Resisten el desembarco de Farmacity en la provincia
La cadena fue a la Corte Suprema para que revise la inconstitucionalidad de la ley que regula la actividad de las farmacias y dispone restricciones. Hay preocupación entre farmacéuticos, sobre todo en ciudades del interior como San Pedro, donde los profesionales ya están en alerta.
El Grupo Pegasus, dueño de la cadena Farmacity –una especie de “shopping” farmacéutico donde además se venden otros productos– y cuyo fundador es, entre otros, el actual vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, insistió ante la Corte Suprema nacional en su intento por desembarcar en ciudades de la provincia de Buenos Aires, para lo que planteó una declaración de inconstitucionalidad de la ley que rige la instalación de farmacias en territorio bonaerense.
El Colegio de Farmacéuticos bonaerense está en alerta ante le nueva embestida judicial de la empresa y espera reunirse con la gobernadora María Eugenia Vidal en procura de apoyo político.
Aseguran que si Farmacity logra ingresar al mercado con las condiciones que quiere imponer, pondría en riesgo la continuidad de las farmacias como se las conoce hasta hoy y, peor aún, significaría un problema para los usuarios.
En el interior es donde mayor preocupación hay y San Pedro no es ajeno. Los profesionales locales también están en alerta y siguen de cerca el tema, que llegó a la Defensoría de Pueblo bonaerense, cuyo titular, Guido Lorenzino, confirmó que el organismo se presentará ante la Justicia al asegurar que prioricen “a la gente por sobre la rentabilidad”.
Qué dice la ley
La normativa vigente establece que las farmacias son “extensión del sistema de salud” y deben estar “racionalmente distribuidas en el territorio provincial, a fin de asegurar la atención y calidad de su servicio”.
Así, hay restricciones como la habilitación de una cada 3.000 habitantes y una distancia mínima de 300 metros entre cada una, con el fin de evitar concentración y alentar la instalación en la mayor cantidad de zonas posibles.
“La ley tampoco permite las sociedades netamente comerciales, como las S. A.”, explicó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos provincial, María Isabel Reinoso. En la actualidad sólo pueden ser empresas unipersonales, Sociedades de Responsabilidad Limitada, y sin fines de lucro (mutuales).
La incertidumbre es grande, en la medida en que la Corte Suprema no tiene plazos para el tratamiento del tema, por lo que los farmacéuticos no saben a qué atenerse.
“No nos oponemos a que quiera instalarse pero que se instale bajo los parámetros que cumplimos todos, le ley está hecha para el cumplimiento de todos y no para que una empresa busque una ley a medida”, aseguró Reinoso.
Reclamos políticos y judiciales
Desde el Ejecutivo provincial, el nuevo ministro de Salud, Andrés Scars, se comprometió ante los farmacéuticos a debatir el tema con la gobernadora. Las autoridades del Colegio esperan tener una reunión con Vidal para explicarle las implicancias del reclamo de Farmacity, aunque todavía no lograron la audiencia.
Mientras tanto, la Defensoría de Pueblo recordó que la legislación vigente nació “con el apoyo de todos los sectores políticos” y es “el resultado de un profundo trabajo a conciencia sobre la importancia de las farmacias”.
Lorenzino entiende que la declaración de inconstitucionalidad atentaría contra el concepto de “bien social” de los medicamentos y abogó por priorizar la salud.
En la Legislatura bonaerense, el diputado kirchnerista Avelino Zurro se hizo eco del tema y consideró que la insistencia de la empresa –que empezó el juicio en 2012 y perdió en todas las instancias, incluida la Corte bonaerense– obedece a “un cambio en el paradigma de la administración del estado, ya que arribaron a los poderes ejecutivos nacional y provincial decenas de empresarios”.
Ni sindical ni superlocal
Con el reflejo de la realidad en Capital Federal donde las farmacias que no desaparecieron están en zonas especiales o se han visto obligadas a formar parte de otras cadenas, los farmacéuticos sampedrinos están en alerta. Aunque con distintos argumentos, hace poco más de una década resistieron el emplazamiento de una farmacia sindical y fueron cautelosos con las mutuales de varios gremios pero ahora la realidad es otra. Farmacity elige la localización de sus sucursales, contrata profesionales para asistir a los clientes de medicamentos con y sin obra social y contrata personal para la reposición en góndolas y cajeros. Toda la mercadería, desde un apósito a una faja ortopédica; desde los suplementos dietarios de venta libre a blisters con pilas, está al alcance del consumidor. El sistema que no requiere de mayores costos que los de habilitación de un local común, no impide que funcione dentro una farmacia que “podría respetar la distancia” con el resto pero que con una sola “liquida a todas las que funcionan”, dijo el titular de una antigua farmacia local cuando solicitó a este medio que se haga eco del reclamo. El profesional entiende que la cadena podría quedar habilitada incluso con la venta o cesión de una que ya esté en funcionamiento siempre que cumpla con los requisitos de espacio para las góndolas. “Ellos están de turno las 24 horas y no compiten solo con nosotros, venden hasta golosinas que compiten con los kioscos”, destacó.
Un modelo que preocupa
En el conurbano, Farmacity tiene instalados locales de la marca Simplicity, una “tienda multimarca de belleza, moda, hogar y cuidado personal”. Están ubicadas en “avenidas” importantes de las ciudades, lo que, entienden, sería replicado con las farmacias si lograran su objetivo en la Corte.
Si se sacan los parámetros de racionalidad de la ley, “van a quedar desprovistos barrios y localidades pequeñas”, sostienen desde el Colegio de Farmacéuticos. “Entre un barrio y un centro comercial capaz que hay kilómetros. Muchos de nuestros pacientes son jubilados que necesitan trasladarse en un remise. Esto tiene un impacto de bolsillo importante”, aseguró la presidenta. En la provincia de Buenos Aires hay unas 4.500 farmacias.