.
El pasillo que lleva a los baños del Juzgado de Faltas, en el Centro Cívico, es mudo testigo de estos hechos denunciados. Allí hasta habrían entregado un carnet de conducir para que un joven multado pudiera viajar un fin de semana largo, luego de un “toqueteo” rápido que a quien podríamos denominar como víctima le pasó inadvertido hasta que reflexionó sobre ello.
El funcionario que aportó testimonios habría escuchado hasta a menores de edad que refirieron situaciones similares. En cada caso se habla de presuntos “favores sexuales” que habrían sido pedidos por el empleado a cambio de “hacer algo” para que la infracción desaparezca.
Incluso hay quienes señalan que habrían sido citados fuera del horario habitual de trabajo municipal al Juzgado, que está en un edificio donde más allá del horario administrativo no hay nadie.
Separado por 60 días sin goce de haberes, también podría ser despedido si se comprueban las acusaciones de las que fue objeto.
Un caso que deberá llegar a la Justicia
Un empleado del Centro de Salud de Río Tala también fue separado preventivamente de su puesto por 60 días y sin goce de haberes representa todo un caso.
Las acusaciones son varias y algunas de ellas pueden tipificarse sin mayores problemas como delitos penales que, al menos al cierre de esta edición, no habían sido denunciados en la Justicia.
Se trata de un trabajador que hacía tareas técnicas muy específicas, con acceso a un lugar cerrado, del que tenía la llave.
Según pudo reconstruir La Opinión, los relatos que derivaron en el sumario por el que atraviesa señalan que iría a ese cuarto acompañado por menores de edad, que no serían sus pacientes, por lo que las sospechas en relación a lo que ocurriría allí dentro son muchas, sobre todo porque lo haría sin autorización de los médicos.
Otra de las acusaciones que pesan sobre el empleado indican que utilizaría el Centro de Salud donde se desempeñaba como un espacio asistencial de animales, pero en apariencia no sólo oficiaría de “falso veterinario” sino hasta de “falso médico” que indicaba patologías y tratamientos a pacientes.
El faltante de elementos del lugar también fue señalado como una conducta sobre la que el empleado debería ser investigado.
El sumario administrativo
Las situaciones descriptas en esta página obligaron, en cada caso, a instruir un sumario administrativo por parte del Municipio, con el fin de deslindar o atribuir responsabilidades y esclarecer los hechos que aparecen en cada uno.
Todos están en condiciones de ser considerados dentro del artículo 107 de la nueva ley de empleo municipal, que contempla sanciones “expulsivas”, es decir de cesantía de la relación laboral, el despido.
“Inconducta notoria” y “falta grave que perjudique materialmente a la Administración Municipal o que afecte el prestigio de la misma” son dos de los incisos que aparecen en ese artículo.
Ante la gravedad de los hechos, el Ejecutivo consideró que era mejor tenerlos fuera de sus puestos de trabajo hasta tanto se sustancien los sumarios. De la misma manera, como la investigación sumarial tiene carácter precautorio, el Gobierno puede disponer la suspensión de la percepción de haberes, como hizo en estos tres casos.