Revés para el proyecto de estatizar la Terapia Intensiva
La idea era del titular del servicio, Claudio Maroli, y del Director del Hospital Pablo Pichioni. Sin embargo, cuando la semana pasada el primero comunicó la rescisión del contrato, desde el Ejecutivo lo intimaron a continuar tal como prescribe la ordenanza de concesión. En el medio, la interna política.
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Desde principios de año, cuando empezaron a rebotar los cheques de la Municipalidad y las deudas con la tercerizada Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital, su titular Claudio Maroli advirtió que rescindiría el contrato y comenzó un proceso de diálogo con las autoridades sanitarias que derivó en la posibilidad de estatizar el servicio, creado y tercerizado por concurso durante la gestión de Julio Pángaro como Intendente y Ester Noat como titular del área de Salud y Acción Social.
El miércoles pasado, Maroli comunicó la decisión de rescindir al Ejecutivo e hizo lo propio con el Concejo Deliberante. “Se me hace insostenible el mantenimiento del servicio mencionado por falta de pago por parte del Municipio de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014, sumado al incremento del costo laboral y ajuste por inflación”, dice el texto.
Sin embargo, no todo sucedió como estaba previsto y como había charlado con el Director del Hospital Pablo Pichioni sobre el plan de estatización, que contaba con el visto bueno del Secretario de Economía Roberto Borgo.
El jueves, un dictamen de la Dirección de Asesoría Letrada que conduce José Ignacio Macchia recomendó el rechazo de la rescisión y la intimación a Maroli a cumplir las obligaciones contractuales previstas en el pliego de concesión que aprobó el Concejo Deliberante en 2012.
Un acuerdo
“de palabra”
En junio pasado, Maroli y Pichioni comenzaron a diseñar el proceso de traspaso. El plan implicaba la absorción de los empleados de Terapia Intensiva por parte del Estado local e incluía al propio titular del servicio, quien quedaría como coordinador.
En septiembre ensayaron una bomba de humo e instalaron el tema en algunos medios de comunicación que se hicieron eco de un rumor que tenía su tiempo y daban como hecho un convenio que nunca existió y nadie vio firmado. En ese momento, Maroli recorrió las radios locales para contar la idea, lo que él llamaba “el acuerdo”, pero cuya cristalización documental no apareció.
Tan es así que la nota de rescisión que elevó el médico y político baraderense dice que “el personal afectado a la unidad pasaría –verbo en potencial en el original– a depender en forma directa del Municipio, en las mismas condiciones laborales, como fue oportunamente acordado”.
Lo de “oportunamente acordado” no es más que esas conversaciones que durante el año tuvo Maroli con funcionarios que veían con buenos ojos la posibilidad de la estatización. Un poco por definición ideológica, otro porque las cuentas parecían dar mejor con ese plan, que implicaría una segura queja por parte de la oposición, ya que significaba incrementar la planta de personal.
“El traspaso llevará su tiempo, pero hay que sentarse y empezar a negociar en qué condiciones vamos a estar”, dijo Maroli a La Opinión el jueves.
“Es lo que se había pactado, que la rescisión era en diciembre. Lo que se había hablado es que iba a haber una continuidad del servicio, en las mismas condiciones, no hay variaciones”, aseguró.
“Los costos laborales y de impuestos han ido aumentando, con tres meses de deuda se hace insostenible para mi persona, entonces vimos esta posibilidad de que pasemos todos a planta permanente, que es mejor para todos”, aseguró y agregó: “Hay que ir puliendo qué régimen vamos a tener, porque la antigüedad dicen que no se puede contemplar, nosotros estamos hace 16 años”.
El dictamen
en contra
El Director de Asesoría Letrada José Ignacio Macchia redactó un dictamen en el que recomienda el rechazo a la decisión del Dr. Claudio Bosco Maroli y echó por tierra el plan “del equipo de Salud”, como llaman dentro del gabinete a uno de los sectores en pugna, que entre “Divinas” y “Populares” parece tener una “tercera vía” que busca su propia identidad en medio del caos.
“Analizando el aspecto estrictamente legal, concretamente en relación a la posibilidad de rescindir unilateralmente el mismo, se observa en forma prístina que ni el Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Generales y Particulares, ni el contrato anteriormente citado contemplan dicha posibilidad”, sostiene el dictamen de José Macchia.
El asesor letrado sostuvo allí que el contrato está vigente y que Maroli debe “continuar prestando el servicio en la forma y términos establecido en el presente expediente, siendo plenamente responsable, en caso contrario, de cualquier hecho, siniestro, acontecimiento o circunstancias dentro del servicio de Terapia Intensiva que se encuentra a su cargo, que pudiera poner en peligro la vida, la salud y la integridad física de las personas”.
El Gobierno le advirtió al médico las consecuencias que puede acarrear su decisión unilateral y le recordó que sus obligaciones para con el contrato persisten hasta diciembre del año próximo, de acuerdo a la ordenanza sancionada.
El servicio le cuesta al Estado local 193 mil pesos por mes. Allí trabajan cinco médicos y seis auxiliares, que dependen del prestador privado.
En el Gobierno habría quienes no quieren saber nada con que el médico pase a planta del Municipio y con un cargo de Jefe de área. Sobre todo por su pasado y su presente político: de concejal de la Coalición Cívica pasó a precandidato a intendente por el Pro de Mauricio Macri, con quien compartió encuentros.
“Se le debe como a cualquier otro proveedor. En la medida en que se vayan solucionando las cosas, se le pagará. Pero el servicio lo tiene que prestar, para eso se presentó a la licitación”, dijo un hombre del gabinete.
