Scioli y la arbitrariedad de los edictos policiales
El Gobernador presentó un proyecto para reformar el Código Contravencional de la Provincia, con el regreso de las figuras propias de los antiguos edictos. Penará el merodeo, la vagancia, los cuidacoches y las protestas callejeras. “Es para que la policía gane la calle”, dijo. Los especialistas se oponen y el Ministro de Justicia Ricardo Casal manifestó su rechazo.
Scioli anunció con bombos y platillos un proyecto que enviará a la Legislatura para reformar el Código Contravencional bonaerense y retornar los derogados edictos policiales. El recuerdo de las arbitrariedades cometidas y la redacción difusa de algunas figuras en el texto puso en alerta a un vasto arco de organizaciones y personalidades que se manifestaron en contra de lo que consideran medidas probadamente fallidas para el combate de la inseguridad.
Atrás quedaron los tiempos en que la provincia de Buenos Aires estaba decidida a modificar la opaca historia de “la mejor policía del mundo” preparando el terreno para la participación ciudadana en uno de los temas más candentes de los últimos años: la seguridad.
Desde la derrota del 28 de junio, el Diputado electo por la provincia de Buenos Aires que no asumirá para seguir gobernando y que ya anunció sus intenciones reeleccionarias Daniel Scioli mira por la ventana en busca de golpes mediáticos que le garanticen algún viso de reconciliación con los bonaerenses, que hasta poco antes de las elecciones le tenían una alta estima.
Repitiendo el latiguillo “estamos trabajando”, el gobernador anunció la reforma del Código Contravencional, con el regreso de los perimidos edictos policiales a través de los que “la Bonaerense” suma potestades para aprehender desde borrachos y cuidacoches hasta “merodeadores”, vagabundos y prostitutas.
“Lo que se busca es combatir el alcohol, que es el paso previo a la droga; la droga, que es el paso a la violencia; y la violencia, que es el paso a la muerte”, dijo Scioli borrando por un rato de su bronceado rostro la habitual sonrisa que lo caracteriza y tomando irritante distancia del Gobierno Nacional con su aval a las declaraciones efectuadas por las estrellas mediáticas como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli. Sin freno, desembocó en aquello que piensa una gran mayoría de la población, que también se entusiasmó con el “meter bala” de Ruckauf.
Por las dudas, todos presos
El proyecto tiene 168 artículos, donde se tipifican las contravenciones que serán pasibles de arresto por parte de la policía, que deberá actuar “de oficio”. Algunas de ellas son “ocultamiento del rostro en la vía pública” –a medida de piqueteros, pero que también atacará, por ejemplo, a los niños que celebren Halloween–; “obstrucción de la circulación”; “compra a vendedores callejeros menores de edad”; “merodeo” –cuya interpretación pasará por las mentes formadas en la Escuela Juan Vucetich y que podrán considerar “merodeador” a quien espere a su novia en una esquina, por ejemplo–; “ebriedad” –no falta quien imagine las comisarías repletas durante los fines de semana–; “cuidado sin autorización de vehículos en la vía pública”; “mendicidad”; “prostitución”; “ofensa a la decencia pública” –sin dar mayores detalles sobre cómo debe entenderse el laxo concepto de “decencia pública–”. “Tenencia de animal peligroso” es otro de los tipos señalados por el proyecto, al que se suman las “llamadas falsas o en broma al número de emergencias 911”. Para todas estas “faltas” se prevén sanciones tales como multas, hasta 45 días de arresto y tareas comunitarias. Se confeccionará un “registro de contraventores” y la pena se agravará cuando exista “habitualidad en la contravención”.
La decisión sobre quiénes violan un código cuyas prescripciones son tan amplias como difusas recae sobre el personal de la fuerza policial más cuestionada de Latinoamérica, “la Bonaerense”. Scioli aseguró que el proyecto tiene el objetivo expreso de que “la policía recupere la calle”, aunque aclaró que no se trata de “volver a situaciones que generaron más problemas que soluciones”, sino que rescatan “iniciativas superadoras para darle un nuevo encuadramiento a los tipos de delitos que estamos enfrentando a diario entre bandas muy organizadas y dispuestas a todo”. Las “peligrosas bandas” de pibes que limpian vidrios en las esquinas de las ciudades más grandes de la provincia se rascan la cabeza con dudas ante los dichos de Scioli.
