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viernes, septiembre 24, 2021
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Se acabó el poder de Juan Kasta: está de licencia y sumariado

Uno de los hombres más fuertes dentro de la estructura municipal está en el ocaso. El triunfo de “las divinas” provocó la salida de Pedro Restelli primero y de Daniel Porta después. El tercero obligado era Juan Kasta, que además de funcionario es empleado municipal con fueros sindicales. Desde el lunes está de licencia por vacaciones, luego tomará otra para una intervención quirúrgica. El mismo día, le iniciaron un sumario producto de las denuncias de Marcelo Bisi, el Director de Cómputos acusado de aumentarse el sueldo en el sistema.

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La presencia como Director de Personal de Juan Jorge “Juanchi” Kasta desde el Gobierno de Mario Barbieri le dio una omnipotencia que supo aprovechar políticamente como nadie. De Secretario General de los Trabajadores Municipales, pasó a estar del lado del empleador y en el cargo que manejaba a sus compañeros. Desde allí, tejió una red política que lo mantuvo en lo más alto de la “rosca”. Hasta ahora, que entró de licencia.
Esa licencia, en principio, contempla su ausencia en los pasillos municipales al menos hasta después de las elecciones de octubre. Sin embargo, su regreso está en duda ya que desde el lunes hay en curso una investigación sumarial que implica faltas muy graves de las que fue acusado y que podría derivar ni más ni menos que en su despido como empleado municipal.
Se trata del hombre que acompañó a Guacone en su primera decisión de importancia en el Gobierno, cuando echó a los funcionarios de Barbieri; el mismo que construyó el partido Juntos por San Pedro para las elecciones 2011; el que se sentó en la mesa con Monfasani para alcanzar el acuerdo; y uno de los que impulsó el kirchnerismo del intendente.

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De licencia y sin poder
Desde el lunes pasado, Kasta ya no está en el municipio. Entró de licencia por vacaciones. Muchas, ya que nunca se las había tomado. Luego hará lo propio por enfermedad, puesto que debe afrontar una intervención quirúrgica por un problema de salud que lo aqueja hace tiempo. “Después volveré a trabajar para el Municipio, como siempre; soy empleado jerárquico de carrera”, le dijo a este semanario.
La semana pasada, el Intendente Pablo Guacone le comunicó en persona que ya no ocuparía el cargo que ostentaba en la estructura del gabinete: Director de Planificación Estratégica y Relaciones Laborales. Ya no era parte de la liquidación de sueldos del personal, aunque guardaba relación con el área desde su lugar de representante en la Mesa que reúne a Gobierno con empleados.
Guacone le dijo que lo enviaría a la Dirección de Turismo, algo que Kasta no quería. “Turismo es un área donde yo no me siento para trabajar, pero hay otras donde seré útil”, dijo a La Opinión el propio funcionario, a quien no se le pueden modificar las condiciones de empleo, ya que tiene fueros sindicales como representante de la Federación de Sindicatos. Por eso la licencia. Un pacto que, por ahora, le mantiene el sueldo.

