Salvar a los niños sin salvarlos

En la Sede del Centro de Comercio e Industria de nuestra ciudad, convocados por el responsable de la Comunidad Terapéutica Los Naranjos, Lic. Daniel Agazzi, se reunieron los directores de entidades relacionadas con el tratamiento y contención de menores en conflicto.
Señales de Vida, Instituto Domingo F. Sarmiento, Hogar María de Gomendio, SADIV, ADISCA y SALUDAR formaron parte de la convocatoria. El objetivo, en esta oportunidad fue la implementación del Servicio Local de Protección de Derechos del Niño propuesto por el Gobierno de la Provincia. La idea es conformar una comisión de Organizaciones No Gubernamentales que trabaje conjuntamente, planteando, cada una, sus propias necesidades y problemas para luego solicitar apoyo al Municipio para culminar la gestión de la implementación de este nuevo organismo. Si bien todavía el servicio no funciona en ninguna otra localidad de la provincia, la intención sería que desde el año próximo quedara implementado en la gran mayoría de los Municipios.
Se trata nada más y nada menos, que de la controvertida “Ley Cafiero” que confiere a los menores que delinquen un status jurídico imposible de cumplir en la práctica diaria y separa de su competencia a los Juzgados de Menores.
Las ONG plantean que es imprescindible eludir la burocracia que implica trabajar con menores, ya que hoy en día todo se resuelve en San Nicolás y de este modo los Municipios se harían cargo de parte de las tareas.
De acuerdo a la nueva modalidad, los gobiernos Municipales asumirán las obligaciones estatuidas por la Ley en forma gradual y en la medida que se le asignen los recursos económicos y financieros. Algo que hoy parece más que difícil, ya que no se cuenta con la más mínima infraestructura edilicia y humana.

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El Impulsor
El encargado de impulsar esta Ley es Mario Cafiero y un grupo de asesores especializados en minoridad, que intentan apartar del área de lo judicial todo aquello que tenga que ver con la vulnerabilidad, el riesgo y la situación de conflicto que no esté directamente relacionada con lo penal. Así, pasarán a manos de estos nuevos organismos intentando que la comunidad también trabaje para resolver estos problemas. Según los autores, la implementación de estos centros agilizaría muchísimo la burocracia que hoy padecen estas instituciones y desconcentrarían las funciones del Juzgado de Menores, permitiendo una más rápida solución.

Lo que se puede
y lo que no
Los Servicios de Protección deberán disponer de programas de promoción como son los de identificación, defensa de derechos, formación y capacitación, recreativos y culturales y becas y subsidios. Tendrán también, siempre de acuerdo a lo que reza la disposición, programas de protección de asistencia técnico jurídica, localización, orientación y apoyo, socio-educativos para la ejecución de las sanciones no privativas de la libertad.
En ningún caso las medidas podrán consistir en privaciones de la libertad, los niños en conflicto con la Ley penal, al momento de ser aprehendidos, deberán ser conducidos inmediatamente ante el Agente Fiscal de turno, con notificación a su defensor, debiendo permanecer en establecimientos especiales hasta el momento de comparecer ante el funcionario judicial competente. El Agente Fiscal deberá resolver en dicho acto si solicita la detención del menor, en cuyo caso el Juez de Garantías resolverá inmediatamente.
La privación de la libertad constituye una medida que el Juez ordenará excepcionalmente. Deberá ser cumplida en establecimientos exclusivos y especializados para niños.

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¿Qué son y para qué?
La provincia de Buenos Aires a través de su Ley 13.298, que tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos de los niños, promueve la implementación de servicios locales de protección de derechos en cada Municipio. Serán unidades técnico operativas facilitando que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos, pueda acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad.
Específicamente tendrá la función de ejecutar los programas, planes, servicios y toda acción que tienda a prevenir, asistir, proteger, y restablecer los derechos del niño; recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño; propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia, guardadores y de quien tenga a su cargo su cuidado o atención.
Contarán con un equipo técnico-profesional con especialización en la temática, integrado como mínimo por un psicólogo, un abogado, un trabajador social y un médico. Además, garantizará la atención durante las 24horas.

¿Adentro o Afuera?
Las ONG presentes en la reunión tuvieron un punto clave de coincidencia: la problemática de la internación. Desde el Gobierno reciben la constante directiva de “no internar”, que los chicos realicen tratamientos ambulatorios y que los que ya están “adentro” concluyan su rehabilitación lo antes posible. ¿Cuestión de presupuesto?
Desde las diferentes entidades presentes se citaron varios ejemplos, como la imposibilidad de obligar a un niño que ha sido abusado a volver a su casa y como contrapartida no tener dónde alojarlo.
También quedó expuesta la falta de lugares físicos para internar menores con problemas de bulimia y anorexia en nuestra ciudad, todos deben ser derivados a otras localidades cuando se sabe que la contención familiar en la recuperación de esta enfermedad, es importantísima.
Y uno de las más frecuentes realidades: la imposibilidad de implementar cualquier tipo de tratamiento ambulatorio por parte de un menor con un cuadro serio de adicción, cuando no tiene un mayor responsable que asuma el rol de llevarlo y traerlo a la institución velando por su integridad y cuidado ante la problemática que padece.
Por supuesto, no estuvieron al margen los casos de niños con capacidades diferentes, tanto físicas como mentales, que no tienen contención familiar de ningún tipo, por la falta de recursos del hogar de donde provienen.
La lista de ejemplos y anécdotas es infinita. Entonces, plantear la necesidad de resolver cada caso con el respaldo de una Institución que permita sostener la necesidad de cada uno de los chicos en conflicto, desde un lugar razonable y con una actitud solidaria y de sentido común puede ser una alternativa, aunque parece difícil que con todas las experiencias vividas, esta modalidad pueda prosperar.

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Necesidades verdaderas
Luego del planteo del director de la Comunidad Terapéutica Los Naranjos y de la inminente necesidad de impulsar la implementación de estos servicios, el director del Instituto Sarmiento,preguntó: “¿es tan necesario impulsar esto? Porque una de las necesidades más importantes que tenemos es solucionar el tema de las órdenes de las internaciones de menores y desde estos centros eso no se realiza.” Los dichos del Director fueron más que oportunos ya que puso en el tapete de la reunión un conflicto que parece no tener solución y que la implementación de estos Servicios no mejoraría demasiado la calidad de atención de la problemática de los menores. Son muchos los intentos por parte del Estado, de dar solución a la cuestión actual referida a la violación de los derechos del niño que son amenazados a diario. Pero lamentablemente las propuestas de los funcionarios no parecen reflejar una atención verdadera a los reclamos de las instituciones encargadas de dar protección a los menores y sus derechos, ya que solo proponen la implementación de nuevos centros que con el tiempo se vuelven obsoletos en su accionar debido a que, a pesar de querer intentar descentralizar los fueros judiciales de menores, siempre la responsabilidad recae en ellos y las decisiones finales y comprometidas, deben esperar la burocracia histórica. Hay que dar soluciones reales y no seguir impulsando el financiamiento de centros que con el tiempo solo generan gastos en sueldos para la provincia y más alimentos para los ratones, ya que las únicas que crecen son las pilas de papeles en los archivos de los juzgados de menores.

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