Este viernes, el Gobierno de Cecilio Salazar remitió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para la adhesión municipal a la ley de emergencia en infraestructura sancionada en la Legislatura bonaerense, que habilita a la contratación directa para obras.
La adhesión local implica la autorización al Ejecutivo a "efectuar erogaciones y/o contrataciones por medio de procedimientos abreviados de contratación directa, que resulten necesarios para la adquisición de bienes o la locación de servicios y obras que resultaren necesarios para responder a la emergenia declarada y cumplir con los fines y políticas de gobierno".
Esto es a suscribir contratos sin necesidad de que haya licitaciones o que pasen por el Concejo Deliberante, como en los casos en los que hay un solo oferente y la contratación debe ser avalada por los ediles por mayoría simple y en sesión.
En el Gobierno local aseguran que esto "permitirá ahorrar mucho tiempo" para la puesta en marcha de proyectos relevantes para la ciudad, algunos de los cuales implican la transferencia de recursos provinciales destinados a obra pública en los municipios.
La Gobernadora promulgó y publicó en el Boletín Oficial la ley de emergencia en infraestructura, cuyo argumento fue "la necesidad de realizar con la mayor premura posible obras de infraestructura y servicios públicos" en el territorio bonaerense.
El Diputado por la segunda sección Andrés Quinteros, del escindido bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense, había manifestado a La Opinión su oposición al proyecto de emergencia en infraestructura, a raiz de la eliminación de procesos de control
"Nos preocupa porque la constitución es clara y específica en el control de algunos mecanismos de compra, y liberar eso significa, sin que lleguemos a la duda, por lo menos la discrecionalidad en manos del Poder Ejecutivo", señaló acerca de la ley que ahora el Gobierno local busca replicar en la ciudad.
