Sin estudio de impacto ambiental no habrá excepción para la Coopser
La Comisión que trata el pedido que hizo la cooperativa para instalar una estación transformadora en terrenos donde hoy no está permitido, decidió devolver el expediente al Ejecutivo. Hasta que no haya estudio de impacto ambiental, no van a decidir si votan la excepción. El informe del Colegio de Arquitectos y el propio pliego de licitación fueron determinantes para la decisión.
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El lunes, la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante estuvo reunida hasta pasadas las 13.30. Allí, los bloques políticos definirían su posición respecto a la excepción a la ordenanza San Pedro 2000 que pidió Coopser para la instalación de una estación transformadora de energía en Crucero General Belgrano y 3 de Febrero o en Ruta 1001, para evitar el colapso energético a futuro, con desabastecimiento incluido.
Sin embargo, tras analizar dos informes, la comisión se puso de acuerdo para decidir estudiar el tema en profundidad, a pesar del apuro de la cooperariva. Así, aprobaron reenviar el expediente al municipio y solicitarle que exija a la Coopser el estudio de impacto ambiental obligatorio para cada uno de los terrenos. Recién cuando esa documentación llegue, pasarán a tratar el tema.
El estudio ambiental había sido solicitado por el Ejecutivo en los informes del Secretario de Obras Públicas Hugo Días. La cooperativa esgrimió que los entregaría una vez aprobada la ordenanza de excepción, cuya ejecución estaría sujeta a ese informe.
Un pliego sin restricciones
Los apuraba el pliego de concesión, puesto que los plazos de adjudicación sobre los terrenos elegidos vencían. De hecho, ya vencieron y el asunto ahora deberá esperar bastante más. Ese pliego, según observaron los concejales, nunca planteó ningún tipo de restricción, aunque sabían sin lugar a dudas cuáles son los sitios prohibidos para ese tipo de emplazamientos, de acuerdo a la ordenanza de uso y ocupación del suelo, que ahora buscan sortear con la excepción.
Si en un principio la mayoría de los ediles estaba de acuerdo en la necesidad de tratar con premura el tema, por la importancia estratégica que posee, el haberse encontrado con un pliego de licitación creado para pedir una excepción no les cayó nada bien.
Desde la Cooperativa, el Tesorero Oscar Silva sostuvo que hay motivos “técnicos y económicos” que determinan que esos son los mejores lugares. Incluso argumentó que lo ideal sería el de Crucero General Belgrano y 3 de Febrero, frente a la estación de servicio, ya que el otro implicaría una serie de obras adyacentes por alrededor de 12 millones de pesos más.
El pedido de presentación de los estudios de impacto ambiental lo hizo la Comisión de Planeamiento a través de su presidente, Martín Baraybar. El concejal del Frente para la Victoria lo elevó al titular del HCD, Mario Barbieri, quien lo remitió al Intendente.
“Estamos con la necesidad de energía, que es real, pero queremos saber que no aprobamos nada que genere complicaciones a futuro”, explicó Baraybar y agregó: “El estudio de impacto ambiental establecerá consecuencias y maneras de mitigarlo, por ello pedimos los dos. Seguramente las consecuencias son bajas, pero en uno de los dos va a ser menor”.
Un informe lapidario
Como adelantó La Opinión la semana pasada, el Colegio de Arquitectos local tomó intervención convocados por la Comisión de Planeamiento. Los urbanistas Ana Grande y Santiago Barceló escucharon a los ediles y escribieron la opinión de ese círculo de profesionales, que guarda relación con lo que este semanario anticipó.
Los arquitectos entienden que en San Pedro, como en otras ciudades de la región, “las líneas de crecimiento se desarrollan a lo largo de los accesos y caminos”, como fueron “en un principio la Ruta 191 y la calle Mitre”, que ahora se ha “ampliado a las rutas 1001, AV. J.B. Justo, Camino L. Mansilla y los bulevares 3 de Febrero, Sarmiento, 11 de Septiembre, y en un futuro la Av. Mateo Sbert”.
Los urbanistas consideran que “es importante e imprescindible la ampliación de infraestructura para el desarrollo” pero que “no menos importante son las actividades que se desarrollan en la ciudad y en las áreas potencialmente ricas para las actividades de vida urbana”.
“El uso del suelo solicitado compatible con actividades industriales crearía un impacto urbano negativo en áreas con un potencial definido con las actividades deseables a instalarse en los accesos principales”, concluyeron.
En el informe, hay lugar para un tironcito de orejas para la responsabilidad social de la Coopser: “Entendemos que las instituciones no deben inducir a evadir las normas vigentes, sino que deben ser ejemplo y guiar a la sociedad”, sostienen los arquitectos.
