Siguen usando fondos afectados para sueldos con la “emergencia económica” como argumento
Aunque la ordenanza que declaró la emergencia quedó sin efecto en julio del año pasado, cuando el Gobierno decidió duplicar los sueldos de los funcionarios del gabinete, otra vez utilizaron ese argumento para desviar 9 millones de pesos de recursos afectados a las cuentas ordinarias para cumplir con el pago de los salarios. La ayuda de Vidal permitió pagar el medio aguinaldo.
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El Gobierno municipal cumplió a principios de mes con el pago de los salarios y luego hizo lo propio con el medio aguinaldo, la semana pasada. En ambos casos tuvieron que pedir plata prestada, porque con los recursos propios no podrían haberlo afrontado.
La administración Salazar cumple todos los meses en tiempo y forma con el pago de los haberes de los trabajadores municipales. Este mes no fue la excepción. Las gestiones ante el Gobierno provincial, con reuniones en el Ministerio de Economía –que audita mes a mes el devenir de las finanzas locales–, permitieron la transferencia de recursos extraordinarios para el medio aguinaldo.
Un guiño de Vidal y Lacunza
Provincia envió fondos especiales para el pago del sueldo anual complementario (SAC). El secretario de Economía Mario Sánchez Negrete había adelantado que necesitaban unos 15 millones de pesos extra para cumplir con ese compromiso.
Este mes el Ejecutivo pagó salarios y aguinaldo con el 5,5 por ciento de aumento trimestral que otorgó por decreto a los trabajadores, que ahora se organizan para pedir reapertura de paritarias.
Si para el SAC hubo que rezarle a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Economía Hernán Lacunza, para los sueldos corrientes Salazar y Sánchez Negrete autorizaron el desvío de fondos afectados hacia recursos ordinarios, porque de otra manera el saldo disponible en caja no hubiese alcanzado.
Con recursos ordinarios insuficientes
Fueron 9 millones de pesos los que pidieron prestados a esas cuentas donde Provincia deposita dinero que llega para usos específicos y precisados por ley.
El decreto tiene fecha del 4 de julio y además de la firma de Salazar y Sánchez Negrete lleva la del secretario de Gobierno, Silvio Corti.
La transferencia de 9 millones de fondos afectados a recursos ordinarios fue de esta manera: 2.000.000 desde la cuenta Recursos Ordinarios con afectación Especial; $ 3.000.000 de la cuenta Fondo Sojero; $ 1.500.000 de la cuenta Fondos de Terceros; y $ 2.500.000 del denominado Fondo Educativo.
Lo más llamativo, además de la recurrente necesidad de utilizar fondos afectados para gastos corrientes como el pago de salarios, vieja costumbre heredada de Guacone que tanto se cuestionaba, fue el argumento utilizado.
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“Este Municipio ha sancionado la Ordenanza de Emergencia Económica N° 6.169/16 y Promulgada por Decreto 0007-2016 lo que permite efectuar dicha transacción”, dice el decreto, que cita una norma que perdió vigencia el 30 de junio.
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La emergencia que ya no es
El decreto 726/2017 dice, textualmente “Visto: la ejecución de los recursos y gastos de las distintas jurisdicciones y la deuda que mantiene el Municipio con proveedores de bienes y servicios”.
Y “considerando: que por indicación expresa del Intendente Municipal se está realizando un estricto control de las erogaciones privilegiando el pago de los salarios y la prestación de los servicios básicos; que este Municipio ha sancionado la Ordenanza de Emergencia Económica N° 6.169/16 y Promulgada por Decreto 0007-2016 lo que permite efectuar dicha transacción”.
Ello significa que el instrumento administrativo legal mediante el que el Gobierno se autoriza a sí mismo a echar mano de dinero de fondos afectados para pagar los sueldos tiene un vicio: está justificado con una ordenanza que ya no está vigente.
La emergencia económica fue sancionada por el Concejo Deliberante a expreso pedido del intendente Cecilio Salazar, apenas se hizo cargo del Ejecutivo municipal.
Su vigencia duró hasta el 30 de junio y el Gobierno no pidió prórroga. Aunque ya había nombrado empleados mientras duró la emergencia –algo que estaba expresamente prohibido–, la excusa fundamental para no solicitar la continuidad de la declaración del estado crítico de las cuentas fue que era necesario sumar personal, algo que esta administración hizo con creces.
Pero además, hubo un motivo más que el Gobierno no reconoció sino hasta que La Opinión lo reveló en su tapa: el fin de la emergencia económica permitió aumentar al doble los sueldos de los funcionarios del gabinete.
