Siguen los reclamos por motos robadas del depósito municipal
Al menos cinco personas se presentaron en las últimas semanas para dejar asentado en la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad que cuando fueron a recuperar su motocicleta retenida en operativos de tránsito, ya no estaban en el depósito. Se trata de rodados secuestrados antes de la asunción de Burgos en el cargo. Hay quienes habrían cobrado dinero como resarcimiento. Una víctima reconoció su moto en una picada.
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La Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad trata de reacomodarse desde la asunción de Ángel Burgos, que siguió los pasos de su ahora superior y Secretario de Seguridad Pública Eduardo Roleri.
Con más de 500 motos secuestradas en dos meses y miles enviadas a compactación, el Gobierno procura solucionar algunos temas que quedaron pendientes, como el reclamo de los vecinos que nunca pudieron recuperar sus vehículos.
Al menos cinco personas presentaron su reclamo en los últimos dos meses en las oficinas ubicadas frente a la Comisaría. Por razones que desconocen, cuando quisieron ir a buscar sus motos, ya no estaban en el galpón.
“Hasta el momento no se sabe con exactitud la cantidad de vehículos que se encuentran en depósito municipal a la espera de la restitución a sus titulares o a la espera de su disposición final, lo cierto es que la Municipalidad de San Pedro desembolsa importantes sumas mensuales en el alquiler de predios destinados a tal fin”, dice en sus considerandos, casi como una confesión, la ordenanza aprobada mediante la que se autoriza la compactación, remate o afectación de los rodados secuestrados.
¿Y Candela, y la moto?
La mayoría corresponde a incautaciones derivadas de operativos de tránsito previos a la reforma del área de Inspección, que incluyó la desafectación de siete trabajadores, que fueron trasladados a otras dependencias municipales, y la renovación del plantel con veinte nuevos empleados.
Desde el Gobierno, lo que hacen es tomarles el reclamo a través de un expediente en el que relatan su caso y poner en marcha la maquinaria estatal para solucionar el problema. En al menos un caso, el Estado pagó la restitución de la moto.
A todos los casos que conoció este semanario les sucedió lo mismo: les secuestraron el rodado en la calle, durante un operativo, hicieron el trámite para la recuperación, pero cuando fueron al depósito el personal les indicó verbalmente que “la moto no se encuentra en el galpón que pertenece a su dependencia”.
En cada caso, pidieron la restitución a través de ese expediente. La Opinión conoció al menos uno que aseguró haber recibido el pago correspondiente por el vehículo que no pudo recuperar. Fue una persona que se había acercado a este medio con el reclamo y que luego pretendía que no se diera a conocer la situación porque “ya había cobrado”.
Un caso testigo
En otro de los casos, una mujer se quejó porque su Yamaha no estaba en el depósito y elevó el reclamo pertinente. Su enojo crecióaún más cuando en una picada de las que se organizan habitualmente en Ruta 1001 y avenida Sarmiento, alcanzó a divisar su vehículo.
“Hace ya más de un mes y medio que descubrimos que la moto que había sido secuestrada por los inspectores y que tendría que estar en el galpón municipal está en la calle”, contó la damnificada.
Agregó que luego de hacer todos los trámites correspondientes en el área de Legales del Municipio y que le informaron que “todos los casos iguales al mío se pasan a Concejo Deliberante para que tomen la decisión de qué hacer con estos expedientes”.
“La moto anda en la calle y en las picadas, la están destruyendo”, se quejó la mujer, que pudo ver el estado de su rodado: “Todos los plásticos rotos, la rueda trasera igual, larga humo por todos lados”.
En la Secretaría de Seguridad Pública, un funcionario le pidió que redacte la nota de reclamo, lo que hizo. Mientras tanto, sigue a la espera.
Más de 500 motos secuestradas
El Secretario de Seguridad Eduardo Roleri dijo el sábado en Sin Galera que en los últimos dos meses secuestraron más de 500 motos y que el destino de todas, si no las reclaman a su debido tiempo, será la compactación.
“La ordenanza lo marca muy bien, hasta seis meses lo podemos retener; luego se compactará”, dijo Roleri y agregó: “Rematarlas es muy engorroso por los tramites, por eso decidimos compactarlos”.
Hasta el momento, nunca se supo cuál es la empresa contratada a tal fin. Sólo se sabe que es “una empresa que se dedica a eso”. Las motos y autos destinadas a compactación iban a un predio ubicado en Escobar.
La ordenanza, que abreva en leyes nacionales y provinciales, dice que la compactación es para “todos los casos de secuestro o hallazgo de autopartes, piezas, rezagos, cascos o restos de vehículos que se consideren chatarra y de vehículos que por su estado no se consideren aptos para rodar o impliquen un peligro real e inminente para la salud o el medio ambiente”.
Es el Gobierno local, como autoridad de aplicación, el que clasifica, “por ante funcionario público y/o escribano público”, lo que está apto y lo que no. Aquellos rodados que pueden circular, bien podrían ser rematados o dispuestos para su uso municipal o de instituciones de la sociedad civil.
Cuando La Opinión le refirió esta contradicción con la norma a un conocedor de la legislación vigente que asesora al Gobierno en diversos temas, dijo, en un ensayo de justificación en absoluto off the record: “¿Qué quiere decir que no están aptos para rodar?” Si no tiene nafta, por ejemplo, podemos decir que no está apto, ¿o no?”. La frase fue completada con una sonora carcajada.
