La Justicia ordenó allanar este lunes la sede regional del Sindicato de Camioneros, ubicada en San Nicolás, en el marco de la denuncia penal radicada por la empresa sampedrina Rey Distribución, que acusó a Maximiliano Cabaleyro y otros sindicalista de “extorsión” y “pedido de coimas”.
Viviani secuestró documentación de relevancia para la investigación y junto a expertos informáticos examinó computadoras en la sede de Camioneros, con la presencia del histórico dirigente nicoleño Julio Cabaleyro, padre del concejal del Frente de Todos y actual líder del gremio, que ocupa ahora el cargo de tesorero en la organización sindical.
“El procedimiento fue en busca de una documentación que ellos aportaron en la causa, para ver si unos pagos que ellos señalaron habían ingresado a la sede”, informó Viviani en El Reporte de la Tarde este lunes, tras el allanamiento.
“Fuimos, recolectamos la documentación y nos retiramos. Verificamos que esos recibos estaban ahí, de acuerdo y tal como se había adjuntado en la causa, si habían ingresado los montos que se habían pagado”, señaló y agregó: “El Sindicato los había adjuntado a la causa y yo fui a buscar esa documentación a la sede”.
Viviani continúa relevando pruebas a medida que surgen las declaraciones testimoniales con las que lleva adelante la investigación tras la denunica de la familia Rey, que cuenta con el patrocinio letrado de la reconocida exasesora del Ministerio de Seguridad en tiempos de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, quien llegó a la empresa desde el Movimiento Anti Bloqueo que nuclea a firmas que mantienen conflictos con Camioneros.
La fiscala informó que tanto Maximilano Cabaleyro como el referente local del sindicato de Camioneros, Fernando Espíndola, fueron notificados sobre la causa que pesa en su contra, al igual que el delegado en la planta de Rey, Edgardo Di Mayo, y otras personas que están acusadas del bloqueo, además de la situación propia del presunto “pedido de coimas” denunciado.
“Tengo elementos para avanzar e imputar lo que realmente tengo probado”, adelantó la fiscala Viviani, quien ya había asegurado ante La Opinión que la denuncia “tine sustento”.
Edgardo Di Mayo fue despedido por la empresa Rey Distribución y hubo un reclamo ante la Justicia laboral por su condición de delegado. El juez interviniente ordenó su reincoporación pero la empresa, bajo el argumento de que el despido obedece a que está involucrado en la causa penal por extorsión y pedido de coimas, se negó a obedecer el fallo.
“La empresa se opone y va a pagar las astreintes que correspondan, pero no lo van a reincorporar”, explicó Viviani. Es decir que la firma abonará sas multas conminatorias que le serán impuestas como sanción por no cumplir con la orden judicial de reincorporación.
