Secuestraron carpetas en un allanamiento en la municipalidad
Por una denuncia del Bloque del PJ allanaron el municipio. El Juez dio lugar al pedido del Fiscal por las sospechas sobre irregularidades en la construcción del Barrio San Francisco de Asís. El Secretario de Obras denunció una “persecución política”.
Cerca de las 11:30 Hs. del viernes, llegaron en un Jeep Cherokee rojo con sirena, tres efectivos de la Policía Federal, con una orden de allanamiento. La tarea era simple, secuestrar todo el material relacionado a la construcción del barrio usurpado.
Para esto, la documentación solicitada, se encontraba en la Dirección de Compras y Contaduría, por esto, dos de los efectivos se dirigieron al lugar, cerrando la puerta con llave para que ninguna persona ajena pueda ingresar. En el lugar, se encontraba la responsable del área, Gloria González de Suárez, junto al personal, por lo que solicitó la presencia de la Asesora Letrada, la Dra. Paola Basso, el Director de Rentas, Contador Oscar Corleto y más tarde se sumaron el Secretario de Obras Dr. Pablo Zeme y el Arq. Flavio Peiró, Director de Viviendas y Escuelas, que ingresaron por la puerta trasera.
Los responsables del área en cuestión, fueron llamados por la Asesora Letrada, ya que no se sabía dónde estaban los papeles requeridos, por lo que Peiró comunicó que se encontraban en la caja fuerte municipal, ubicada en compras. Hay que recordar que Peiró tiene desde hace años ese cargo y que a consecuencia del mismo, es quien firma todas las certificaciones para que las empresas puedan cobrar, controlando incluso la calidad y cantidad de materiales.
Una vez que la documentación requerida en el oficio judicial fue entregada, se redactó un acta y los efectivos se retiraron.
Hace menos de quince días, el Bloque de Concejales Justicialista realizó por pedido de varios vecinos, una presentación ante la Fiscalía Federal del Dr. Juan Patricio Murray. Allí expusieron las irregularidades detectadas en la construcción de las viviendas del Barrio San Francisco, que no sólo ha sido noticia por las usurpaciones sino por una larga lista de conductas reprochables que no han pasado más allá de los comentarios de la prensa.
Con veloz decisión, el Fiscal pidió al Juez Villafuerte Ruso un allanamiento en oficinas claves de la Municipalidad, donde se pudiera obtener algún dato esclarecedor sobre la construcción de las viviendas que quedaron sin terminar en los ex terrenos de Piccagli.
Allí, según dijeron los vecinos a los ediles de la oposición, las irregularidades se habrían producido principalmente en la dudosa calidad de los materiales que fueron utilizados para levantar viviendas pertenecientes a esta etapa del Plan Federal, al igual que en la cantidad, que sería inferior a la declarada en los gastos. Es por esto, que ante la nota que presentaron con firmas y fotos de cuarenta y siete vecinos se realizaron las primeras actuaciones “contra el municipio y no contra Barbieri” según afirman los miembros de la bancada.
La causa de las cuentas claras
En la actualidad, la causa ni siquiera tiene carátula, ya que es sobre denuncia y no existe imputación, sólo se investiga un presunto delito para el que hace falta recoger pruebas imprescindibles. En criollo, este es el primer paso para hallar pruebas que permitan dar lugar al reclamo de los vecinos o descartar irregularidades que, a esta altura de los acontecimientos, ya se dejaron de lado por todos los procedimientos que fueron adoptados tanto en las certificaciones de las distintas etapas de la obra, como tras la escandalosa toma del barrio que llevó a los funcionarios a entregar materiales para que quienes eran adjudicatarios terminaran sus unidades habitacionales, cuando era la empresa quien debía cumplir con ese contrato.
Ante una acusación de este tipo donde confluyen ediles y vecinos, el Fiscal de Estado debe iniciar el procedimiento solicitando al Juez la orden para el secuestro de documentación que puede terminar en una causa contra cualquiera de los estamentos o funcionarios responsables de lo sucedido.
“Yo no estoy de acuerdo con el método, el municipio es bastante franco en esto, con un oficio que pida la documentación era suficiente y se lo hubiese contestado. Fue mas una muestra de poder”, comentó el Dr. Xavier López, abogado patrocinante de la Municipalidad en el caso del barrio en cuestión (ver recuadro).
