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lunes, mayo 16, 2022
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Serias sospechas sobre instigadores en nuevas usurpaciones de terrenos

Casi un centenar de familias ocupó terrenos públicos y de privados durante el fin de semana. Desnudaron la desigualdad de una ciudad con violentos contrastes y desataron una crisis política y social que tiene un penoso antecedente en la toma masiva del barrio San Francisco. En la misma zona fueron ocupados cinco predios. Con denuncias iniciadas por los propietarios y el desalojo sin condicionamientos del Municipio, sólo se logró desocupar el predio que corresponde a la comuna donde tenían prevista una plaza. Siguen las sospechas sobre el o los posibles instigadores de esta nueva usurpación masiva.

 

La modalidad se tornó demasiado conocida para los sampedrinos. Familias sin vivienda y en riesgo habitacional, con problemas de inserción social entre los que la falta de techo es el emergente más complejo de resolver, toman terrenos que no le corresponden para plantar una precaria habitación que les permita cobijarse, reclamar, visibilizar el problema o apenas solucionar de manera rápida el anhelo del hogar propio, aprovechándose de otros.
Así, el viernes comenzó una extraña escalada de toma de terrenos privados y públicos en una zona donde los planes de vivienda fueron amontonados sin ningún tipo de planificación urbana y social previa, o bien la toma intempestiva es parte del folklore: el barrio San Francisco –masivamente intrusionado semanas antes de las elecciones de 2007 y con la obra sin terminar– y El Caserito, uno de los primeros asentamientos irregulares de la ciudad, dan cuenta de ello.
Todo comenzó en el atardecer del preludio del fin de semana, con la toma de un predio ubicado en Sargento Selada entre Aulí y Alvarado, a pocas cuadras de la cancha de Banfield y donde termina el barrio El Caserito. Allí llegaron varias familias con postes, lonas y chapas para emplazar precarias viviendas.
Luego, y durante todo el fin de semana, la misma historia se reprodujo en otros tres terrenos, todos con propietarios privados, ubicados en Las Provincias, Casella, Bozano y Manuel Iglesias uno; Dávila y Las Provincias, otro; y Dávila y Sargento Selada el tercero.
Además, durante la noche del domingo, un grupo hizo lo propio en el predio sito frente al CIC, donde supo estar el obrador mientras duró la construcción y ahora había un terreno estéril donde los vecinos del barrio habían proyectado una plaza.
El panorama es desolador. Jóvenes que apenas pasaron la adolescencia, sus parejas y sus hijos, todos “como hormigas”, como relataron varios testigos, marchando hacia los asentamientos en plena creación, ente la mirada atónita de los vecinos, la ausencia policial y del Estado.
Mientras Cielo Razzo tocaba para una multitud en el Paseo Público, con la presencia del Intendente y sus secretarios, en el otro extremo de la ciudad y de la pirámide social un organizado caos iba por sus propios medios a apropiarse de lo que el Estado en todos sus niveles no atiende y al mercado poco le importa. Lo hicieron de manera intempestiva, incluso en algunos predios violentando alambrados, pero curiosamente actuaron de manera organizada e incluso existen serias sospechas de una posible instigación que apunta, como siempre, a sectores políticos cuyos propósitos resultan difíciles de desentrañar.
Un sondeo rápido entre los que están en situación de toma en los terrenos referidos da cuenta de un variopinto extraño que tiene como protagonistas a muchos jóvenes con antecedentes, provenientes en general de los barrios linderos, pero también del Hermano Indio y Malvinas; y, entre ellos, muchos otros que vivían como podían, amontonados con familiares.
En los terrenos privados, donde la toma es un hecho en lo inmediato irreversible, los ocupantes distribuyeron lotes, dividieron con palos y alambres y desparramaron unas pocas cosas que en general no son muebles en su interior. Un verdadero loteo que lleva a pensar en una organización que excede la necesidad de sus ocupantes y sorprende por la proporción de medidas y la distribución prolija digna de inmobiliaria.

