Sin pruebas de ADN, Fiscalía entra en el tramo final previo al juicio por el caso de los docentes abusadores
Las muestras de material genético tomadas el día de la denuncia quedaron inutilizadas y no hay manera de cotejarlas con el acusado. El único resultado cierto es que se trata de ADN masculino. Para la Fiscala Ramos, ello no representa un obstáculo para la investigación, que entra en su última etapa. La madre de las víctimas, también imputada y detenida, fue trasladada al Melchor Romero. El abogado Zino quedó a cargo de su defensa.
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Pasaron nueve meses desde que una adolescente de 14 años le contó a su tía que su padre, un reconocido profesor de matemáticas e inspector de enseñanza había abusado sexualmente de ella. Desde entonces, él y su esposa –acusada de participar de los hechos– permanecen detenidos con prisión preventiva, mientras las cuatro hijas del matrimonio, dos de ellas abusadas, intentan reconstruir sus vidas junto a familiares y amigos que desde aquel momento se hicieron cargo de estar a su lado, con todas las dificultades que ello implica.
En el expediente, los movimientos de las últimas semanas fueron muy importantes. Fiscalía, la parte acusadora, y los acusados analizan, cada uno desde su punto de vista, los últimos acontecimientos.
Cada cual considera importante para su visión lo que sucedió con los malogrados resultados del ADN practicado sobre una de las víctimas. La hora de la verdad será pronto, cuando la Fiscala Viviana Ramos cierre la etapa de instrucción y eleve la causa a juicio, para que en debate oral y público se expongan las pruebas y testimonios de uno de los casos más aberrantes que recuerde la historia sampedrina.
Sin prueba de ADN para el padre
Dentro de los calabozos de la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás se escucharon versiones de regocijo ante lo que sucedió con las muestras de ADN tomadas el día de la denuncia, cuando la más pequeña de las víctimas le dijo a su tía que su padre abusaba de ella desde hacía tiempo y que esa mañana había sido la última vez.
Es que esa prueba ya no existe. Las muestras tomadas durante el protocolo de rigor para casos de abuso sexual se malograron y no pudo determinarse nada en relación a ella. Como en tantas otras oportunidades, las fallas del sistema impidieron hacerse con un elemento fundamental para la acusación. Es que el traslado y conservación durante la cadena de custodia no funcionó como debía, por lo que quedaron inutilizadas.
Por otra parte, el material genético hallado en la ropa interior de la adolescente tampoco puede ser cotejada con las muestras de sangre del padre acusado, ya que la cantidad hallada es ínfima.
Para el expediente judicial, no hay entonces informes genéticos que corroboren la hipótesis de que fue el acusado quien abusó de la nena esa mañana. Por ello, en su celda de la cárcel nicoleña, el prolijo trazo del docente escribió una página de victoria.
Sin embargo, para Fiscalía, el hecho de no contar con esa prueba no es obstáculo para la acusación. Ramos sostiene, sin ambages, que “la única posibilidad es que ese material genético hallado en la bombacha de la niña sea del padre, porque ella desde su casa se fue a lo de la tía y de ahí a la Comisaría”.
Aunque reconoce que “lo ideal hubiera sido que se pudiera cotejar”, el hecho de que no cuente con esa prueba “no malogra la investigación”. Ramos insistió ante La Opinión con que, de haber estado el resultado, habría tenido una prueba “más fuerte, enérgica y precisa”.
Pero la Fiscala tiene confianza en que los elementos probatorios reunidos son suficientes. “No estoy preocupada por ello”, dijo respecto al fallido ADN. “Es un abuso intrafamiliar, hay muchas, muchísimas pruebas sobre eso. En absoluto es un riesgo para la investigación, la situación está corroborada por los relatos de las víctimas y el resto de las pruebas. Las situaciones de abuso venían de años”, agregó.
La madre, en el Melchor Romero
Los acusados por abuso sexual agravado y corrupción de menores son dos: el padre y la madre de las víctimas. A ella, se la acusa desde el principio de “participar activamente en situaciones sexuales”, de acuerdo a lo que surgió de los testimonios recabados en cámara Gesell a al menos una de las dos víctimas del caso.
