Si piensa realizar una denuncia civil, primero averigüe “a quién le toca”
Por decreto del Gobernador provincial, desde principios de Agosto la Comisaría está eximida de tomar las denuncias civiles, pero los organismos a los que se trasladó esta responsabilidad, no estaban preparados para esta nueva tarea. El Registro Civil y las compañías de seguros reciben denuncias por pérdidas de documentos y accidentes sin lesionados. La municipalidad habilitó la oficina de Perón 191, donde antes funcionaba la sucursal de la fiscalía, para recepcionar las quejas por problemas vecinales y hasta abandono de hogar, pero no tiene ni una computadora para elaborar las actas. También está en discusión la legalidad de estos documentos que, por ahora, son firmados por el Secretario de Gobierno.
En el mes de Agosto, las Comisarías de la provincia de Buenos Aires recibieron una circular que suspendía la ardua tarea de recepcionar las llamadas exposiciones civiles, es decir, las denuncias por quejas vecinales, ruidos molestos, pérdida de documentos, y actas de choque sin lesionados.
De un día para el otro, esta responsabilidad se trasladó a otros organismos. Pero como pasa generalmente en este país con los cambios abruptos, el traspaso de manos se hizo con poca anticipación, y ninguna organización previa. Por eso, de un día para el otro la Municipalidad, el Registro Civil y las compañías de seguros obtuvieron la responsabilidad de recibir estas denuncias sin contar con estructura o personal capacitado para hacerlo.
El decreto 1824/06 firmado y publicado en el Boletín Oficial, tiene como objetivo descomprimir las tareas burocráticas de las Comisarías para que haya “más efectivos en las calles” porque se supone que se desocuparían 2000 policías destinados sólo a tareas administrativas. Pero en San Pedro la diferencia no será significativa porque con el cambio, se liberarán solo dos agentes.
La disposición comenzó a regir el pasado 1º de Agosto, cuando el Superintendente de la policía bonaerense, Daniel Rago, envió a todas las Comisarías una circular interna que ordenaba suspender estos trámites. Pero ni los Registros Civiles, ni las municipalidades ni las compañías de seguros habían recibido instructivos claros para empezar a funcionar.
La orden provincial indica que las aseguradoras deben elaborar las actas de choque en los que intervengan vehículos con cobertura de seguro, y sin personas lesionadas.
En el caso del Registro Provincial de las Personas se ocupa de los certificados para ser presentados en organismos previsionales, constancia de domicilios, extravío de DNI, y otros documentos. En la Municipalidad se toman las exposiciones civiles ante denuncias por ruidos molestos, problemas vecinales de cualquier tipo, y por ejemplo, abandono de hogar de alguno de los cónyuges. Todo lo que por supuesto, no esté tipificado en el Código Penal como delito.
Paso a paso y más por necesidad que por certeza, los organismos están realizando los trámites, pero como la comunidad desconoce en general adónde tiene que asistir, recorre varios organismos antes de lograrlo. Primero, por supuesto, va a la Comisaría. De allí suelen enviarlo a la municipalidad, y quizá desde ahí se le informa que en realidad, tiene que consultar con su compañía de seguros o dirigirse al Registro Civil. No faltan los comentarios subidos de tono ante tanto fastidio.
Ordenes sí, instructivos no
A los Registros Civiles de la provincia, recién el 15 de Agosto llegó una circular que anunciaba que esas dependencias debían tomar denuncias por extravíos de documentos y realizar certificados de supervivencia o constancia de domicilio. En principio se suponía que se iban a destinar agentes de la policía, durante algunos días, para instruir a los empleados de los registros sobre cómo asentar estas denuncias. Pero ni siquiera se enviaron instructivos escritos.
Uno de los trámites más complejos por la responsabilidad que implica, son los certificados de supervivencia que antes se gestionaban en la Comisaría. Sirven para constar que una persona vive, y en general se extienden para que los familiares directos de personas mayores o enfermas puedan realizar trámites en su nombre, como por ejemplo cobrar en el banco una jubilación o pensión. La dificultad en este caso, es que los Registros Civiles no cuentan, como en el caso de la policía, con personal para realizar visitas a domicilio y constatar que esa persona efectivamente vive. No es desconocido que en la Comisaría este tipo de certificados, al igual que el de constancia de domicilio, se extendían sin ninguna visita de constatación y existen muchos sampedrinos testigos de ello.
En principio, los empleados de los Registros Civiles, a través del gremio que los representa, presentaron una queja negándose a realizar estos nuevos trámites, aduciendo que no están obligados a realizarlos. Pero el Director Provincial envió una nueva circular con amenazas sobre posibles sumarios administrativos. La lucha terminó con la aceptación de que, en el caso de los certificados de supervivencia, al menos los empleados puedan requerir un certificado médico confirmando que la persona en cuestión esté viva.
