Seguridad y Justicia: debate y preocupación tras la reunión con autoridades
Primero ante el Intendente y luego con los concejales, los jueces de Garantías y el Fiscal General plantearon las dificultades para su tarea. Problemas económicos, cárceles superpobladas y falta de recursos humanos, los principales temas. San Pedro tendrá tercera fiscalía y ya hay terna, al tiempo que evalúan personal. La estadística preocupa: 19 robos a mano armada en 25 días en junio, violentos hechos durante la última semana y 700 asistidos en el Patronato de Liberados.
Los temas relacionados con la seguridad y la justicia volvieron a la agenda pública en las últimas semanas, producto de la preocupación de las autoridades políticas, que mantuvieron una serie de reuniones entre sí, con los miembros del Poder Judicial y con el Ministro Ricardo Casal, luego de que junio fuera un mes complicado en materia delictiva.
El proceso de cambios en la cúpula policial, con la partida de Paolini, el interinato de Pérez y la llegada de Monje, transcurrió en medio de hechos relevantes que dejaron diversas cuestiones para la consulta. A la conocida dificultad de los efectivos por falta de recursos y personal, se suman las judiciales, tanto o más graves.
Durante los últimos meses hubo una cantidad de hechos relevantes relacionados con delincuentes que estaban presos y cometieron delitos luego de haber sido liberados bajo condiciones como las salidas transitorias por trabajo o la prisión domiciliaria.
Ello hizo que el debate volviera sobre las funciones del Patronato de Liberados –que sólo en San Pedro tiene más de 700 personas bajo su tutela– y de los jueces de Garantías, que son quienes deciden ese tipo de beneficios para los condenados.
“Hay cosas que no podemos decir”, explicaron Américo Quintana y Juan Almada, dos de los cuatro miembros (los otros fueron Atrip y Giovanettoni) que fueron a la reunión con los jueces y el Fiscal General. Entre esas cosas que no se pueden decir, hay muchas que permiten entender por qué suceden ciertos hechos.
Cárceles colapsadas
El Poder Judicial tiene problemas serios en materia de recursos. No sólo porque el personal es insuficiente, sino que además ya están en tiempos en que, como dijo Quintana, tienen que “intercambiar papel por lapicera” entre un Juzgado y otro para trabajar.
Laura Vázquez, Ricardo Pratti y Eugenia Maiztegui son los tres Jueces de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás. En la charla con los ediles fueron claros respecto a sus dificultades. Incluso gráficos sobre sus preocupaciones.
Américo Quintana, que preside la Comisión de Seguridad, fue el encargado en el Concejo Deliberante y ante La Opinión y otros medios de contar esas inquietudes. Lo dijo con todas las letras: los jueces les dijeron que tienen “problemas serios con el tema alojamiento carcelario”, lo que hace que sólo “los temas graves son los que tienen tratamiento”, por lo que “el resto pasa a un segundo plano”. Aclaró que “no es que se abandonan”, pero el dato es preocupante.
El Sistema Penitenciario Bonaerense está colapsado y el Gobierno provincial ha sido blanco de múltiples críticas al respecto. La gran cantidad de detenidos con prisión preventiva, es decir sin condena, es parte del asunto.
Como si fuera poco, Scioli quiere que los calabozos de las comisarías alojen detenidos, pero la mayoría no está en condiciones. En la región, por ejemplo, sólo el de San Pedro cuenta con la posibilidad de alojamiento.
Les corresponde a los jueces, que se quejan porque no dan abasto. Como en todos los departamentos judiciales, los magistrados nicoleños han enviado oficios al Ministro de Justicia Ricardo Casal, todo un experto en dar “respuestas” pero no soluciones concretas.
La tercera Fiscalía es un hecho
Al anuncio del Intendente respecto al pedido de un Juzgado de Garantías, una de las principales voces de la oposición en materia de seguridad, el concejal Juan Almada planteó que “no es una prioridad” y sostuvo: “Lo que hace falta es otra Fiscalía para descomprimir la tarea de los fiscales y que puedan desarrollar su trabajo, porque hoy tienen cientos de causas en su escritorio”.
A fines del año pasado había 1.800 causas entre las dos fiscalías. El número deja en claro que no es sencilla la tarea que deben desarrollar Marcelo Manso y Gabriela Ates, que además son fiscales de juicio.
El Ministro de Seguridad Casal le aseguró a Guacone que la tercera fiscalía es un hecho. Sus no siempre creíbles palabras fueron ratificadas por la visita del Fiscal General Héctor Tanús la semana pasada para entrevistar a personas que aprobaron el examen y están en condiciones de ser empleadas en el Poder Judicial.
El Fiscal Manso lo confirmó a La Radio y adelantó que habrá además una nueva fiscalía en Baradero, para apoyar la tarea que lleva adelante allí Hernán Granda. “Nos va a aliviar bastante”, dijo.
Las dificultades de los últimos años fueron grandes. 2010 y 2011 fueron los peores. “Tanto fue el desgaste que no queda ningún funcionario de la Fiscalía original”, señaló Manso.
Tanús quiere coordinar con el Gobierno municipal dónde instalar las tres fiscalías, ya que el edificio de Mitre al 2.600 no es suficiente ahora, por lo que menos lo será cuando sea designado el nuevo Fiscal entre los aspirantes, con Vicente Gómez (instructor de Ates) y Viviana Ramos (instructora de Giagnorio), entre ellos.
El plan del Ejecutivo es que las oficinas del Poder Judicial se trasladen al Polo de Seguridad que se construye frente a la Comisaría. El Secretario de Gobierno Raúl Cheyllada indicó que “esto viene atado al final de la obra de la Agropecuaria y su traslado” y calculó que “en septiembre pueda ser una realidad”.
Las dificultades que plantearon las autoridades judiciales a los concejales será expuesta ante la Procuradora General de la Corte Suprema Bonaerense, María del Carmen Falbo, a quienes le solicitarán una audiencia.
Por qué un Juzgado de Garantías
El exsecretario de Gobierno de Barbieri Juan Almada dijo que un Juzgado “no es prioridad” y reclamó saber qué pasa con las patrullas comunitarias que su gestión puso en marcha.
Ante la consulta de La Opinión, el Secretario actual, Raúl Cheyllada, le respondió: “son dos temas que no se invalidan el uno al otro ni que se superponen, la posibilidad de un Juez de Garantías, con lo que representaría, y el funcionamiento de las patrullas de protección ciudadana, se pueden tratar en simultáneo”, dijo.
Sostuvo que “es necesario generar mejores condiciones de las patrullas de protección ciudadana para que su trabajo se haga de mejor manera o cubrir las expectativas” y aseguró que para ello planifica la formación del personal para “tener un equipo abocado a la protección ciudadana que estén perfectamente formados”.
Sobre la política de seguridad del Ejecutivo local, planteó: “Por un lado, todas las herramientas e iniciativas están orientadas a generar una facilitación administrativa para resolver los temas que hoy quizás tienen un tiempo más importante por la sobrecarga de las fiscalías. Desde el punto de vista, la llegada de la tercera fiscalía va a descomprimir la tarea y permitir que los temas se resuelvan con mayor celeridad. Ese es un eje de decisión política. La complementariedad con la posibilidad de tener acá un Juez de Garantías va en ese sentido, para que como dijo Casal la Justicia esté cerca de la gente”.