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martes, mayo 11, 2021

Sin incidentes, hubo desalojo en las usurpaciones

La policía cumplió con la orden de desalojo en el terreno de Bozzano y Ansaloni, sin situaciones conflictivas ni resistencia por parte de los ocupantes, que se retiraron con sus pertenencias. Habrá un operativo similar en Güemes y 35 bis, donde quedaban pocas familias. La tercera de las tomas, la de Cruz Roja y Dávila, aguarda una medida por parte de la Justicia. Desarrollo Humano entrevistaba a las mujeres con hijos para “gestionar ayuda social”.

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El martes a las 8.00 de la mañana, un centenar de policías llegó al predio usurpado en Bozzano y Ansaloni para hacer efectiva la orden de desalojo que dos semanas antes había dictado el Juzgado de Garantías que interviene en los casos de tomas masivas de terrenos registradas en San Pedro desde el 19 de enero.

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Las familias desalojaron el lugar sin oponer resistencia, más allá de algunos gritos e insultos contra la policía. La fiscala Viviana Ramos anunció desde allí que “en los próximos días” harán lo propio en el terreno de Güemes y 35 bis.

“El juez quería ver el resultado de este para avanzar en el otro, que será como en este caso, con policía saturando el lugar para evitar incidentes”, dijo la titular de la Fiscalía 11, que tiene a su cargo las causas que tramitan ante la Justicia por el delito de “usurpación” tras las denuncias presentadas por los propietarios de esos inmuebles, las familias Begino y Schmidt, y Peña, respectivamente.

Había pasado un mes y una semana desde aquel sábado a la tarde, cuando unas 30 familias, que se habían organizado previamente, ingresaron a la excancha del club de fútbol infantil Independiente, con el objetivo de desmalezar y montar precarias viviendas con palos, chapas, lonas y nylon.

El desalojo fue pacífico. Los ocupantes ya habían sido notificados de la orden judicial. El gobierno había enviado emisarios a explicarles que debían irse sin oponer resistencia y hasta fueron recibidos en Palacio por el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri.

Aunque algunos habían asegurado que tenían “una estrategia” para resistir, cuando la policía entró, fueron colaborativos. “La gente ya había sido censada, viendo su situación de vulnerabilidad se le dio un plazo, se charló con ellos, estaban dispuestos a abandonarlo”, dijo Ramos.

En la mayoría de los casos, los propios usurpadores desarmaron sus precarias instalaciones. En otros, la policía se ocupó de tirar abajo palos y chapas, de sacar alambrados y de reunir pertenencias para que las familias se las llevaran. La mayoría de los efectivos que estaban dentro del predio eran de la Comisaría local, bajo el mando del Jefe Distrital, Fabián Gallo, y el comisario Andrés Galiano. En la calle, en tanto, un cordón de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la División Infantería, con cascos y escudos, custodiaba la tarea.

Aunque hubo algunos gritos de mujeres enojadas porque las apuraban para que saquen sus pertenencias, no hubo situaciones conflictivas. Un joven discapacitado –le falta una pierna y se mueve con muletas– arrojó piedras y fue aprehendido por los efectivos, que lo trasladaron en patrullero y esposado.

Una vez que las precarias viviendas fueron desarmadas, una topadora municipal –también había un camión de Obras Públicas en la zona, rodeada de móviles policiales– ingresó para acumular lo que no se llevaron en un sector de la excancha de fútbol. Afuera, algunas mujeres se quejaban del trato verbal de ciertos efectivos. En la esquina, donde está el portón de la vieja canchita, el último en salir señalaba a un policía, con ademanes. A su lado, su pareja embarazada era informada por una mujer de la fuerza que debían sacar las cosas del acceso. “Ya vienen a buscarlas con un carrito”, le dijo. “Sí, no hay problemas. Sólo para que luego quede liberado por si hay que entrar y salir”, fue la respuesta amable que recibió.

Al lado del comedor Los Bajitos, personal de la Asesoría de Menores del Poder Judicial de San Nicolás informó a las mujeres que se acercaron a escucharlos que en la Comisaría de la Mujer serían recibidos por personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, quienes mantendrían una entrevista con cada una de las mujeres madres del asentamiento desarticulado para “gestionar ayuda social” ante el Municipio.
“Nos vamos, qué vamos a hacer”, dijo un joven que, desde el primer día, fue atento guía de La Opinión ante cada visita para relevar lo que sucedía en la toma. “Acá no mostraron los papeles”, se quejó a su lado una jovencita. Algunos se llevaban las cosas a casa de familiares que viven en el mismo barrio, muchos en el asentamiento precario que se transformó en barrio urbanizado y objeto de políticas de desarrollo urbano y social del gobierno conocido como El Argentino. Otros aseguraron que se quedaban “en la calle con los chicos”.

Mientras se producía el desalojo pacífico del terreno de Bozzano y Ansaloni, en Güemes y 35 bis, el otro predio que tiene orden judicial de ser liberado para restituirlo a sus propietarios, las familias en situación de toma –quedaron pocas de las 12 que llegaron el 23 de enero y que luego fueron 18– tomaban mate y seguían las alternativas del operativo por la transmisión en vivo de La Opinión & Sin Galera. Saben que ahora les tocará a ellos y que resistir será en vano. Todo indica que, como sucedió en el primero, este asentamiento también será desarmado para que el terreno vuelva al control de sus dueños.

Resta, ahora, que la Justicia avance en la situación de las manzanas de la zona de Cruz Roja y Dávila, el terreno que de manera colectiva compraron 11 familias empleadas de una fábrica textil con el sueño de la casa propia que nunca pudieron cumplir.

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