El Secretario de Obras Públicas, Pablo Zeme, comentó que igualmente no había problemas en la entrega de las carpetas y datos requeridos, ya que está “todo en orden”.
Ahora la justicia deberá evaluar la documentación que secuestró en la oficina de compras y en la caja fuerte donde se encontraba gran parte de las acciones licitatorias que culminaron con la adjudicación de la obra a la empresa Giribaldi. Habrá que demostrar la gravedad de los daños y si estos obedecen a problemas ligados a la mala construcción del barrio y las respectivas certificaciones firmadas por profesionales del la Municipalidad para autorizar los pagos.
Carpetas en mano
En una caja de resmas de hojas A4, se guardaron las carpetas y legajos que contenían la documentación desde el nacimiento del proyecto, ya que se encontraban los expedientes de la licitación, más los respectivos certificados de obras de cada una de las etapas, con sus pagos correspondientes, sin el certificado de final de obra, ya que nunca se pudieron culminar las tareas para la entrega regular del barrio.
Además, se alzaron con las carpetas que contienen los convenios realizados con el Instituto Provincial de la Vivienda y el Ministerio de Planificación Federal, para llevar a cabo la obra.
Desde el Municipio, Zeme comentó que es muy “extraña la velocidad” con la que el Juzgado actuó en el tema, manifestando claramente “una persecución política”, incluso atribuyéndola al “conflicto entre el campo y el Gobierno”. Además, el Secretario de Obras, manifestó que el municipio de San Pedro es de los pocos de la Provincia en tener casi terminados los planes que fueron otorgados, utilizando como escala el informe realizado por el Instituto de la Vivienda, que se puede revisar en la página tres de la siguiente dirección:
http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/Plan_Federal/const_viv.pdf
Lo cierto es que los vecinos pueden comprobar que las viviendas, que aún no tienen ni un año de entregadas, ya presentan rajaduras, por lo que ahora, serán especialistas del sector de peritos en arquitectura e ingeniería de la Corte Suprema de Justicia los responsables de determinar si lo denunciado es real, lo que podría derivar en otras denuncias tales como malversación de fondos públicos, u omisiones graves de control.
Goles en contra
Los antecedentes municipales en el tema, no son demasiado favorables, teniendo en cuenta que se trata de un barrio que en parte fue entregado a sus adjudicatarios mientras el resto fue usurpado una semana antes de las elecciones. Hasta existe una causa iniciada en la Fiscalía de San Pedro contra un agente municipal que había vendido viviendas a 330 pesos, cuyos “compradores” se instalaron ante la franca amenaza de los ocupas. El funcionario fue sumariado y separado de su cargo, pero la Justicia Ordinaria aún no ha dicho la última palabra.
Abogado patrocinante
La Municipalidad ante las dos causas que tiene sobre el Barrio San Francisco, tuvo que recurrir a un abogado patrocinante para dedicarse en exclusiva al caso. Esto sucedió, cuando la Dra. Paola Basso, se excusó de tener que defender al Gobierno local, por no ser especialista en causas penales y sugirió que se contratara a un nuevo letrado. Como consecuencia, el municipio solicitó antecedentes y presupuestos a tres estudios de abogados. Uno de ellos, fue el de Xavier López, especialista en temas penales, proveniente de Capital Federal, donde reside.
Este, es un representante ya conocido en la ciudad, porque defiende a Gustavo Hansen y Ángel Álvarez en la causa que los imputa por la entrega de planes sociales truchos que ya fue elevado a Juicio.
“Todavía no defiendo a nadie”, aclaró, aunque se presentó como abogado de la Municipalidad. La situación real, es la siguiente: los pasos legales indican que la contratación del legista deberá pasar por el Concejo Deliberante para su aprobación y allí podrá comenzar a actuar en las dos causas.
Por un lado, esta situación del allanamiento y denuncia realizada, en la que colabora. Por otra parte, la usurpación en sí, ya que representará al Gobierno como Casa del Pueblo y a las familias adjudicadas, ahora damnificadas por la usurpación.