Ruta 1001: Farallón detiene la obra a la espera del cambio de Gobierno
La empresa comenzó ayer miércoles a retirar maquinaria que había dispuesto en el obrador ubicado en Río Tala. Quieren cambios en el pliego de concesión y se lo propondrán a la nueva adminsitración de Vialidad Nacional. En el Gobierno local no descartan una intimación judicial, ya que el contrato fue firmado con la Municipalidad. El tema es analizado en conjunto con el equipo de Salazar y hoy habría una reunión con autoridades de la compañía para acercar posiciones.
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Desde el fin de semana, vecinos comenzaron a reportar, sorprendidos que había movimientos de retiro de maquinaria en el obrador que la empresa Farallón S. A. montó en el predio del Automóvil Club de Río Tala para las tareas de repavimentación de la ruta 1001, primer tramo del contrato firmado con la Municipalidad luego de una licitación pública.
En efecto, la obra que nunca empezó sobre la calzada, quedó detenida este jueves, cuando retiraron las últimas máquinas, porque la empresa espera el cambio de gobierno porque tiene intenciones de modificar algunos puntos del pliego de concesión, lo que, de acuerdo a cómo fue el proceso licitatorio, no encajaría en los caminos administrativos.
En el Gobierno local no descartan iniciar acciones legales para obigar a la empresa a cumplir el contrato, ya que ese convendio fue firmado entre la Municipalidad y la firma, luego de una lictiación pública surgida de un acuerdo de financiación entre Vialidad Nacional y San Pedro, aprobado por el Concejo Deliberante.
Funcionarios del gabinete de Giovanettoni e integrantes del equipo de Salazar dialogaban para consensuar los pasos a seguir, teniendo en cuenta la proximidad del traspaso de mando. Este jueves habría una reunión en Buenos Aires con autoridades de la compañía.
En principio, la idea es alcanzar una salida consensuada por las vías administrativas y políticas. Vialidad provincial y nacional ya están al tanto del tema, pero el inminente cambio de funcionarios complica aún más la situación.
El Gobierno local tiene como última herramienta la intimación judicial y la rescisión del contrato, lo que obligaría a Farallón a pagar una garantía de ejecución de obra de alrededor de 1 millón de pesos, aunque esa opción implicaría más demoras, ya que habría que hacer una nueva licitación para contratar otra empresa.
