Solicitan la revocación de beneficios a detenidos

El supuesto incumplimiento por parte de los involucrados en tres asesinatos obligó a la Fiscal de Juicio Gabriela Ates a intervenir y tomar distintas medidas para con quienes contaban con diferentes beneficios otorgados por el Juzgado de Garantías.
Con fecha del 23 de diciembre se solicitó la anulación del beneficio otorgado a Evaristo Rodríguez, quien está condenado a ocho años de prisión por asesinar a Esteban “el Oso” Villarruel el 6 de octubre de 2007. A los pocos días se recibieron varias denuncias que aseguraban haber visto a Rodríguez movilizarse por la calle y merodear un bar cercano a su vivienda. Por este motivo, varias personas debieron testimoniar ante el Juez de Garantías, que finalmente dio lugar a la solicitud.
El pasado lunes, el personal policial se dirigió a donde vivía actualmente el condenado, sobre el kilómetro 5 de la Ruta 191, lo apresó y trasladó hacia la Comisaría en donde quedó alojado aguardando decisiones por parte de la Justicia, aunque su destino final será la cárcel.
Por otra parte, el 21 de diciembre Ates solicitó la revocación de la medida otorgada el 9 de marzo pasada a Julio Alberto Bianchi. El Juez de Garantías Nº 2 Dr. Ricardo Pratti le había aplicado el arresto domiciliario con salidas laborales y médicas, pero hace unas semanas atrás se efectuó un allanamiento en su vivienda y le secuestraron un arma de guerra. Por ello, la Fiscal argumentó que debe regresar a la cárcel. Bianchi se encuentra procesado por el asesinato de Juan Pablo Salazar, acontecido el 14 de octubre en el barrio Las Malvinas.
La Fiscal de Juicio Gabriela Ates también pidió que se investigue y revea la situación de atenuación de la medida de coerción de libertad (detención) que posee Carlos Alberto Cocuzza, desde el año en que dio muerte a Lucas Canali. Distintas versiones de testigos hicieron saber a Ates que Cocuzza no cumple con el arresto domiciliario ni con las pautas que en su momento le otorgara el Juzgado de Garantías interviniente. Cocuzza, quien ya cuenta con otro homicidio en su haber, sería declarado reincidente con la muerte del menor. La letrada sostuvo que es sumamente agraviante para las víctimas, familiares y en general para quienes aplican Justicia que se burle dicho beneficio, por lo que cada vez que tenga conocimiento de situaciones similares lo hará saber a quien corresponda. Todas estas circunstancias ponen al descubierto el verdadero rol que cumple el Patronato de los Liberados y el compromiso que asume cada implicado ante el beneficio otorgado.