“Si me pagan $ 250 mil, me voy”

Recorriendo el Bajo Puerto no es difícil encontrar vecinos en desacuerdo con la mudanza al nuevo barrio. Las razones son varias y los cuestionamientos también. Hablando con las familias de la zona, se nota también un importante desconocimiento de lo que realmente está pasando. Nadie parece estar dispuesto a dar demasiadas explicaciones y muchas familias no quieren dejar sus casas y comercios en estas condiciones. El mayor problema es el de los pescadores que aluden que desde el Municipio se les había prometido darles una solución para continuar con su actividad pero que luego no tuvieron mayores novedades al respecto. También el de los comerciantes, que no están dispuestos a dejar sus casas y comercios por una propiedad menor a la que, además, deberán pagar en cuotas.

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La historia de Cárlos Sánchez
Carlos es el propietario de “La Boga Verde”, un comercio dedicado a la venta de pescado por menor y por mayor. Hace 11 años que su comercio se encuentra abierto y cuenta con la habilitación municipal correspondiente. El pequeño comercio, tal como lo estipulan las normas, está completamente azulejado y cuenta con los freezers necesarios para mantener los productos. Su principal problema es este comercio: “Yo de mi casa me voy, pero el tema es este. Mi fondo de comercio vale, en bruto, $ 250 mil pesos. Como yo le dije al Intendente, como le dije a Almada, a Peyró, yo como comerciante quiero algo que me de un ingreso. Hace 11 años que tengo el negocio y está habilitado por ellos, no por mí”, explica Carlos. A él le corresponde una casa en el Barrio Arcor, pero el espacio no le permite instalar su comercio. Además, expresa, la zona donde debe mudarse no es propicia para la venta de pescados. “En la Municipalidad me dijeron que me iban a tratar de solucionar el problema pero nunca me dieron una solución concreta. Yo tengo de donde agarrarme: ellos me dieron la habilitación así que iremos a juicio”, comenta.
Carlos plantea que el principal problema es que “si no tenés plata, parece que no existís. Acá hay plata de por medio, entonces a nadie le importa lo que pase con nosotros”.
Otro de los puntos que desarrolla es el tema del pago de la nueva casa: “Yo acá tengo mi casa armada. Si me voy, voy a tener una casa más chica. Lo acepto, pero no voy a pagarla. Pagaré la bajada de luz y esas cosas, pero nada más”, afirma.

La incertidumbre de Carmen y Karina
Ellas son la madre y la hermana de Carlos, respectivamente. Ambas tienen sus casas en el terreno ubicado detrás de “La Boga Verde”. Son dos viviendas separadas, pero ahora quieren darles una sola. Karina comenta que se cansó de pedir explicaciones que nunca llegan. Según explican, ambas fueron censadas, en una primera etapa, como titulares, cada una, de una vivienda. Sin embargo, tiempo después a Karina le notificaron que aparecía como suplente, por lo cual no le corresponde casa. “A mí me habían puesto de titular y cuando empezaron a andar de vuelta, según ellos, nunca encontraron residencia mía siendo que cuando yo me iba a la isla le decía a mi mamá que si venían les dijera que yo estaba trabajando. No sé cómo no encontraban residencia; yo no me llevaba mi casa a la isla”, afirma.
Karina se queja de la falta de respuesta y la ausencia del Intendente Mario Barbieri en el tema: “Acá vino Luciana, Blanca Paradela, pero no vino nunca el Intendente ni siquiera a poner una cinta, decir están inauguradas las casas y darle a cada uno la llave. ¿Somos indios nosotros? Nos dejan las llaves y se van”.
Karina también vive de la pesca y comenta: “Supuestamente primero iban a hacer los puestos o una dársena para los pescadores, pero terminaron todas las casas y de lo otro ni noticias, nadie sabe nada. Cuando hicieron una de las últimas reuniones, Peyró y Chediak nos dijeron que ahí, podemos hacer muchas cosas como vender choripanes… pero ¿a quién le vamos a vender? ¿A algún acompañamiento fúnebre que pase para el cementerio?” A todo esto debe sumarse el tema del pago de la casa, ya que, al perder su modo de ganarse la vida, pocos, dicen, estarán en condiciones de abonar las cuotas. A esto se suma la incertidumbre en torno a la cifra que deberá pagarse por mes: “Peyró primero dijo que iba a pagar 200 pesos por mes cada vecino por su casa. Después dijo 150 y ahora que todavía no sabe cuánto va a salir… No lo va a pagar nadie; hay varios que se mudaron y que ya dijeron que no van a pagar”.
Carmen se muestra angustiada ante la situación. “Yo hace 30 años que vivo acá. Acá vivieron mis bisabuelos, mis abuelos, y nunca molestaron a nadie. Son gente que vinieron en la guerra del 45 y Depietri les dio permiso para que se quedaran”.