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La intervención
de la Justicia
Los privados radicaron inmediatamente la denuncia penal correspondiente, tanto en la comisaría local como en la Fiscalía. En general, todos aseguran que tienen la documentación necesaria para acreditar la propiedad sobre los terrenos que permitiría avanzar en la intervención de la Justicia. Es más, en al menos un caso cuyos propietarios pretenden el anonimato el colmo está centrado en la adquisición obligada de un terreno solicitado por la gestión del Intendente Barbieri para compensar la construcción de un edificio que necesitaba de una excepción que jamás le fue concedida y que perjudicó seriamente a un empresario de la ciudad que sólo tenía la intención de poner en marcha su negocio.
Por su parte, el Fiscal Marcelo Manso, fiel a su estilo, explicó su posición: “Nosotros aplicamos el Derecho Penal como última instancia. Hay conductas donde la única posibilidad es el Derecho Penal, pero en este es última ratio; el Código Penal es muy claro para los requisitos sobre configurar el delito de usurpación, junto con ello nosotros lo que tenemos que ver es quiénes, son, cómo entraron cuándo, quiénes son los propietarios, cuáles son los derechos que tienen sobre la propiedad, de ahí veremos si tipificar el delito. Yo lo que tengo es una denuncia, tengo que verificar si constituye delito; de ahí, quienes son los responsables. Estamos relevando quiénes son los que están ocupando. Hemos tomado quince testimoniales más o menos”.
Lo que dice Manso significa ni más ni menos que para que exista la posibilidad de una orden de desalojo va a pasar mucho tiempo y que todo debería resolverse desde el punto de vista civil y no penal, aunque también deja entrever que la problemática política está presente y que no debe soslayarse a la hora de sopesar la situación.
Manso es sumamente particular en la interpretación de los derechos y en la determinación de quiénes son las víctimas. Apegado a la letra de la ley suele eludir pronunciamientos rotundos y demorar la tipificación de delitos que en otros tiempos no admitían “interpretaciones” y más si las cosas ocurren un fin de semana cuando con una sola señal de la Fiscalía puede ordenarse vigilancia en los predios que puedan estar en riesgo.
Mientras tanto, los asesores letrados de uno de los propietarios de los terrenos señaló que solicitaron a la Fiscalía que pida al Juez de Garantías interviniente la “inmediata restitución” del inmueble y que en caso de que no prospere analiza la posibilidad de presentar una “denuncia por violación de deberes de funcionario público” contra quien corresponda. Esta es otra interpretación y otra visión respecto del mismo delito: “En las causas por infracción al Art. 181 del C.P. (usurpación) en cualquier estado del proceso y aun antes de la convocatoria a prestar declaración en los términos del Art. 308 de este Código (indagatoria) el agente fiscal podrá solicitar al órgano jurisdiccional interviniente que reintegre el inmueble al damnificado. La petición podrá ser presentada por la víctima o por el particular damnificado directamente ante dicho órgano”, señaló el letrado, citando los Códigos Penal y Procesal Penal bonaerense que evidentemente duermen en una biblioteca distinta a la que posee el Fiscal.
A su vez, detalló que esos textos indican que “la resolución deberá ser resuelta en el menor plazo posible y se podrá disponer provisoriamente la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho invocado por el peticionante fuera verosímil. El reintegro podrá estar sujeto a caución si se lo considera necesario”.

El desalojo municipal
Indignados por las sospechas de una “movida política cuasi mafiosa”, el Estado local tomó intervención inmediata sobre el terreno frente al CIC, de patrimonio público. El lunes hubo una serie de reuniones que, bajo la consigna “mientras haya toma no negociamos” en la voz de Gustavo Díaz, terminó con el retiro voluntario de los ocupantes y todas las máquinas retroexcavadoras de la ciudad trabajando para liberar el predio ante la triste mirada de decenas de niños que no fueron resguardados de trauma semejante, tendiendo en cuenta que algunos de ellos llegaron a dormir bajo nylon y chapas con sus padres en lo que en su imaginación sería “el hogar”. Las charlas continuaron el martes con relevamientos individuales para cada familia afectada.
De esa manera, las familias realizarán tareas para reponer los bancos de la plaza que Tony Correa, uno de los que participó de la creación del lugar de esparcimiento había reclamado la noche de la toma, siendo increpado por los ocupantes. No se sabe bien bajo qué modalidad los vecinos realizarán esas tareas, ya que las declaraciones públicas del Secretario de Desarrollo Humano Gustavo Díaz no pudieron definir con certeza la modalidad de contratación o remuneración por las tareas.
Sobre lo que sucede en los terrenos de propiedad privada, las autoridades municipales manifestaron en principio que no podían hacer demasiado al respecto, que era competencia de la Justicia y que todo dependía de las denuncias que hicieran los dueños de los terrenos.
Sin embargo, con el correr de los días se solidarizaron con esos vecinos y expresaron que harán “lo que esté al alcance” del Ejecutivo local. En las últimas horas de ayer, un grupo de al menos veinte familias desalojó los lotes que ocupaban en terrenos privados a instancias del Municipio.

El Concejo interviene, un poquito
Los concejales también tuvieron su participación en un problema que afecta a la ciudad de cuyos habitantes son representantes y en el que la política es un elemento fundamental, sea porque la instigación a la toma proviene de algún sector político o sencillamente porque cuando se sucede un hecho como este hay de fondo una problemática socio habitacional que es responsabilidad del Estado en todos sus niveles atender.
Desde la oposición Damián Mosquera estuvo el domingo y manifestó su preocupación por la situación. Llegó a la redacción de La Opinión ese día y aseguró que intentó comunicarse con el Secretario de Gobierno, sin éxito, y que luego lo hizo con personal de Inspección.
Por su parte, el ex oficialista Martín Pando señaló que “esto no se genera de un instante para el otro”, que estuvieron recorriendo el lugar con su bloque y que “hubo una ausencia increíble por parte de las autoridades” y que ellos hicieron “lo mismo que cuando fue la usurpación de calle Saavedra, que lo llamé la noche anterior porque me habían avisado los vecinos, e igual les usurparon en la cara”.
Además, indicó que “hubo un proceso durante el fin de semana” y advirtió que “cuando la usurpación ya está concretada es muy difícil actuar” y repitió: “Hemos avisado”.
Ninguno de los que aseguró que “avisó” se dirigió a denunciar ante la Justicia o la policía para advertir la situación.

