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martes, abril 13, 2021

Sin emergencia laboral, “premio consuelo” para los trabajadores despedidos

El proyecto de la oposición fue desarticulado y lo único que aprobó el Concejo fue suspender el pago de tasas a los contribuyentes que puedan certificar que fueron despedidos de sus trabajos. El resto quedó en declaraciones para pedirle al gobierno que instrumente herramientas que ya posee. Los trabajadores de Coplac y Saladino siguen en las fábricas, a la espera de respuestas.

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El Concejo Deliberante discutió el jueves, durante más de una hora, el proyecto de “Emergencia laboral” que presentó el bloque Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana. El debate se extendió porque el oficialismo quería tratarlo en comisión y la oposición pretendía aprobarlo en esa sesión.
Un extenso cuarto intermedio permitió acercar posiciones. Finalmente, Cambiemos logró reformas en la redacción del proyecto y el expediente fue aprobado sin declarar la emergencia laboral, sin eximir del pago de tasas a las personas que hayan sido despedidas y sin crear programas de subsidio para colaborar con ellos.
La derrota de la oposición fue en el terreno de lenguaje: en una hora, el oficialismo los convenció de escribir de otra manera el articulado, al punto de que se perdió el espíritu del proyecto y lo único concreto que dejó la ordenanza aprobada es que quien haya sido despedido de su trabajo será beneficiado con una “suspensión” del pago de tasas, que no es lo mismo que la eximición.
En el recinto había trabajadores de Coplac, que expresaron ante La Opinión su preocupación porque la semana próxima deberán hacer frente al pago de alquileres, servicios esenciales como luz y gas, y otros como videocable, internet, etc. Dirigentes de la CGT y la CTA también estuvieron presentes.
El artículo primero “exhorta” al gobierno a hacer gestiones ante ministerios y otros organismos para fomentar la producción y conservar los puestos de trabajo, algo que el Ejecutivo de Cecilio Salazar ya tiene en marcha desde que intervino en el conflicto.
El artículo segundo suspende el pago de tasas a quienes puedan acreditar que, en los últimos seis meses, fueron despedidos de sus empleos. No los exime, sino que establece la suspensión del cobro hasta tanto cambie su situación, momento en que deberán pagar la deuda generada, aunque ello sería sin intereses.
El tercero “exhorta” al gobierno a “arbitrar los medios necesarios para atender con recursos ordinarios la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas por los despidos”. Es decir a hacer algo que ya hace: recibir pedidos de ayuda, evaluarlos y, si corresponde, hacer efectivo algún tipo de subsidio.
El cuarto, por su parte, establece que se les dé prioridad a los hijos de despedidos que cursen estudios terciarios o universitarios en la distribución de becas municipales. Así quedó expuesto en la sesión, tras el largo cuarto intermedio.El proyecto de emergencia laboral implicaba eximir del pago de tasas a todos los contribuyentes que pudieran acreditar que perdieron su trabajo en los últimos seis meses y continúen desocupados. Lo aprobado es distinto: apenas la “suspensión”.
Establecía que la Secretaría de Desarrollo Humano “otorgará un subsidio, afectado del Fondo de Inclusión Social, por la extensión de seis meses, a aquellas familias que no cuentan con vivienda propia y deben afrontar el pago de un alquiler”.
El oficialismo se opuso, porque consideraba que era “irresponsable” afectar un fondo específico. En el debate, se planteó la posibilidad de que ese subsidio fuera afrontado con recursos ordinarios.
Finalmente, no se creó ninguna herramienta de ese tipo, sino que se “exhortó” al gobierno a atender la situación de las familias, algo para lo que no se necesita ordenanza alguna puesto que, como quedó expresado en sesión, el Estado local asiste a alrededor de 300 familias sólo con el Fondo de Inclusión.
En Coplac, los trabajadores aguardan novedades para el viernes, cuando vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, sin respuesta del dueño, más allá de los e-mails enviados al intendente en los que dice que no hay marcha atrás con la decisión de cerrar.
En la planta recicladora de plásticos para la fabricación de bolsas de Río Tala, propiedad de la familia Saladino, la situación es similar. Coopser cortó la luz por falta de pago y el Ministerio convocó a una audiencia a la que los dueños no fueron porque no pudieron ser notificados ya que nadie conoce su paradero. Mientras tanto,  los trabajadores resisten en el predio.

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