Sobre otras denuncias de pérdidas de documentación, que no sea DNI o cédulas, los empleados no cuentan con especificación por lo que en general, depende de la buena voluntad de quien atienda a quien se acerque a preguntar. También en este caso, los trámites que antes se cobraban en la policía, son gratuitos. Pero será por poco tiempo, hasta que las reparticiones reciban los nuevos talonarios que les permitan solicitar el pago en una entidad bancaria.
Ni una computadora
En la casa de Perón 191, alquilada por la municipalidad, funcionaba hasta hace poco la Oficina Descentralizada de Política Criminal que la procuración general habilitó como una especie de sucursal de la fiscalía.
Con tanto cambio, se decidió destinar las instalaciones de Perón 191 para el despacho de las exposiciones civiles. Allí trabaja por ahora una empleada municipal y fue contratada para el trabajo en la oficina anterior que dependía de la fiscalía. Con papel y lapicera, y sin una computadora a mano, elaboran las actas que luego son firmadas por el Secretario de Gobierno. Por ahora, el trámite es gratuito no por generosidad del estado, sino porque el municipio no está habilitado para el cobro de este “servicio”. Para hacerlo, debería convenir con el Banco Provincia el cobro de un sellado o hacerlo modificando la ordenanza fiscal, algo que por supuesto llevará un largo tiempo y recién podría implementarse el año próximo.
La pregunta instalada ante este tipo de trámites, es sobre el valor legal de estas actas que firma Juan Almada y que supuestamente se asientan como antecedente, para resolver alguna situación en particular. Pero, por ahora, además de archivarse, no se toman otras medidas como podría ser una mediación entre las partes. Más allá de las preguntas que nadie responde, si usted como ciudadano necesita asentar este tipo de denuncias puede dirigirse a esa oficina en horario municipal, de 7,30 a 13 horas.
Cada vez menos “seguros”
Las aseguradoras son las que deben realizar según marca el decreto ley, las actas de choque de accidentes en los que sólo se registren daños materiales pero no humanos. Hasta hace seis meses, las compañías elaboraban el formulario que se compraba en el banco, lo llenaban y luego las partes involucradas en el siniestro firmaban en la Comisaría. Pero ahora, la ley exime a la policía de cualquier gestión, por lo que en cada situación de accidente –siempre que no haya heridos- sólo intervienen las compañías de seguros y sus clientes.
“Nosotros sólo nos ocupamos de los casos de nuestros clientes. Yo hace 20 años que vendo seguros, y con mis compañías no tengo problemas, pero la realidad es que si te choca alguien que no tiene el auto asegurado, no te salvás”, explicó una productora de seguros consultada.
La inquietud generalizada entre las compañías de seguros es que sin la intervención policial existen más posibilidades de fraude, pero también los titulares de las pólizas se sienten más desprotegidos porque dependerá de las empresas la decisión de cubrir los daños ante un siniestro. “En el caso de los bancos, están para cobrarte pero no te atiende nadie. Si vas, te dicen agarrá ese teléfono y llamá para hacer la denuncia. Si chocás un fin de semana, olvidate. Pero el problema mayor es que cada vez más autos circulan en la calle sin seguro, y el sistema hace que así, esté más desprotegido el que paga por mes”, explicó la misma agente.
La intervención de la policía permitía que al menos, el usuario contara con la posibilidad de iniciar un juicio civil contra quien lo chocó. “El tipo que es embestido por alguien que no tiene seguro, siempre está desamparado. A no ser que tenga contra todo riesgo, pero casi es imposible porque cada cuota cuesta arriba de $ 300”, opinó otro productor. “Y la realidad es que tampoco antes la policía secuestraba vehículos por no poseer seguro. Si no hay personas lesionadas, no se meten. Y si los daños son menores, ni los abogados toman el caso para iniciar un juicio porque no vale la pena”.
Los agentes de seguros tampoco cuentan con demasiado apoyo o instrucción sobre la nueva modalidad porque no han recibido más que las directivas de las compañías a las que representan. “Cuando surgió esto preguntamos en la municipalidad, en Inspección General, pero no sabían nada. No los habían notificado. El único ente con posibilidad de intervenir es la Superintendencia de Seguros que es un organismo nacional, pero no sirve para nada. Si preguntás por una aseguradora sobre la que tenés dudas, te dicen que está todo bien y quizá al mes esa empresa desaparece”, dicen con resignación los productores.
Algunas ideas que aportan quienes están “en el tema”, apuntan a formar un cuerpo privado o municipal que intervenga, como antes lo hacía la policía, ante un accidente, tomando como ejemplos a otras ciudades que han implementado sistemas similares. “En Gualeguaychú existe una policía de tránsito que es municipal y el trámite se hace en el municipio”, explican quienes sospechan que tarde o temprano, habrá que tomar medidas porque sólo es cuestión de tiempo para que aparezcan las quejas y los problemas en torno a un tema tan delicado sobre el que el estado deslindó, de un día para el otro y sin previo aviso, todo tipo de responsabilidades.