La hipótesis
“los mandaron”
Frente a una toma masiva en una ciudad cuya capacidad de organización política es ínfima y más aún entre los sectores socialmente más vulnerables, la hipótesis de instigación aparece de inmediato. En ese sentido, desde la Municipalidad el Secretario de Desarrollo Humano Gustavo Díaz sostuvo que están “armando un rompecabezas” para “presentar una denuncia contra los instigadores”, lo que indica que ya tienen sospechas firmes sobre quiénes podrían haber “enviado” a tomar los predios.
“Nosotros la tenemos clara, cómo fue la metodología, quién lo instigó y todo lo demás”, sostuvo Díaz pero agregó: “A veces es muy complejo denunciar este tipo de cosas cuando no se tienen las pruebas concretas”.
Entre las versiones que se manejan hay una que habla de una reunión en cercanías de la ruta 9 a la que concurrieron importantes referentes políticos, y varios aseguran que podría ser una de las claves para una investigación mas profunda.

Voz de
damnificado
Algunos de los propietarios de los predios ocupados hicieron saber su indignación frente a la impotencia de ver cómo de un momento a otro sus terrenos eran tomados y convertidos en asentamientos irregulares.
“Estoy un poco desilusionada con tantos comentarios que se dijeron hoy en tu programa no por ustedes si no por la gente que esta usurpando el terreno de mi papá”, dijo en un mensaje enviado a La Radio la hija de un propietario.
“Se quejan de que hay basura, cuando los que tiran la basura son ellos mismos, que el campo no está alambrado cuando que también se lo robaron; mi papá no es dueño de salir a ningún lado siendo que es un jubilado que toda su vida trabajó, y que tenga que pasar por esto realmente me indigna”, relató.
La impotencia se vuelve bronca ante la posta a la que les tocó asistir: “Ayer cuando nos enteramos de esto te juro que llamé a mis hermanos y le comenté lo que estaba pasando. No sentamos en el patio con mi papá y mis hermanos, y veíamos cómo pasaban con tirantes, chapas, todo, y se nos reían en la cara; no sabés lo triste, la bronca”.
A pesar de todo ello, confían en la posibilidad de recuperar lo que les pertenece: “Si realmente hay Justicia, los va a sacar”.

Insólita protección
Uno de los predios ocupados tuvo una serie de “carpas” instaladas que llamó la atención por lo que relataron sus ocupantes. Se trata de unas jóvenes que aseguraron que fueron al lugar para “protegerlo” de la toma masiva desatada “para que no se contamine el barrio” y que permanecerán allí, con el permiso del propietario. Lo más extraño es que aseguraron que estaban dispuestas a comprar el terreno al dueño, si accedía a vendérselos.

Todos contra todos
“Donde hay una necesidad hay un derecho”, supo inmortalizar Eva Perón. Evidentemente, aquí, al menos en parte de los que fueron a tomar los terrenos, la necesidad existe. Difícilmente alguien vaya a pasar días enteros entre palos y lonas sólo por quedarse con algo que no es suyo.
El problema es ese: que están en algo que no es suyo. Que el avance sobre esos predios constituye un delito contra la propiedad privada. El derecho de unos contra la necesidad de otros, así vivimos.
En una ciudad, una provincia, un país, un continente de desigualdades estructurales que trascienden gobiernos y estructuras económicas dominantes coyunturalmente. Con una cultura política que alimenta la dependencia clientelar y no garantiza el empoderamiento, la participación, la satisfacción de las necesidades y el ejercicio de los derechos de los que menos tienen o de los que tienen algo. Donde el límite con el delito se trasvasa constantemente, al punto de que los conflictos personales se resuelven a los tiros.
La vida no vale nada, el futuro no existe, el otro es un nadie o, peor, un enemigo; y ya se sabe: el enemigo, conceptualmente, es alguien a quien no se le respeta la integridad como ser, se lo aniquila.
En esa ensalada, todos contra todos. Pobres contra pobres, vecinos contra vecinos; peor aún, frente a una situación tan compleja y que amerita el esfuerzo conjunto para establecer caminos de resolución rápida para el problema y que ayuden a pensar políticas a futuro que tiendan a evitar actos similares, la respuesta de los dirigentes fue la acusación mutua.
Que me los mandaron, que no hiciste nada, que la culpa es tuya por inútil, tuya porque siempre dejaste hacer, de aquél que estaba antes, del que esta ahora, del que vendrá.
Mientras tanto, cerca de 500 personas, jóvenes, jovencitos y jovencitas, niños y niñas, están en situación de toma, una situación tipificable como delito, en la calle, a la intemperie, en el pasto, sin baño, sin muebles, sin sábanas, colchones, escuela, incluso alimentos. Mientras tanto, el tiempo pasa y las cosas que alguna vez sensibilizaron, dolieron enojaron e indignaron se vuelven parte del paisaje cotidiano.

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