San Pedro, siempre en la mira de AFIP y la Justicia Federal por delitos tributarios
La semana pasada hubo un intenso operativo en empresas sampedrinas para secuestrar documentación vinculada a causas relacionadas con delitos de ese tipo. Al personal que investiga estos temas le llama la atención la cantidad de sospechosos que hay en la ciudad. A los 500 CUIT investigados a nivel local, se suman los presuntos vínculos con redes desbaratadas en otros puntos del país. La venta de IVA, una de las principales actividades.
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Para quienes están cerca de las investigaciones sobre delitos tributarios, la ciudad de San Pedro es figurita repetida. Desde hace varios años, las causas por facturas truchas, venta de IVA, evasión, fraude fiscal y otros ilícitos similares se reproducen.
La semana pasada hubo seis nuevos allanamientos solicitados por AFIP y ordenados por la Justicia Federal, que es la que tiene competencia en este tipo de delitos.
“Otra vez de visita por estos pagos”, dijeron, un poco en broma, los miembros de la importante comisión que se dio cita en una estación de servicio ubicada en Pellegrini y Juan B. Justo, ya habitual punto de encuentro para el personal de Policía Federal, Fiscalía y Juzgado Federal de San Nicolás y AFIP de la regional Mercedes que participan de estos procedimientos.
Aunque no podían ofrecer declaraciones, los que formaron parte de la intervención no dejaron de sorprenderse por la cantidad de hechos registrados en la ciudad. Cuando La Opinión les comentó que había publicado un informe que daba cuentas de unos 500 CUIT de actividad sospechosa, asintieron con la cabeza.
Seis allanamientos
El jueves pasado, alrededor de las 10.00, personal de AFIP y Policía Federal llegaron a la ciudad con sendas órdenes de allanamiento y secuestro de documentación relacionados con investigaciones vinculadas a la presunta comisión de delitos tributarios.
La comisión, integrada por decenas de agentes, se distribuyó para cumplir con los seis objetivos planteados.
Uno de ellos fue la sede de la empresa de comisiones y cargas generales denominada Expreso Hada, ubicada en Juan B. Justo y Rivadavia, donde el personal de AFIP y Policía Federal revisó toda la documentación existente para secuestrar elementos.
De la misma manera, otro grupo de inspectores y efectivos de la fuerza nacional hizo lo propio en el resto de los domicilios, entre ellos el de un estudio contable ubicado en calle Uruguay al 500, donde también buscaban documentación relacionada con la investigación.
El operativo incluyó la visita del personal de AFIP y Policía Federal al depósito de una reconocida juguetería, un vivero ubicado en Ruta 191 y otros comercios, como una perfumería.
El boom de las facturas truchas
La operatoria de la venta de facturas de empresas fantasma cuyo único objeto es comercializar sus talonarios a empresas que buscan evadir el pago de impuestos como IVA y Ganancias se transformó en un delito tributario común en todo el país.
En San Pedro, varios comentan, pocos certifican y muchos menos denuncian una larga lista de personas cuya principal actividad es la de la comisión de ese ilícito.
La sospecha de 500 “usinas” de documentos apócrifos que confirmó en su momento la titular de AFIP local da cuentas de ello.
Se trata de contribuyentes que generan consumos artificiales en otras firmas, que buscan disminuir el pago de impuestos. Los primeros venden a las segundas facturas por servicios que nunca prestaron, lo que incrementa gastos y permite aportar menos.
Para evitar el control, las “usinas de facturas truchas” se desactivan al poco tiempo para renacer bajo otra denominación. Cometen un delito grave, que tiene una pena de hasta 12 años de prisión.
Quienes conocen los entretelones aseguran que nada sería posible sin la ayuda de asesores contables y compradores inescrupulosos.
Existen cuatro modos de fraguar la facturación: las empresas formales que duplican facturas para generar créditos o gastos en sus clientes; las que están desactivadas de hecho pero mantienen su actividad registrada, es decir que nunca se dieron de baja, y lo único que hacen es vender facturación; aquellas cuyo único objetivo es satisfacer ese mercado; y las que están registradas pero forman parte de un grupo de firmas vinculadas con las que trabajan para generar el consumo evasor.
El caso rosarino que alarmó a sampedrinos
En julio pasado, una investigación de la delegación Rosario de la Administración Federal de Ingresos Públicos permitió desbaratar una banda que conformaba una importante red delictiva dedicada a las facturas truchas, con varios detenidos y una ramificación del proceso que derivó en allanamientos en San Nicolás y otras ciudades de la región.
La causa comenzó cuando detectaron la creación de empresas en Buenos Aires que luego se compraban en Rosario, donde cambiaban domicilio y miembros del directorio.
AFIP entendió que habían sido dadas de alta con el único objeto de crear créditos fiscales y gastos falsos: nunca tuvieron actividad, empleados o bienes de uso. Vía e-mail, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, “levantaban pedidos” de facturas truchas. El “servicio” era ofrecido hasta en la vía pública.
Hay en esa investigación unas 6.500 empresas investigadas. De ellas, 2.200 son de “Rosario y alrededores”, lo que incluye ciudades de todo el corredor norte, como San Pedro, donde hubo abogados que fueron consultados “por las dudas” por sus conocimientos en materia penal tributaria a raíz de lo que podría surgir desde que AFIP se convirtió en querellante en esa causa.
Un megaoperativo con ramificaciones
A fines de noviembre, el Juez de Quilmes Luis Armella desbarató una banda considerada la mayor organización productora de facturas truchas detectada en la historia, que produjo tickets apócrifos por alrededor de 4.000 millones de pesos, según informó AFIP.
Fueron 45 allanamientos, con nueve detenidos y otras diez personas con orden de captura. Esa banda había proporcionado facturas truchas a unas 3.500 empresas.
La modalidad implicaba la captación de personas de bajos recursos a quienes se las inscribía como contribuyentes para generar comprobantes de facturación apócrifos que luego eran ofrecidos a firmas que buscaban pagar menos impuestos.
Puerto Madero, Palermo, Avellaneda, Pinamar y Ezeiza se encuentran entre las ciudades donde hubo procedimientos relacionados a esa causa, cuyas ramificaciones, aseguran en Tribunales, podrían derivar en operativos en otras ciudades.
La zona núcleo agropecuaria, que incluye a San Pedro, forma parte de las investigaciones desde siempre. Un informe de AFIP reveló hace unos años que se trata de la región del país con mayor cantidad de usinas de comprobantes apócrifos por habitante.
El “uso intensivo de facturas truchas por parte del complejo exportador cerealero, que opera con proveedores de proveedores de proveedores, muchos de ellos en negro”, por lo que “demandan facturas truchas constantemente para ajustar sus balances”, forma parte de la explicación.
Por ello, nadie descarta que la megacausa abierta tras los allanamientos de fines de noviembre pueda tener consecuencias en la zona.