Un sumario
que lo puede expulsar
El caso Marcelo Bisi provocó el destape de más de una olla dentro del Municipio. Él mismo le dijo a La Opinión que había pedido un sumario contra un empleado de carrera, aunque no quiso revelar el nombre (ver página 3). El lunes por la mañana, desde la Secretaría de Gobierno sólo informaron que en efecto había un sumario en curso pero que hasta tanto no corrieran traslado al propio imputado tenían que reservar la identidad.
Sin embargo, en el Municipio las paredes hablan y este semanario pudo confirmar que el sumario le fue iniciado a Kasta y por cuestiones gravísimas, muchas de ellas desprendidas del propio expediente que su aliado político Daniel Porta elevó el 04 de junio para denunciar el affaire Bisi.
Para comprender buena parte de la situación hay que ir a diciembre, cuando Javier Silva se hizo cargo de la Secretaría de Gobierno y allí quedaron bajo su órbita la Subsecretaría de Recursos Humanos de Porta y la Dirección de Relaciones Laborales de Kasta.
Uno de los temas que analizó en ese momento Silva fue la necesidad de revisar el contrato con la empresa de la Ingeniera María Celeste Ríos, CUIT 27-24037016-1, con sede en Mar del Plata, que presta servicios similares a otros distritos para la asistencia en la liquidación del personal por un monto aproximado de entre 5.000 y 7.000 pesos mensuales.
El Secretario de Gobierno entendía que el soporte técnico podía hacerse con personal de la propia Municipalidad para ahorrar esa erogación, algo que en su momento le confirmó el propio Bisi. Además, Silva decidió en diciembre del año pasado reducir la capacidad de ingreso al Rafam de algunos usuarios del sistema.
Entre ellos Juan Kasta, que antes tenía acceso a todo puesto que se ocupaba de la liquidación de sueldos. Al quedar sus funciones reducidas a las “relaciones laborales”, entendieron que ya no necesitaba esa clave de acceso y lo dieron de baja.
De la misma manera sucedió con la empresa Ríos, a la que no le renovaron el contrato para este año. Sin embargo, el expediente de Porta reveló dos cosas: a seis meses de esas decisiones, tanto la empresa marplatense como Juan Kasta siguen teniendo acceso al sistema. La primera, que hizo el informe; el segundo, cuyo usuario aparece entre los que hicieron movimientos durante esos días.
Lo más extraño es que ambos seguían dentro del sistema Rafam desde enero, a pesar de las restricciones. Esto generó la sospecha que ahora investiga el sumario: la presunta existencia de una “oficina paralela” capaz de “meter mano a todo”.
Así habrían operado para darle de alta el usuario a Kasta, ya que la única orden documentada que existe es la que ejecutó Marcelo Bisi: darle de baja el acceso. A pesar de ello, como revela el propio informe que presentó Porta, ese usuario seguía ingresando normalmente.
No es el único caso. Un usuario registrado como “administrador”, creado en su momento para que el personal se acostumbrara al uso del Rafam también fue dado de baja y repuesto en su capacidad de hacer movimientos dentro del sistema, todo sin que obre documentación respaldatoria alguna.
De hecho, eso es parte de lo que sospechan en el affaire Bisi: alguien puede haber ingresado “por afuera” de los carriles normales y modificar no sólo la categoría y el monto a liquidar, sino también la columna “usuario”, la que puede borrarse y sobreescribirse sin mayores inconvenientes.
El sumario podría revelar muchísimas cosas de las que nadie se anima a hablar. Pero si había una “oficina paralela” para “meter mano” en la liquidación de sueldos, ¿qué no podrían haber hecho quienes tenían acceso “por fuera” del sistema oficial?

Silva aseguró que “hay que investigar todo”
El Secretario de Gobierno dialogó con La Opinión sobre el caso Bisi y sus consecuencias. Sobre el inicio de sumarios a personal de jerarquía del área de personal, como Kasta, el funcionario dijo lo que repitió en la semana a otros medios: “Viene por ese lado”, sin dar nombres.
Tampoco quiso nombrar a Marcelo Bisi: “Hay un empleado temporario involucrado sobre el que hay que investigar, no es un funcionario político como se dijo, por eso vamos a preservar el nombre”.
En ese sentido, explicó: “Es un empleado temporario con una categoría 29, como los Directores, pero es otro tipo de empleado, no pertenece al staff político, a los que se designa por decreto como tal. Para los temporarios hay un decreto que puede durar seis meses o un año, y que se renueva, ese es el caso de esta persona”.
“Tendrá que demostrar en la investigación que no tiene nada que ver. Hay que transparentar todo”, dijo Silva, quien indicó que ello nace producto de la publicación de La Opinión la semana pasada, con el expediente Porta en mano recién ahora y con las declaraciones de César Parzon en este y otros medios. Con el titular del Sindicato de Trabajadores municipales, el Secretario de Gobierno mantuvo una reunión para instarlo a que haga una denuncia penal sobre lo que dijo, algo que al menos al cierre de esta edición no había sucedido.
El que sí podría ser denunciado penalmente es el propio Parzon, ya que en sus declaraciones públicas vertió información que se desprendería del informe de la empresa soporte del Rafam. En el Gobierno analizaban la posibilidad de denunciarlo por revelar esos detalles siendo él mismo empleado del Estado y debiendo guardar confidencialidad al respecto.
Además, el Ejecutivo analiza la redacción de un decreto para “corregir” ciertas “ventanas” que permiten que haya personas que “metan mano” en el sistema Rafam, con los riesgos que ello implica. Aseguran que quienes estén a cargo de la liquidación de sueldos deberán “hacerse responsable con su firma” para evitar futuros inconvenientes.

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