Polémica desatada
No bien fue anunciada, la iniciativa generó polémicas y muchas voces se levantaron contra lo que se considera un retroceso para la democracia. Gabriel Ganon, Defensor Oficial General del Departamento Judicial de San Nicolás, consideró al proyecto como “un disparate” y opinó que retrotrae la situación a “la ley de vagos del siglo pasado”, que penaba, por ejemplo, a quienes no vivieran de su trabajo ni tuvieran oficio alguno, cosa que en la actualidad transformaría en contraventores a los millones de desocupados y subocupados de la provincia. El Defensor, que ha tenido varias causas polémicas en nuestra ciudad, no parece advertir que precisamente en ese siglo que ha pasado la sociedad se ha desmembrado de manera exponencial de modo tal que ni aquello que quedó en la historia ni lo que hoy se vive a diario puedan resistir comparación alguna.
Desde el Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), aseguraron que en lugar de “jugar a las contravenciones como si estuvieran hablando de una plaza” los responsables del gobierno bonaerense “podrían proponerse buscar dónde son los sectores en que se producen los delitos vinculados con las grandes organizaciones delictivas, fortalecer ciertos niveles de las fiscalías para que puedan investigar las redes del delito organizado”.
El Ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal dijo que no está convencido con las modificaciones del proyecto, al que considera plagado de “términos viejos, obsoletos”, pero manifestó que “todavía hay que estudiar muchas cosas; por ejemplo, que el régimen no colisione con el Poder Judicial ni con los sistemas municipales de faltas”.
Los edictos fueron profundamente cuestionados porque se creó en torno a ellos un uso corrupto dedicado a recaudar fondos espurios a través de la protección de “contraventores” con capacidad de pago y además porque contribuyeron al mantenimiento de las estadísticas sin prevenir realmente el delito, creando la figura de “gente que trabaja de preso”. Tal vez el más recordado por todos sea el famoso “disfraz de carnaval”, que era utilizado como figura para atrapar a quienes con inocente diversión terminaban en un calabozo a merced del “baile” que le propinaban los agentes del orden.
La detención arbitraria y discrecional opera a través de la “Detención por Averiguación de Identidad”, que da la potestad de retener a una persona durante doce horas y que en sí misma es contraria a la orden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó tras el caso Bulacio en la que obliga anular los edictos. Walter Bulacio fue asesinado a golpes en una comisaría en 1991, tras ser detenido junto a otros 72 jóvenes afuera del estadio Obras Sanitarias de la Capital, donde había un recital de los Redonditos de Ricota.
San Pedro contraventor
La medida tendría, por supuesto, su aplicación a nivel local y sus implicancias en situaciones cotidianas. En las esquinas del centro donde hay semáforos puede verse los fines de semana a limpiavidrios y malabaristas, quienes de acuerdo a este criterio serán considerados contraventores. Lo mismo sucederá con los que cuidan coches en cercanías a restaurantes y clubes de la costa. Otro tanto con los niños que piden monedas en las puertas de las entradas de los locales comerciales del centro y los linyeras que se ven en distintos puntos de la ciudad. También quienes se excedan en el consumo de alcohol durante los fines de semana en los boliches. Los mochileros que visiten la ciudad deberán probar que no andan “de vagos” sino en calidad de turistas; lo mismo les pasará a los artesanos que lleguen para trabajar.
La necesidad de tomar cartas en la problemática de la inseguridad ciudadana lleva a los gobernantes a decisiones que resuenan en los medios y tranquilizan a la población –que a fuerza de ser víctima de hechos delictivos ve fantasmas en todos lados– pero no la comprometen en la mejora de las condiciones de vida de todos. Muchas ciudades del interior continuaron el camino trazado por la gestión de Marta Arriola –expulsada del gobierno de Scioli por no estar de acuerdo con sus ideas sobre los niños en problemas con la ley– y llevan varios años trabajando sostenidamente por la participación ciudadana en la problemática de la inseguridad. La herramienta principal fue la creación de los Foros de Seguridad, cuya representación resulta hoy escasa en muchas de las ciudades donde existen o se han transformado en cuevas de dirigentes frustrados que se regocijan jugando a la oposición en temas tremendamente delicados.