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viernes, junio 18, 2021
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Así se fundió el pueblo

El Gobierno decretó la emergencia administrativa. Las medidas a tomar, más allá de las que conciernen a los empleados. El reconocimiento de que el estado de las cuentas es el peor de la historia. Las culpas repartidas y las implicancias de las medidas. El poco costo para el personal político del Ejecutivo.

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Durante una serie de tapas e informes con datos duros sobre la situación financiera municipal y el uso de los recursos públicos, La Opinión advirtió: “Así se funde el pueblo”. El viernes, el Gobierno municipal de Pablo Guacone lo reconoció y decretó la emergencia administrativa, en medio de la peor de todas las situaciones posibles: la imposibilidad de pagar los sueldos de los trabajadores. El show de bonificaciones; las horas extras regaladas; los salarios políticos exacerbados; el ingreso indiscriminado de amigos y acomodados; los cientos de funcionarios que pasaron con la gestión, con su consecuente vaivén en la planificación administrativa derivaron en un caos gubernamental pocas veces visto. Los que llevan adelante las riendas del Municipio, los secretarios de Gobierno Raúl Cheyllada y de Economía Roberto Borgo, plasmaron en el decreto 0506 parte de los planes necesarios para afrontar una crisis sin precedentes que ya no tiene retorno. Ahora se trata de reducir daños, si es posible. Con el Ministerio de Economía monitoreando el uso de los más de 85 millones de pesos que envió en el primer semestre y con el Tribunal de Cuentas preocupado, el Gobierno buscó una salida y la encontró en la emergencia no económica porque no podrá reasignar recursos del Presupuesto de manera arbitraria pero sí administrativa porque pone todo el funcionamiento estructural del Municipio en discusión. Aunque no les guste la idea de “emergencia económica” el decreto no es otra cosa que el reconocimiento de que el Estado local está fundido, que el déficit es insostenible y que no hay dinero para cumplir ya no con los servicios esenciales que espera el contribuyente sino ni siquiera con el básico salario de los trabajadores.

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Reconocer que nos fundimos 
El decreto es claro en ese sentido: “La situación económico financiera actual verifica un desequilibrio estructural en las cuentas”, dice en los considerandos, no sin señalar que ello es producto de la falta de ingresos suficientes para “alcanzar los costos de prestación” de los servicios. En tiempos en que los intendentes de la Provincia hablan de que pasó la época en que los Estados locales sólo cumplían con alumbrado, barrido y limpieza, el Gobierno local reconoce que las arcas ya no dan ni para eso, por ello es necesario declarar esta emergencia, como manera de “garantizar los servicios públicos básicos”. La emergencia administrativa rige desde el viernes pasado y, en principio, hasta el fin del ejercicio actual, es decir hasta el 31 de diciembre. En ese período, los funcionarios de Guacone se comprometen a adoptar las “medidas necesarias” para “conservar los servicios críticos esenciales” y la “contención del gasto público” para mejorar el flujo de fondos. El Secretario de Gobierno reconoció que están golpeando las puertas de Nación y Provincia para solicitar asistencia financiera. Por más planes que discutan, no hay nada para rascar del fondo de la olla, por lo que sin ayuda externa la situación podría ser incluso peor. La prioridad, dijeron, la tendrán sueldos y proveedores. Los segundos ya están mal pero acostumbrados. Los primeros atraviesan, luego del largo aliento para pagar aguinaldos que sólo cobraron los de planta, la agonía de no saber si acaso, como dicen, cobrarán entre el martes y el viernes de la semana que viene. Guacone dijo que se hace cargo de la parte que le toca y pidió disculpas por no poder pagar salarios. Luego, él y sus funcionarios cargaron tintas contra las gestiones anteriores y el Concejo Deliberante que no aprobó aumentos de tasas o presupuestos.

Más allá de los empleados
La raíz de los problemas, de acuerdo al decreto y a lo que luego dijeron los funcionarios, incluido el intendente, en conferencia de prensa el sábado, está en la planta de personal. El documento firmado por todos los secretarios hace referencia al “nivel de masa salarial”, aunque no dice con precisión el detalle que advirtió La Opinión al analizar información guardada bajo siete llaves, de la que ahora obtuvo nuevos datos: la masa salarial insumió lo mismo de coparticipación bruta que llegó hasta el momento. Eso significa que hay por lo menos 4.000.000 de pesos de déficit sólo ahí, ya que además del dinero que los empleados se llevan al bolsillo, hay que pagar cargas sociales, que la Provincia descuenta de la propia coparticipación. Pero más allá de los empleados, lo que cuestan y lo que proponen para paliar esa dificultad (ver página 2), el decreto de emergencia administrativa tienen otras prerrogativas, algunas más importantes que otras. Respecto del personal político, no fueron muy generosos. Ello valió discusiones dentro del gabinete. Algunos entendían que, tal como habían señalado los concejales del Frente para la Victoria, había que reducir cargos y sueldos. Sin embargo, apenas si disminuyeron un 20 por ciento en las bonificaciones por función y gastos de representación, que en el caso de los secretarios es del 90 por ciento y ahora será del 70. Lo que se dice “desangrarse en la conducción”. Artículo siguiente, suspenden el otorgamiento de subsidios y ayudas a personas y entidades que no estén contempladas en afectación directa de fondos provinciales o nacionales, o de instituciones dependientes del Municipio. Es decir que de aquí en adelante, más vale que nadie necesite nada. Además, suspenden toda contratación y/o renovación de contratos de locación de servicios, incluso aquellos que dependen de fondos afectados; podrán dar de baja los servicios de telefonía celular y fija; y suspenden la ejecución presupuestaria de gastos, artículo que da cuentas a la perfección de que esto es una emergencia económica.

Acá nadie renuncia
Muchas versiones sobre funcionarios que renunciaban ganaron la calle desde que el viernes a la mañana comenzaron las reuniones de gabinete. Los nombres, los de siempre y algunas sorpresas. Borgo sonaba el viernes. Decían que si el resto no firmaba el decreto, se iba. Lo negó rotundamente. El decreto de todas maneras apareció firmado. Bianchi también sonó como uno de los que amagó con irse. “De ninguna manera, la peleo a muerte”, dijo. Ojea volvió a ofrecer su dimisión, aunque ayer trabajó todo el día: recibió a técnicos de Nación y Provincia por un tema relacionado con la fruticultura; y luego recorrió la red vial en el límite con el partido de Arrecifes. Suele ser de los más críticos en las reuniones de gabinete y el que propuso en más de una oportunidad la reducción de la planta política y de sus sueldos. Los políticos ponen 30 mil pesos Del total de $ 515 mil que le cuestan al pueblo, el descuento que le harán por el decreto suma ese importe. Uno por uno, sueldo bruto, básico, bonificación por funciones y el 20 por ciento que dejarán de cobrar.

Los políticos cuestan 515 mil pesos por mes y el decreto ahorrará 30 mil

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