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Otras historias
Recorriendo el barrio pueden encontrarse muchas otras historias de vecinos que no se muestran dispuestos a mudarse pero que, por temor, prefieren no dar sus nombres. Entre las historias se destacan la de una familia compuesta por 22 personas a las que les fue asignada una sola vivienda en el nuevo barrio. Actualmente viven en una gran vivienda ubicada al lado de “La Boga Verde” y manifiestan que sería imposible para ellos pensar en trasladarse a una vivienda de no más de tres habitaciones.
Otra familia que tampoco está dispuesta a mudarse es la propietaria de un gran comercio, una especie de almacén grande que funciona también como bar. Se trata de dos mujeres que no parecen dispuestas a dejar su espaciosa vivienda por una mucho más pequeña en el Barrio Arcor, sumado a esto la imposibilidad que tendrán de disponer de un espacio para instalar nuevamente su comercio.
Otro es el caso de un matrimonio joven con hijos que posee una casa y un enorme terreno donde se dedican a amansar caballos, actividad que, por el espacio que les será destinado, no podrán realizar en su nueva propiedad. Para irse, ellos pidieron la casa pero con la escritura. “Están hermosas las casas, pero no nos vamos si después tengo que seguir pagando”, explican. Ante este planteo, ellos comentan que la respuesta del Municipio fue contundente: “Me dijeron que sino me iba me pasaban la casa por arriba con una topadora. La verdad es que con esa actitud, vamos a terminar en un juicio”.

Intereses políticos
En los testimonios de los vecinos se vislumbra no solo la incertidumbre por lo que va a pasar, sino también cómo los diferentes intereses políticos comienzan a conformar un juego aparte.
En la búsqueda de respuestas que satisfagan sus inquietudes, los vecinos recurren a diversos funcionarios municipales. Marta Perret, Flavio Peyró, Mario Barbieri, entre otros, son los más nombrados. Pero también se repite un nombre: Germán López.
Karina Sánchez fue una de las vecinas que reconoció haber hablado con él, aunque no la única. “Yo fui a hablar con Germán López y él me dijo que tengo que hablar con Marta Perret antes de hablar con los grandes. Yo fui a hablar con él para pedirle una audiencia con el Intendente y me dijo que de mi casa no me pueden sacar sino tienen una orden judicial. Además me mencionó todas las leyes que me protegen”.

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Una denuncia particular
Beatriz está viviendo ahora en la que era la casa de la familia Losa, donde vivía María, quien por sufrir cáncer de médula, debió abandonar su casa y fue trasladada a una nueva propiedad alquilada por la Municipalidad. A la familia Losa le corresponde una vivienda en el Barrio Arcor, pero no así a Beatriz, aunque ella afirma que sí y le contó su historia a La Opinión.
“En Marzo van a hacer ya cuatro años que estoy separada pero cuando anduvieron censando, él dijo que vivíamos todos juntos para que le dieran una casa. Después, él me hizo borrar porque dice que yo me fui sola y le dejé los chicos a él, lo que no es verdad. Apenas yo me fui con mis hijos fui a la Comisaría a denunciar que me iba por malos tratos”. El ex marido de Beatriz se llama Aldo Álvarez y, según comenta ella, trabaja como arreador municipal. Es por ser empleado del municipio que la denunciante supone que puede arreglar todos los trámites a su favor. En la Secretaría de Desarrollo Humano, le dijeron que como ella se había borrado, ahora la casa le corresponde a su ex marido. “Cuando le entreguen la casa a Losa tienen que venir a tirar acá. Y yo qué voy a hacer? Yo creo que la casa me corresponde a mí para poder ir con los chicos y poder dejar de dar vueltas. Yo pienso que él tiene todos estos privilegios porque es empleado municipal”, sostiene Beatriz. Además agrega una información que agrava la denuncia: “Él tiene ya otra vivienda que es la que tendrían que derrumbar y una casa propia porque él se compró un terreno y se construyó una casa, en José Hernández a media cuadra de Caseros”.

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