En la última etapa del trabajo de instrucción, Fiscalía deberá resolver la acusación precisa que pesará sobre la madre de las nenas a la hora del juicio. La especificidad de la imputación sobre el padre en relación al abuso de la hija mayor también es materia de análisis.
En cuanto a la madre, si su rol fue pasivo o activo, si consentía y no denunció, si era cómplice, partícipe o coautora, quedará expresado cuando Ramos termine de colectar pruebas y pueda sopesarlas una con otras. Por lo pronto, Fiscalía considera que participaba de los actos sexuales para satisfacer sus propios deseos y no por desequilibrios y sumisión emocional como evaluaron los más allegados.
El abogado José Luis Zino sólo patrocina a la mujer y ya no al exinspector de enseñanza. Su última intervención en el expediente fue un nuevo pedido de morigeración de la pena, con la intención de que su defendida goce de salidas transitorias.
El pedido estuvo argumentado en las dificultades psíquicas que atraviesa la imputada. El Juzgado de Garantías denegó el pedido, pero luego se hizo eco de una recomendación de la propia Fiscala y envió a la mujer a la unidad neuropsiquiátrica de Melchor Romero, partido de La Plata.
Allí llegó la imputada luego de varias situaciones complicadas para su integridad física y mental, que incluyeron agresiones por parte de otras detenidas y el robo de la medicación a manos de una apresada por venta de drogas. Contó a sus allegados que le robaron “hasta la yerba”.
En el Melchor Romero recibe, cada tanto, alguna visita. Tiene el rostro ennegrecido del tabaco malo que fuma en el penal para enfermos pisquiátricos. Quiere que la vayan a ver, sobre todo sus hijas.
Quienes la fueron a visitar la vieron mejor que en el penal de San Nicolás. Al menos ya no duerme en el piso, le dan la medicación que tenía prescripta, la atienden médicos psiquiatras y hasta desayuna. Como se trata de una cárcel especial, el trato es mejor por parte del personal del Servicio Penitenciario, para nada famoso por su amabilidad.
Ir a visitarla es ahora más complicado para su familia que antes. Melchor Romero es lejos. Llegar, además, es difícil si no se posee vehículo propio. Además, nadie les informa a sus allegados que pueden gestionar pasajes gratuitos.
En San Pedro, las cosas tampoco son fáciles. Un abogado siempre necesita dinero para hacer trámites, las hijas del matrimonio detenido son cuatro y todas tienen que alimentarse, vestirse, ir al colegio… Ni siquiera tienen obra social.
La tía que se presentó en la comisaría para radicar la denuncia tras el relato de su sobrina renunció a un subsidio que le otorgaba la Municipalidad. El monto fue destinado a dos personas que tienen consigo a las mayores. Era de apenas 3.000 pesos. Una “ayuda” insignificante para quienes además de lidiar con su propia pobreza deben hacerse cargo de otras cuatro personas.
Pasaron nueve meses. En la casa que alquilaban en San Pedro no quedó nada. Unas pocas cosas pudieron ser rescatadas por la familia, que al igual que la propia imputada sospechan que quienes tenían las llaves están involucrados en la misteriosa desaparición de los elementos más valiosos que había en la vivienda.
Causas conexas
Fiscalía trabaja para ordenar el material que posee hasta ahora, mientras espera los resultados finales que permitirán darle forma a las acusaciones contra los imputados.
Las computadoras, pendrive, videocámaras, cámaras fotográficas, discos rígidos, DVD y todo el material que fue secuestrado de la casa familiar ya fue peritado y se esperan los resultados oficiales del análisis.
Allí hay muchas, muchísimas cosas de índole sexual. Lomás importante, quizás, sean las imágenes en chats de fotos con menores de edad en situaciones sexuales.
Para Fiscalía aún no está determinado si se trata de imágenes provenientes del circuito ilegal de internet o si acaso ellos mismos produjeron alguna.
El análisis respecto a ese tema está vinculado a la posibilidad de desglosar, ya que si hay sospechas firmes del tráfico y/o producción de imágenes sexuales con menores de edad como protagonistas, deberá remitirse el material a la Justicia Federal.
